Todo lobby o grupo de presión tiene como finalidad única promover el desarrollo efectivo de lo que entiende como sus “legítimos” intereses. Esta promoción de intereses particulares y siempre parciales se desarrolla habitualmente mediante dos mecanismos de acción opuestos: la simple y transparente promoción de los valores benefactores de su ideario y/o actividad o bien la más controvertida y arriesgada vía de contraponer el plusvalor de un concepto y/o actividad sobre otro, resultando siempre el propio como el mejor de los posibles y por tanto el único virtualmente asumible. 

Este ejercicio de autopromoción y en otros casos de exclusión está aceptado y reconocido. Técnicamente se denomina “loobismo” y su meta esencial es crear tendencia a través de medios de presión comúnmente aceptados, aunque no por ello siempre éticos. Es precisamente en los periodos de contracción y recesión económica cuando los grupos de influencia encuentran su auténtico caldo de cultivo y despliegan todos sus mecanismos de presión con la mayor intensidad posible. 

Según lo anterior no es de extrañar que la actual y obligada parálisis económica haya reactivado los ánimos y esfuerzos de la gran mayoría de “influencers”, en todos los ámbitos y en toda la geografía occidental. Es su gran momento y también su modus operandi. La cuestión es saber a quién presionan y también porqué y para quién lo hacen.

De todas las preguntas anteriores sólo existen dos respuestas ciertas y seguras. Los grupos de presión aplican su metodología sobre la Autoridad Pública. El primer y último objetivo del loobismo es interferir y en lo posible dirigir las resoluciones y decisiones de los poderes públicos. ¿ Por qué ? Evidentemente para su propio beneficio, sea este directo o indirecto. ¿ Para quién ? Esa será siempre la cuestión sin respuesta.

Acostumbrada ya a este tipo de acciones, en esta ocasión la Comisión Europea ha decidido anticiparse a toda suerte de reivindicaciones lobistas y ha promulgado una severa hoja de ruta para la reactivación y resiliencia económica de la zona euro, con tres grandes pilares: lucha contra la emergencia climática y ayudas a los procesos de digitalización, el proyecto Horizonte de apoyo a la investigación e innovación y el Proyecto EU4Health.

Conscientes de lo que hay en juego, la Comisión Europea y los Estados miembros han lanzado un ambicioso proyecto para paliar la cada vez más evidente emergencia climática y sus catastróficas consecuencias tanto para la sociedad como para la biodiversidad europeas. Así es, el 30% de los fondos europeos van, directa y estrechamente, vinculados a este objetivo esencial para la resiliencia y recuperación de nuestro modelo socioeconómico. Es lo que se conoce como “ la Europa de emisiones Cero” basada en un sistema eléctrico 100% renovable.

El proceso de electrificación de la economía comunitaria persigue dos grandes y loables fines: mitigar la dependencia energética exterior basada en combustibles fósiles y reducir la contaminación atmosférica como mecanismo de defensa contra la amenaza de cambio climático y también como instrumento de garantía para la evolutiva construcción de un hábitat realmente saludable. Es lo que conocemos como Desarrollo Sostenible.

Sin lugar a dudas, nos encontramos en pleno proceso histórico de transformación social impulsado por medidas adoptadas en cascada y con una clara finalidad de asegurar la capilaridad de sus efectos, en todos los ámbitos y en todas las regiones de la UE.

Nuestras islas, al igual que otras igualmente ubicadas en el corazón del Mediterráneo, presentan los mayores indicadores de máximo riesgo frente a la crisis climática y la dependencia energética. Por estas causas están recibiendo el apoyo institucional de Bruselas para nuestra obligada transformación en islas EMISIONES CERO lo que posibilitará convertirnos en islas energéticamente eco-soberanas, mediante la progresiva integración de las energías renovables, un objetivo al que estamos socialmente obligados y para cuyo alcance real aún nos queda lamentablemente mucho esfuerzo colectivo. 

En cualquier caso, simultáneamente con la inyección económica programada, la Comisión y los Estados miembros están ultimando lo que se denomina como la Reforma Fiscal Verde que no es otra cosa que la aplicación directa y personal de impuestos por contaminación, en especial por las emisiones. En este sentido la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos está a punto de decretar la tipología de empresas que estarán obligadas a calcular y publicar su propia “huella de carbono”. De ahí la radical importancia para nuestras islas de realizar un ímprobo esfuerzo en la rápida integración de las energías renovables, especialmente de la solar fotovoltaica, en nuestro sistema eléctrico a fin de evitar la pérdida de competitividad de nuestro tejido productivo.

En este sentido se hace urgente que toda la sociedad balear apoye sin excepciones la colaboración público-privada necesaria para la implantación de nuevas instalaciones solares en nuestro territorio, no en vano nuestra propia Ley de Cambio Climático y transición energética establece el objetivo para el año 2030 de alcanzar una penetración de energía renovable del 35% y a fecha de hoy – mediado el 2021- apenas hemos alcanzado, en puridad técnico-jurídica, aproximadamente el 4% . 

Si bien es lícita la actuación de loobies y otros grupos de presión habituales, existen cuestiones que por su radical importancia para nuestro futuro y el de nuestros hijos deberían quedar absolutamente excluidas de cualquier tipo de ejercicio de presión institucional. Contar con un sistema eléctrico 100% renovable, sin duda es una de esas trascendentales cuestiones.

Seamos responsables por la Next Generation.