Casi por estas mismas fechas hablábamos el año pasado sobre cómo Europa quería regular la inteligencia artificial. En ese sentido, la Comisión Europea presentó su primera propuesta de regulación sobre el uso de inteligencia artificial con el objetivo de garantizar que los europeos puedan confiar en lo que la inteligencia artificial ofrece y cómo se gestionarán sus derechos fundamentales cuando un software implemente este tipo de avance.

Esa norma aún sigue su curso, pero mientras tanto, nos ha llegado la primera ley en España que, aunque sea indirectamente, regula la inteligencia artificial.

Se trata del artículo 23 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que diseña por primera vez en España para las administraciones públicas (aunque también empresas) las líneas maestras de la regulación de la inteligencia artificial.

Otras normas nacionales habían hecho referencia a la materia y en especial a los algoritmos, ese conjunto de reglas que calculan cómo alcanzar una solución a un problema concreto. Por ejemplo, qué fotos mostrarnos primero en Instagram o cómo distribuir los pedidos que van llegando a Glovo a los diferentes repartidores.

Esas normas eran, por ejemplo, el Real Decreto 688/2021, sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social o la Ley 12/2021 para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales (la famosa Ley Rider).

Esta nueva norma sí entra más en detalle que las anteriores, aunque todavía a gran escala.

Si bien todavía no establece un concepto de inteligencia artificial ni se remite a ningún otro texto, sí dice que cuando las administraciones utilicen algoritmos para tomar decisiones, deberán favorecer que los mismos estén dotadas de unos mecanismos (no indicados), que tengan en cuenta criterios de: minimización de sesgos, transparencia y rendición de cuentas.

Todo ello siempre que sea factible técnicamente. Además, estos mecanismos deberán incluir también el diseño de los algoritmos, los datos de entrenamiento utilizados por el sistema y cuál es su potencial impacto discriminatorio.

Dice también la ley que las administraciones públicas priorizarán la transparencia en el diseño, la implementación y la capacidad de interpretación de las decisiones adoptadas por los algoritmos.

Las administraciones públicas, junto a las empresas, promoverán el uso de una inteligencia artificial ética, confiable y respetuosa con los derechos fundamentales.

Finalmente, se indica que se promoverá un sello de calidad de los algoritmos.

Esta primera regulación sobre la materia debe unirse al sandbox regulatorio (un espacio de prueba legal) que el gobierno español y Bruselas presentaron a finales de junio. El objetivo del sandbox es acercar a las autoridades competentes a las empresas que desarrollan inteligencia artificial para definir las mejores prácticas que guiarán la implementación del futuro reglamento europeo sobre la materia.

El sandbox regulatorio es una forma de conectar a los innovadores y a los reguladores para proporcionar un entorno controlado que permita cooperar de forma segura pero flexible.

Las pruebas comenzarán a partir de octubre de 2022 y los resultados se publicarán durante la presidencia española del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023. Además, se compartirán con el resto de estados miembros para la futura aplicación del reglamento europeo.

En resumen, aunque sea lentamente, el Derecho comienza a cercarse a la inteligencia artificial y fijar sus primeras pautas.