Suele decirse que los errores se pagan. En el caso de los directivos, esto es muchas veces literal y puede costar cientos de miles de euros a la empresa para la que trabajan e, incluso, puede suponer un alto coste económico para sus propios bolsillos. Según datos de la aseguradora Hiscox, el mayor importe por gastos de defensa en un siniestro de su póliza Hiscox D&O (administradores y directivos, por sus siglas en inglés) alcanzó los 215.000 euros.

Estas coberturas están referidas a gastos de representación legal y defensa, gastos de crisis y restitución de la imagen, actos incorrectos en materia de empleo o reclamaciones por contaminación medioambiental. Incurrir en una de estas faltas puede poner en compromiso la integridad de las empresas por paralización de su actividad comercial, pero también de los propios directivos, ya que las indemnizaciones y costes legales en muchos casos deben ser satisfechas con su propio patrimonio personal. 

La siniestralidad de D&O ha aumentado en todos los segmentos, aunque especialmente en las grandes empresas. Y desde Hiscox prevén que vaya a más, ya que a finales de año finaliza la moratoria concursal del Gobierno: “A nadie se le escapa que se avecina una oleada de concursos de acreedores que traerán consigo por ejemplo gastos en defensa”. En cuanto a la contratación, desde Hiscox resaltan que desde marzo han visto aumentar su cartera en términos de nuevo negocio en más de un 40% comparado con 2020. 

La transformación a la que se está viendo sometida la sociedad en los últimos meses ha derivado en nuevos retos para las empresas y sus directivos, entre los que destacan igualdad e inclusión, sostenibilidad y situaciones financieras complejas.

"Hay que cumplir con las obligaciones en materia de prevención de riesgos y velar por el bienestar físico y mental de los trabajadores. Asimismo, el directivo debe centrarse en implantar políticas de diversidad e inclusión que garanticen la integridad de todos los trabajadores a la vez que debe luchar por la equidad salarial entre todos aquellos que ostenten el mismo cargo", afirman fuentes de la aseguradora. 

Los principales errores

En este contexto, la compañía aseguradora pone de relieve que a lo largo del año pasado la cobertura más utilizada de las pólizas de D&O fue la relacionada con los gastos de defensa, aunque añaden que también tuvieron "mucho protagonismo" las decisiones negligentes tomadas por parte de administradores y equipos directivos a la hora de poner en marcha estrategias para dar continuidad al negocio. 

Con respecto a las pymes, destacan que están acogiendo bien el producto ya que, según asegura la compañía, el riesgo es el mismo independientemente del tamaño y tipo de empresas, ya sean pequeñas, familiares o grandes corporaciones, y sociedades limitadas, anónimas, agrupaciones de interés económico, etc. 

  • Problemas en las inversiones: de acuerdo con Hiscox, en España se han dado casos de gerentes de promotoras inmobiliarias que tras una mala decisión de inversión han generado grandes pérdidas a la sociedad, viéndose obligados a pagar hasta 300.000 euros de indemnización, costes de defensa aparte.

De la misma manera, puede darse el caso de que una decisión tomada por un directivo o administrador sin consultar, como compra de maquinaria para mercados sin demanda, lleve también a reclamaciones, con las consiguientes indemnizaciones y costes legales.

  • Acoso y discriminación: una demanda por un supuesto acoso laboral, del tipo que sea, puede conllevar procesos judiciales y pago de daños morales en concepto de indemnización en caso de que se determine que tal acoso no ha existido. En algunos casos ha llegado a alcanzar los 54.000 euros, detalla la aseguradora.
  • Mala gestión de declaración de concurso de acreedores: las declaraciones de concursos de acreedores siempre incluyen situaciones delicadas que deben ser llevadas acorde a la ley. Hiscox explica que una mala gestión puede desembocar, por ejemplo, en la demanda de los empleados a los gerentes, responsabilizándoles de la situación y la pérdida de sus puestos de trabajo, con el consecuente juicio y gastos en la defensa. Esta situación ha llegado a alcanzar en algunos casos los 150.000 euros.
  • Delito ecológico: la sostenibilidad es un factor que cada vez tienen más en cuenta tanto las empresas como los consumidores. Infringir las leyes medioambientales puede acarrear demandas, tanto de particulares como de instituciones públicas, con costosos procesos judiciales de más de 70.000 euros.