06 de noviembre de 2019
06.11.2019
Campaña electoral

Pensiones: Pacto de silencio de los candidatos

Los candidatos hablan de que subirán las pensiones actuales pero callan sobre los sacrificios futuros

06.11.2019 | 10:03

El 23 de septiembre, el mismo día en que se disolvieron las Cortes Generales, dos columnas de jubilados emprendieron una marcha a pie desde Bilbao y desde Cádiz camino de Madrid con el objetivo de plantarse en las puertas del Congreso de los Diputados y exigir la subida de las pensiones con el índice de precios de consumo (IPC) y una prestación mínima de 1.084 euros. Tres semanas después, el 16 de octubre, miles de pensionistas de toda España se unieron a ellos y protagonizaron una gran manifestación en Madrid en demanda de mejores pensiones para ellos y para sus hijos.

Todo hacía pensar que las pensiones se iban a colocar en el centro de los debates electorales. Pero no fue así. Y no solo, porque el conflicto independentista en Catalunya hayan atravesado la campaña electoral.

Jóvenes, ausentes en el debate

En el debate televisivo electoral del lunes, las escasas referencias al futuro de las pensiones se refirieron a lo que sí podía gustar a los más de 9 millones de votantes pensionistas. Pedro Sánchez (PSOE) habló de garantizar por ley la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC real y Pablo Iglesias (Unidas Podemos), además, de mejorarlas aún más.

Ningún candidato habló de lo que más podría gustar a los jóvenes en este debate: qué hacer para garantizar que ellos también cobren una pensión digna.

No lo hicieron Sánchez ni Iglesias. Ni mucho menos Pablo Casado (PP), que en la anterior campaña electoral, previa al 28-A, ya protagonizó algunos enredos que hicieron dudar sobre su voluntad de mantener el poder adquisitivo de las pensiones.

Tampoco profundizó en el tema Albert Rivera (Cs), cuyo programa electoral es el más superficial en materia de pensiones.

Ni Santiago Abascal (Vox). Aunque este último no suele tener reparo en decir claramente que su partido pretende acabar con el actual sistema público de pensiones para dar paso a un modelo dual con una prestación mínima garantizada y el complemento de lo que cada trabajador quiera o pueda ahorrar de forma privada

Coste electoral

Es como si, tras haber constatado un cierto consenso político sobre la actualización de las pensiones con el índice de precios de consumo (IPC), todos los partidos se hubieran puesto de acuerdo en que a ninguno de ellos les interesa seguir profundizando en el verdadero debate de fondo, que es el que afecta a la sostenibilidad futura del sistema.

Hablar de 'sostenibilidad' equivale a decantarse por subidas de impuestos y/o cotizaciones sociales para garantizar el actual nivel de las pensiones. O bien, por recortes en las prestaciones actuales y futuras. O por una mezcla de las dos fórmulas. En todo caso, un debate poco prometedor en términos electorales.

Reformas varadas

En vísperas de la cita electoral del 10-N, parece existir un pacto de silencio sobre cómo hacer sostenible el futuro de las pensiones. Pero eso no oculta la decena de líneas de reformas sobre las que sí estaban hablando y llegando a acuerdos en febrero los representantes políticos en el Pacto de Toledo, antes de que la convocatoria de las primeras elecciones generales de este año, las del 28 de abril, hiciera saltar por los aires el acuerdo.

Sobre la mesa quedó la muy peliaguda cuestión de cómo abordar el diseño de un factor de sosteniblidad que debería servir para ajustar de forma automática la cuantía de la pensión a la mayor esperanza de vida. Obedece al principio de que si se va a vivir más años, la pensión debe ser algo menor. El PP introdujo el factor en su reforma del 2013 pero aún antes de haberlo concretado se optó por aplazar su aplicación al 2023. El debate sigue pendiente.

También quedó varada la llamada «separación de fuentes», para sacar de la Seguridad Social partidas de gasto que no tienen carácter contributivo --como las bonificaciones a los contratos o, para algunos, los gastos de funcionamiento del sistema— pero que agujerean el sistema.

O la búsqueda de mayores ingresos mediante la elevación del tope máximo de cotización (que deja exento todo el salario que excede de 4.070 euros al mes). El dilema era si, en paralelo, también debería subir la pensión máxima ( de 2.659,41 euros).

Del Pacto de Toledo al pacto de silencio


La creación de nuevos impuestos (como la 'tasa Google') para financiar las pensiones, o alargar la actual edad efectiva de jubilación (62,7 años) para acercarla a la legal (que debe situarse en los 67 años en en el 2027), también se quedó en el tintero.

En España la pensión media se sitúa sobre el 49,5% del salario medio (tasa de sustitución) frente al 42,1% de la OCDE. Para corregir esta mayor «generosidad» de la que hablan los expertos, el Pacto de Toledo discutía alargar alargar a 35 años o a toda la vida laboral el actual periodo de 25 años que sirve para calcular la cuantía de cada pensión

Y también se buscaba algún modelo de ahorro privado complementario más eficaz que los actuales planes de pensiones, cuestionados por el propio Banco de España.

Se hablaba de todo esto en Pacto de Toledo, pero ahora el pacto es de silencio.

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