Los diputados del Parlament que obtengan el escaño en las elecciones autonómicas del 26 de mayo y los cargos del próximo Govern deberán presentar su declaración patrimonial y de actividades cuando tomen posesión de sus cargos ante la Oficina Anticorrupción, en lugar de hacerlo como hasta ahora en los registros del Ejecutivo y de la Cámara balear. Para ello, el director de esta Oficina, Jaume Far, ya ha presentado el modelo que deberán cumplimentar estos cargos, que incluye todos los detalles sobre sus remuneraciones, actividades privadas, depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, cuentas financieras y otros tipos e imposiciones a cuenta, entre otras cuestiones como las referencias catastrales de los bienes inmuebles dado que en ellas se encuentran los principales datos de las propiedades urbanas o rústicas.
La Ley por la que se creó la oficina Anticorrupción se aprobó en diciembre de 2016, pero hasta noviembre del pasado año el Parlament no dio luz verde al Reglamento de Funcionamiento de este organismo y hasta el pasado 20 de marzo no se aprobó la relación de puestos de trabajo, por lo que en la práctica la Oficina comenzará a funcionar de una manera efectiva a partir de ahora.
La Ley ya preveía que los registros de patrimonio y actividades de los cargos del Govern y diputados del Parlament pasarían a depender de este organismo y, de hecho, recientemente Far pidió las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de estos cargos que estaban en poder del Ejecutivo y de la Cámara balear. También pidió a los consells insulars los certificados con las informaciones que constan en sus registros de declaraciones patrimoniales.
Catorce denuncias
Hasta ahora, la Oficina Anticorrupción ha recibido 14 alertas o denuncias, tanto formales como informales. De ellas, 4 se plantearon por teléfono y no se llegaron a formalizar en denuncias, 6 fueron presentadas por particulares de las que cuatro aportaron documentación, tres fueron presentadas por funcionarios y una por partidos políticos. De ellas, una afecta al Govern, dos a los consells, cuatro a ayuntamientos y 2 a otros organismos públicos. Los contenidos van desde posibles irregularidades relacionadas con urbanismo a contratación pública, aunque Far no ha desvelado a qué se refieren en concreto.
Todas ellas se encuentran sin comprobar dado que el director de la Oficina no ha contado con personal para tramitarlas. La Relación de Puestos de Trabajo de este organismo aprobada el 20 de marzo contempla una plantilla de 24 personasplantilla de 24 personas y el pasado martes Far dictó una resolución por la que se establecen las funciones de 15 de estos puestos, que son los que prevé cubrir lo antes posible.
De ellos, siete serán de libre designación (tres inspectores, tres jefes de área y un secretario), para cuya elección Far pedirá a los funcionarios interesados que, además del currículo, presenten una memoria explicativa de lo que harían en sus puestos. A ellos, a los que el director de la Oficina podrá cesar, se sumarán el resto de las plazas por concurso.
