Dedico este artículo a los más de 20.000 menores que no tienen, por su edad, voz ni voto en una cuestión en la que son los únicos protagonistas esenciales. Me refiero a todos esos pequeños deportistas que, con lluvia o calor, de noche o de día se calzan las botas y, con renuncia a toda suerte de comodidades, dedican gran parte de su tiempo libre a entrenar y competir con todas sus ganas, capacidades y carencias en un juego tan exigente como lo es el fútbol.

Con mi más absoluta repulsa a cualesquiera tipos de conducta incívica que puedan producirse en un centro deportivo y de forma inequívoca a cualquier acto de violencia física o verbal, en nombre propio y creo que también en el de toda la familia balompédica traslado a todo el Colegio Arbitral nuestra más sincera y unánime solidaridad por los lamentables hechos recientemente acaecidos.

No obstante, considero oportuno recordar a los mandatarios federativos que la Huelga como derecho constitucional (art. 28 de la Constitución) tiene unos requisitos legales para su correcto ejercicio y que, como es evidente, en la normativa de desarrollo se establece para su lícito ejercicio unas formalidades mínimas, entre las que se encuentran los denominados “Actos Previos” y que prevén con carácter general un plazo de preaviso de mínimo cinco días para el correcto ejercicio del derecho a la huelga, algo que es obvio no se ha producido en esta triste ocasión.

Por otra parte, basta revisar el Reglamento General de la FFIB y, en especial, su Título III “de Régimen Económico Financiero” (art. 15) para vislumbrar que cualesquiera derechos económicos derivados de la competición pertenecen de forma exclusiva y excluyente a la propia federación y, por el contra, los epígrafes 2,3 y 4 del citado artículo 15 establecen cargas económicas por afiliación a los clubes y por ende a sus jugadores. Bajo mi personal perspectiva, considero que cuando son los clubes quienes sustentan, aunque sea parcialmente los presupuestos federativos, estos como legítimos representantes de los deportistas deberían tener cabida en cualquier decisión que afecte a los derechos de sus jugadores y, en especial, el derecho a jugar y competir.

Es evidente que por razones de seguridad y salud pública los pequeños futbolistas llevan más de dos años sufriendo toda suerte de cortocircuitos en su desarrollo deportivo. También lo es que una o dos generaciones han sufrido un colapso tan duro que probablemente sea definitivo para sus carreras y, hoy en día, todos los equipos siguen sufriendo suspensiones o están obligados a realizar auténticos malabarismos para completar sus alineaciones con el fin de cumplir con el reglamento de competición. Bajo estas circunstancias, ¿realmente era necesario incluir a los menores y a horas vista de sus respectivos partidos en una medida tan excepcional como es una nueva interrupción de su gran ilusión que no es otra que disfrutar jugando como los niños que son?

Con mi más absoluto reconocimiento por el esfuerzo que realiza la gran familia del fútbol base por el sano y correcto desarrollo y evolución de nuestros menores, recalcando toda nuestra solidaridad y respeto por todos los estamentos federativos y, en especial, el de los árbitros, sólo me resta desear que este escrito sirva para realizar un ejercicio global y colectivo de reflexión y proyección de lo que todos deseamos sea un deporte sano y ejemplar en todos sus posibles aspectos y manifestaciones.

Lo que suscribo como reconocimiento a los miles de niños que, contra viento y marea, siguen manteniendo intacta su ilusión por jugar a este noble deporte llamado fútbol.