La ciberseguridad es el conjunto de técnicas usadas para proteger la integridad de los sistemas, programas y datos de los ataques, daños y accesos no autorizados. Es un mercado en fuerte crecimiento y se espera que llegue a alcanzar los 170 mil millones de dólares en 2020 según Forbes. Desafortunadamente los ciberataques crecen en número a un coste cada vez menor poniendo en jaque los sistemas informáticos de gobiernos y empresas con el riesgo de lograr acceder a activos tan sensibles como información confidencial de la ciudadanía, información política, militar o de infraestructuras clave para un país -puertos, aeropuertos, hospitales, etc...-.

Podríamos resumir en tres los tipos de ciberamenzas más importantes: El ciberterrorismo donde los grupos terroristas usan la tecnología de la información para expandir intensamente su ideología. La ciberguerra patrocinada por naciones que quieren ciberatacar a otras naciones y que ha llevado a que a los tradicionales cuerpos de tierra, mar, aire y espacio hayan añadido también el dominio ciber. Por último el ciberespionaje que obtiene información confidencial para ganar una ventaja económica, política o militar. El caso de la supuesta implicación de Rusia desde el ciberespacio en las elecciones que dieron la victoria a Trump entraría dentro de esta última categoría.

Después del desastroso año 2017 para la ciberseguridad en que cerca de la mitad de los ciudadanos americanos vieron amenazada su datos personales -ciberataques WannaCry y Equifax- y con los profesionales de la informática manifestando que el pasado año supuso un paso atrás en ciberseguridad, la concienciación para 2018 es máxima y ha pasado a ser una de las principales prioridades de la mayoría de consejos de administración de las empresas y de los gobernantes. Tienen en mente que el coste económico medio de cada ataque en 2017 fue de 5 millones de dólares llegando en algunos casos a cantidades muy superiores como por ejemplo el ataque a la multinacional de contenedores Maersk ciberatacada en junio del 2017 y por la que sufrió perdida directas superiores a los 300 millones de dólares, amén del coste indirecto reputacional. Del reciente problema que ha sufrido Telefónica en España aún no tenemos datos del coste económico pero su reputación ya se está viendo afectada.

En definitiva, después de este annus horribilis, los recursos de las empresas y gobiernos a la ciberseguridad deben aumentar con fuerza, el foco en la prevención debe ser prioritaria y sobretodo la tradicional actitud reactiva a los ciberatques debe dar paso a un actitud proactiva e incansable si esperamos que el 2018 mejore la situación.