El sector constructor tiene una gran relevancia para el desarrollo de un país y es un pilar básico de cualquier economía por dos razones. La primera, por su efecto en la actividad económica de forma directa e indirecta en otros sectores de actividad. La segunda, por su repercusión en la competitividad, cohesión y calidad de vida de los ciudadanos.

En España, el sector de la construcción creció fuertemente y ejerció un papel relevante en la larga fase de expansión económica iniciada a mediados de los noventa que finalizó con el estallido de la crisis financiera en el año 2007.Desde el año 2010 la economía española se ha visto forzada a un urgente y profundo proceso de consolidación fiscal que, en gran parte, se ha hecho con cargo a la inversión pública en infraestructuras. No olvidemos que el 48% del ajuste del gasto público se ha realizado mediante la reducción de la inversión pública en infraestructuras, según indica un informe de Seopan. A ello se unen los compromisos asumidos con la Unión Europea y plasmados en los sucesivos Programas de Estabilidad.Adicionalmente, en los últimos años no se han podido poner en marcha grandes proyectos de inversión en infraestructuras, ni mediante ejecución presupuestaria directa ni tampoco vía acuerdos de colaboración público-privada, por, entre otros aspectos, restricciones presupuestarias, inestabilidad política y aspectos regulatorios como son los mecanismos de distribución de riesgos o la limitación de las tasas de rentabilidad de los proyectos concesionales, por citar dos ejemplos. Casos que lo ilustran son el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012 - 2024, y el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), entre otros. Con todo ello, la inversión pública en infraestructuras está en niveles mínimos históricos representando en los años 2017 y 2018 un 2,0% y 2,2% del PIB, respectivamente, según indica también Seopan.

En la actualidad, los niveles de inversión suponen la estabilización y crecimiento moderados del mercado español de construcción, la producción actual del sector se encuentra aún lejos de los niveles alcanzados previamente a la crisis económica. Las perspectivas para el presente 2019 y siguientes años no son nada halagüeñas, pues la inversión en infraestructuras se encuentra condicionada por los compromisos fiscales asumidos por España con la Unión Europea y las necesidades crecientes de gasto social en pensiones y sanidad a medio y largo plazo derivadas del envejecimiento de la población española. Si bien es cierto que el elevado nivel de inversiones anterior a la crisis financiera de 2007 situó a nuestro país con un "stock" de infraestructuras de transporte de alta capacidad (carreteras, aeropuertos, vías de alta velocidad) en un nivel comparable con países de nuestro entorno, se sigue necesitando la ejecución de infraestructuras públicas prioritarias con un elevado impacto social y económico que en muchos casos no disponen de financiación vía presupuestos del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales. Estas infraestructuras son las relativas al ciclo integral del agua, al tratamiento de residuos, movilidad y accesibilidad urbana e interurbana, equipamientos públicos (educación, salud o justicia) o, incluso, del ámbito portuario o ferroviario.

Ante la escasez de recursos de la Administración, unida a la existencia de una elevada liquidez en los mercados de capitales en un contexto de bajos tipos de interés, la iniciativa privada ha de jugar un papel preponderante. Se hace necesario abordar un debate profundo e integral acerca del modelo futuro de financiación del desarrollo y conservación de nuevas infraestructuras. Este debate debe abordar, entre otros aspectos, la implementación de mecanismos de pago por uso/tarificación (mecanismos que están implantados en la mayor parte de los países de la UE), el adecuado reparto de riesgos entre la parte pública y la parte privada, la adecuación de las tasas de retorno de los proyectos, la creación de instrumentos adecuados de planificación y supervisión,€ en definitiva la creación de un marco adecuado para capitalizar la liquidez del mercado y encauzarla hacia el desarrollo económico y al aumento de la competitividad que sin duda generan las infraestructuras.