La semana pasada, el Congreso de los Diputados aprobó Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, conocida popularmente como la Ley de Startups, y cuya entrada en vigor está prevista en enero de 2023 tras su paso por el Senado.
Casi un año después de la aprobación del proyecto de ley, las bases de la misma siguen similares, aunque intenta adaptarse a las críticas que recibió. Por ejemplo, se considerarán startups a aquellas empresas con carácter innovador en sus primeros 5 años de vida, algo que certificará Enisa. En el caso de empresas de deep tech o biotecnología, como sus negocios necesitan más margen de tiempo por el tipo de innovación, el plazo se extiende hasta los 7 años.
Otro de los requisitos para ser considerado startup es que el volumen de negocio no supere los 10 millones de euros.
Y si bien será Enisa la certificadora de quién es o no startup, esa competencia se podrá acordar con organismos públicos y privados autonómicos. Además, si Enisa o el organismo competente no se pronuncia en un plazo de 3 meses, el silencio administrativo se considerará positivo. Es decir, se entenderá que la empresa solicitante es una startup.
Los requisitos que tendrá en cuenta Enisa para otorgar esa certificación serán: el grado de innovación, la escalabilidad, la necesidad de contratar personal de alta cualificación o el grado de innovación tecnológica, entre otros.
Los llamados "emprendedores en serie", emprendedores que tras un éxito en el que vendieron su empresa vuelven a montar una nueva, podrán beneficiarse de los beneficios de la ley hasta en 4 ocasiones si los socios fundadores son los mismos. Si los socios son diferentes, no hay límite.
La nueva ley también busca proteger a quienes invierten en startups. En ese sentido, los llamados Business Angels podrán disfrutar de una exención en sus primeras inversiones de hasta 100.000 euros, y a partir de esa cantidad podrán acogerse a una deducción del 50%.
También hay novedades en relación con las stock options, un mecanismo que permite a la empresa incluir dentro de la remuneración de un empleado opciones para adquirir acciones de la empresa durante un periodo de tiempo y a un precio inferior a mercado. Dichas stock options solo tributarán en el momento de la venta, como rendimientos del capital, y a la hora de la compra lo harán como rendimientos del trabajo. Además, disfrutarán también de exenciones hasta los 50.000 euros y partir de esa cantidad gozarán de una bonificación en su tributación del 50%.
La nueva ley de startups también busca favorecer la captación y retención de talento, para lo que crea una visa con trámites burocráticos mínimos y que otorga el permiso de trabajo de un año para los llamados "nómadas digitales", profesionales que normalmente teletrabajan y escojen España como destino para su actividad.
Y esos son solo algunos de las novedades que la ley, otras a destacar pueden ser: los emprendedores que desarrollan sus proyectos mientras continúan trabajando por cuenta ajena dispondrán de una exención en los 3 primeros años de su cuota de autónomos; se creará un portal público web sobre el ecosistema startup; se aprobarán distintos modelos de estatutos tipo que puedan ayudar a las startups que se quieran constituir en sociedad; e incluso se prevé la creación del Foro Nacional de Empresas Emergentes, un organismo público pensado por y para startups.
En definitiva, un cambio legislativo que debería contribuir a impulsar la generación de empresas españolas en industrias punteras.
