Tribuna

Los retos de la sanidad en baleares en la nueva legislatura

Protesta de sanitarios en Palma contra la precariedad laboral.

Protesta de sanitarios en Palma contra la precariedad laboral. / María Pedraz

Joan de Pedro

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha publicado recientemente su informe anual sobre «La privatización sanitaria de las comunidades autónomas» en el que se analiza de forma comparativa el grado de privatización de la sanidad de las diferentes comunidades: Baleares se encuentra en el grupo de cabeza de aquellas «comunidades con un mayor grado de privatización» junto con Madrid y Cataluña.

No es ninguna novedad, el actual es el noveno informe realizado desde 2014, en que Baleares ocupa un puesto destacado en el grado de privatización. Los principales indicadores que motivan esta clasificación son, que Baleares está a la cabeza en el porcentaje de gasto sanitario en seguros privados, en el número de consultas por habitante al médico especialista y al médico de cabecera privado. De hecho, la penetración del aseguramiento privado llega a cubrir a 357.094 personas casi un tercio de la población de las islas.

Y hay un segundo indicador de peso, Baleares presenta también un elevado porcentaje de presupuesto sanitario público dedicado a la contratación de centros privados, mediante pagos directos para cubrir la derivación de pacientes tanto a actividades asistenciales y no asistenciales, ocupando el tercer puesto de las comunidades en este indicador, después de las comunidades de Madrid y Cataluña.

En todos estos indicadores Baleares ha ido aumentando

de los últimos años. Y podemos preguntarnos ¿en qué nos beneficia esta situación?

Aparentemente el que los pacientes acudan a la sanidad privada debería aligerar la presión sobre la sanidad pública. Pero podemos aseverar que los indicadores de demora no hacen más que aumentar históricamente. Demostrando que la gestión sanitaria con las medidas que se han venido tomando, no ha hecho más que consolidar un modo de funcionamiento donde la sanidad pública asume todos los procesos complejos, mientras que los de baja complejidad (y alta rentabilidad) son asumidos en buena parte por los conciertos con la sanidad privada. Y lo más importante, a pesar de ello mientras los indicadores de privatización van aumentando sigue habiendo una importante demora en la atención por parte de la sanidad pública. Estas listas de espera para las pruebas diagnósticas y las vistas a especialistas, en los últimos años se han visto agravadas por la demora en los tiempos de atención en Atención Primaria (rehabilitación, pruebas diagnósticas, salud mental…) «todo un éxito en la gestión sanitaria».

Por todo ello solicitamos de los gestores responsables de la sanidad pública, después de las elecciones autonómicas de próximo 28 de mayo que:

No conviertan a la sanidad pública en una sanidad para pobres y discriminatoria

Es responsabilidad de los gestores sanitarios cumplir con el mandato constitucional y no normalizar que ese tercio de la población de Baleares que puede permitirse pagar un aseguramiento privado y acceder con menos demora a sus diagnósticos y tratamientos, no se convierta en una vulneración del principio de igualdad y equidad previsto en la constitución ante el derecho a la salud, convirtiendo el acceso a la atención sanitaria en una discriminación para la población más desfavorecida.

El pez que se muerde la cola, los conflictos de interés

Esta situación es el resultado de las políticas sanitarias llevadas a cabo por los diferentes gobiernos de nuestra comunidad, responsables de la gestión y gobernanza de la sanidad pública. Que han aplicado unas estrategias basadas en la mal entendida colaboració

privada, apostándolo todo, a una gestión donde se ha intentado resolver los problemas con un modelo de concertación, que obviamente no ha conseguido resolver las históricas listas de espera. Parecería lógico preguntarse por qué seguimos aplicando un modelo que ha demostrado históricamente su ineficacia. Y en nuestra opinión resulta claro que un modelo de gestión que nace viciado por el conflicto de intereses, jamás obtendrá el nivel de eficiencia esperado.

Así que desde la ADSPIB propugnamos, que la sanidad pública fomente la dedicación exclusiva de sus profesionales, reconociendo debidamente esta dedicación. Que se introduzcan los cambios estructurales necesarios para que la productividad de los profesionales sea la óptima. Que recuperemos la orientación de modelo sanitario basado en una atención primaria eficiente, sin tiempos de espera que aleja al modelo del más mínimo atisbo de eficacia. Y que por último en aquellos casos en los que parezca necesaria la concertación con el sector privado, esta se haga con transparencia de los motivos que la origina, delimitada en el tiempo y con un seguimiento del coste y eficiencia del concierto.

Los retos de la nueva legislatura en Baleares

En la sanidad confluyen intereses muy diversos y potentes, tanto económicos como corporativos. Estamos sobre una delgada línea con un riesgo elevado de que nuestro modelo de sanidad pública de calidad, gratuita y de acceso universal pueda deteriorarse irreversiblemente.

Solicitamos a las fuerzas políticas representantes de nuestra sociedad, que deben recobrar un modelo de gestión de la sanidad pública, con una financiación suficiente para abordar las necesidades asistenciales con las máximas cotas de calidad.

Para ello propugnamos una gestión basada en cuatro pilares fundamentales:

1.- Recuperar una Atención Primaria basada en un modelo de atención comunitaria, con una sólida base salubrista, dirigida a potenciar estilos de vida saludable. Con una atención sin demoras injustificables, basada en la correcta asignación del número de cartillas por profesional. Que sirva para romper la dinámica hospitalocentrista y la visión de una salud centrada en el medicamento.

2.- Abordar los conflictos de intereses, tanto en el ámbito de los lobbys empresariales, incluyendo los de las entidades «sin ánimo de lucro», como en los que afectan al propio personal de los servicios públicos y sus equipos directivos, que se ven involucrados en un modelo que no discrimina la dedicación y el esfuerzo y que confía buena parte de su formación a la industr

farmacéutica y tecnológica, con altos intereses comerciales en el sector.

3.- Revertir la privatización y externalización de la asistencia a los centros privados, dejando de confiar en un modelo basado en la concertación como solución a los problemas del sistema público de salud, lo cual resulta desmotivador para los profesionales con alta dedicación y lo que es peor, tiene una evidente y sobrada ineficacia histórica.

4.- Transparencia en asignación de recursos y rendición de cuentas. Cabe recordar la falta de respuesta a las peticiones reiteradas de la Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública y de la ADSP-IB, realizadas desde hace años a la Conselleria de Salut. Reclamamos que se justifique la oportunidad de todo gasto que nuestro sistema público no pueda abordar con sus propios recursos y que al tiempo se mida la eficacia de cada uno de los conciertos con las entidades privadas, para poder planificar las debidas actuaciones que convierta a la gestión de la atención sanitaria pública, en un modelo de gestión basada en la eficiencia y la transparencia.

Desde la ADSPIB entendemos que solo desde una gestión basada en la eficiencia de los recursos propios e introduciendo los necesarios cambios estructurales, se puede garantizar una atención sanitaria respetuosa con obligada igualdad del derecho a la salud para toda la ciudadania. A los gestores les corresponde la responsabilidad de la planificación para prevenir la aparición de problemas, así como la gestión d

de una forma que demuestre su costo eficiencia, no perpetuando soluciones ineficaces basadas en los conflictos de intereses y la falta de medición de sus resultados.