Protección de los derechos de los animales como seres sintientes o de los toreros y cazadores como agentes ecoculturales. Los programas de los principales partidos de ámbito estatal incluyen propuestas curiosas, divergentes entre las izquierdas y las derechas, reflejo de la evolución sociológica y la atención informativa de sus potenciales votantes ante el 28 de abril, con novedosos asuntos ambientales y tecnológicos o enquistadas cuestiones territoriales y religiosas. Unos compromisos tan dúctiles como la plastilina.
Damnificados por el fin del bipartidismo, socialistas y populares todavía se mantienen como las primeras opciones para presidir el Gobierno, pero también incluyen puntos llamativos en sus programas. Entre las medidas incluidas en “un nuevo contrato social, un nuevo pacto entre el capital, el trabajo y el planeta (un Green New Deal), que nos permita hacer frente a la necesaria transición ecológica”, el PSOE propone “un plan para la recogida de basura en el mar, efectuando un seguimiento de la llegada de residuos, especialmente de plásticos”. Además, “el bienestar animal constituye una preocupación creciente de la ciudadanía hacia todos los seres vivos en cuanto ‘seres sintientes’, que merece ser regulado en una norma legal de ámbito estatal”, continúa el documento socialista, en coincidencia con una ley propuesta por Unidas Podemos (rebajas fiscales en productos y servicios para las mascotas, tipificación del delito de maltrato de especies salvajes, más penas por abandono o eliminación de ayudas a la tauromaquia).
Voto adolescente
Con el cambio climático como preocupación generacional, precisamente, el PSOE promete debatir en el Congreso el derecho de sufragio activo y pasivo a los jóvenes de 16 y 17 años, de nuevo, en simultáneo con el programa de la coalición morada, que cita como argumento para adelantar la edad de los votantes las movilizaciones feministas.
En pleno auge igualitario, los socialistas anuncian “una figura jurídica que permita sancionar penalmente a quienes contribuyeran o se beneficiaran de la prostitución ajena” y, sobre todo, multas a los consumidores. Y, además de desactivar la tasa rosa para evitar el encarecimiento de la versión femenina de cualquier producto, garantizan “la financiación pública de las operaciones de reasignación de género”.
Ante la fragmentación de la derecha y el conflicto en Cataluña, el PP contraataca con “una ley de símbolos nacionales que defienda la convivencia y la neutralidad institucional”, con sanciones para olvidos institucionales de la bandera rojigualda y el retrato real, y otra iniciativa “para garantizar el correcto cumplimiento del requisito de prestación de juramento o promesa de la Constitución por parte de todos los cargos electos y autoridades públicas, prohibiendo cualquier variación o añadido que desnaturalice o vacíe de contenido dicho acto de acatamiento”.
Rota, sede de la VI Flota
También “impulsaremos una estrategia de seguridad contra el vandalismo urbano” y, de paso, “reforzaremos el delito de usurpación de viviendas pasando de multa a pena de privación de libertad de uno a tres años y se modificará el Código Penal para la lucha contra las mafias de la ocupación” en sintonía con la ley contra la okupación de Ciudadanos (juicios rápidos y recuperación inmediata) y contraste con la intención de Unidas Podemos de prohibir desalojos sin alternativa habitacional.
Sin embargo, la propuesta más sorprendente del PP no solo se refiere a España sino que también atañe a Estados Unidos: “Promoveremos las iniciativas diplomáticas necesarias para hacer de Rota la sede de la VI Flota”. Eso sí, nada comparable al “muro infranqueable en Ceuta y Melilla”, estilo Donald Trump, programado por Vox, que también promete “intensidad y determinación en las acciones diplomáticas para la devolución de Gibraltar”.
Y sin abandonar territorios extrafronterizos nacionales, mencionan a Venezuela tanto el PP (“dictadura”) como Ciudadanos (“tiranía”) para plantear un programa de asistencia a su reconstrucción y el estatuto de protección temporal a los refugiados, respectivamente. Más cerca, Unidas Podemos subraya “España, con la libre determinación del pueblo saharaui”, para apoyar la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre recursos naturales, el mantenimiento de la misión de Naciones Unidas y la celebración de un referéndum en los territorios ocupados por Marruecos.
470 millones de árboles
Desde la coalición de izquierdas, de vuelta al suelo patrio, proponen “recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia” y eliminar la exención del IBI concedida a la institución católica.
También prometen las siglas moradas despenalizar el cannabis y, junto a Ciudadanos, legalizar su uso terapéutico, aunque apenas coincidan sus programas. Tan preocupados por la unidad territorial como en el PP y Vox, la formación naranja incluirá una asignatura troncal sobre la Constitución española para poner “fin al adoctrinamiento nacionalista en las escuelas” y, además, “un plan de apoyo a la difusión de la historia española para incrementar el conocimiento del papel de España a través de los siglos”.
Por si acaso, también suprimirá la posibilidad de anexión de Navarra por el País Vasco y prohibir tanto los indultos a políticos condenados por rebelión, sedición y corrupción como el desempeño de cargos públicos a los imputados en el último delito, para el que aprobará una ley de protección del denunciante de corrupción. Bastante sombra promete Ciudadanos con “un ambicioso plan nacional de reforestación con el objetivo de plantar 10 árboles por cada español al final de la legislatura”, es decir, 470 millones de ejemplares en cuatro años.
