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En concreto

Rumores, dudas, incertidumbres

La reformas estructurales planteadas conviven con la incertidumbre sobre la duración y los apoyos de esta legislatura

Cuando el Gobierno de la Nación dice -entre los dos mil folios remitidos el pasado viernes a Bruselas con el Plan de Recuperación, las Reformas Estructurales exigidas y la revisión del Plan de Estabilidad- que la reforma fiscal encargada a un grupo de expertos y donde se adelantan importantes cambios tributarios y una indudable (y necesaria) subida de la presión fiscal para acortar los 7 puntos que nos separan de la media europea, estará aprobada en el primer trimestre de 2023, la duda que surge de forma inmediata es si el actual Gobierno seguirá al mando del Estado en esa fecha. Porque los rumores de que habrá un adelanto electoral en 2022 son muy fuertes y creíbles.

Pocos dudan de que lo ocurrido en las elecciones madrileñas del pasado 4M marcará un antes y un después en el panorama político del país. Tanto por la contundente victoria del PP (que hace olvidar sus malos resultados en Cataluña), como por el tipo de campaña ('trumpista') realizado y, también, por la salida de Iglesias de la política, aunque parece que no del espacio público donde, según rumores, pretende instalarse con un buen contrato privado. De repente, todo ha entrado en estado de provisionalidad y lo que hace unos días parecía seguro ahora se pone en cuarentena, ante las dudas que suscitan los rumores de que entramos en una transición que forzará al Gobierno a introducir cambios en sus políticas e, incluso, en su propia composición y alianzas.

Mientras tanto, la recuperación económica se pospone a los avances en el proceso de vacunación y a las nuevas restricciones de movilidad que las diferentes autonomías adopten, ya sin estado de alarma, y en función de la evolución de la pandemia en sus territorios. La confusión a que ello puede dar lugar es un riesgo que el Gobierno ha ignorado y que podemos pagar caro con un repunte significativo de los contagios.

Hemos evitado, por los pelos, caer en una nueva recesión técnica en el cambio de año al acumularse un crecimiento negativo en el primer trimestre, con una tasa de cero en el último del año pasado. Esa evidencia es la que ha llevado al Gobierno a revisar dos asuntos fundamentales del Plan de Estabilidad: el crecimiento previsto para este año, a la baja y el déficit público al alza, todo ello en unos cuadros macroeconómicos que nos sitúan en 2024 con un magro 2,1% de crecimiento cuando todavía se prevé un paro de casi el 13%.

Motores de la recuperación

La pregunta ahora es: suponiendo una favorable evolución del proceso de vacunación y aceptando que se cumplen los objetivos establecidos por el Gobierno de un 70% de la población inmunizada (con las dos dosis, cuando sea necesario) a finales del mes de agosto (recordemos que la UE ha establecido este porcentaje, pero a mediados de julio), ¿Cuáles serán los motores de la recuperación?

Parece evidente que tendremos algo más de turismo que el desplome que se produjo el verano pasado. Sobre todo, si se articulan "corredores sanitarios" europeos con pasaporte de vacunación o/y de certificación de no tener el virus, en la línea de lo que se está experimentando ya.

Seguramente la construcción se moverá algo más, de la mano de los anunciados planes de rehabilitación y de construcción de viviendas para alquiler, aunque seguiremos con el agujero de la compra, incluso para jóvenes, que ha estado fuera de las políticas públicas a pesar de las evidencias que insisten en que no ayudar a la compra, castiga a los jóvenes con menores rentas familiares.

De la misma forma, conforme se vayan superando las restricciones a los movimientos, el consumo privado regresará a las tasas previas a la pandemia, aprovechando el exceso de ahorro acumulado por aquellas familias cuyos ingresos no se han visto disminuidos por la pandemia.

El sector público ha sido quien ha sostenido la actividad y el empleo en los últimos meses. El consumo público ha subido cuando el privado cae, el empleo público crece, a la vez que el privado, sobre todo el de las pymes, se reduce como consecuencia de la pandemia y las transferencias del Estado son lo único que mantiene las rentas de muchas familias. Pero ahí se ha tocado techo. Aunque el Estado prorrogue sus ayudas y sus políticas, no es previsible que pueda incrementarlas y, menos, en un escenario de reducción del déficit como el apuntado en el Plan de Estabilidad.

La principal contribución pública a la reactivación económica se canalizará a través de la inversión financiada por la UE dentro de los Fondos Next Generation. Con tres matices: se están produciendo más retrasos en su aprobación definitiva por la UE de lo inicialmente previsto; todavía subsisten muchas dudas sobre la implementación de los mismos a través de las nuevas fórmulas público-privadas o de los tradicionales contratos públicos, sobre todo ante proyectos que afecten a varias administraciones y, en tercer lugar, la incertidumbre sobre si los 27.000 millones de euros previstos este año, así como lo que corresponda en años sucesivos, será adicional a la inversión pública que el conjunto de las administraciones viene realizando históricamente o, como se rumorea, sustituirá a la misma, en todo o en parte, en cuyo caso el impacto macro de dicha inversión será mucho menor del anunciado. Todo ello, sin mencionar un posible adelanto electoral que, como mínimo, garantiza una paralización en los procedimientos administrativos.

La previsión del Gobierno sobre la reducción del déficit público adelanta una caída desde el 8,4% de este año, a un 3,2% en 2024. Es muy difícil que dicha reducción se produzca, solo o principalmente, como consecuencia de un ciclo económico más favorable. Será imprescindible adoptar nuevas medidas sobre los ingresos (al alza) y sobre los gastos (recortes). Muchas de estas medidas están previstas en el documento de Reformas estructurales que Bruselas exige a cambio de las ayudas en forma de fondos Next Generation.

Por ejemplo, la revisión de 15 beneficios fiscales (que no se detallan), el publicitado “peaje” a las carreteras, la introducción de nuevos impuestos verdes y digitales o el ruido organizado en torno a la deducción conjunta en IRPF que ha pasado, en días, de estar, a ser una sugerencia, o un “un detalle técnico” o, finalmente, una “errata”, como ha dicho la Vicepresidenta económica.

Todo ello plantea la evidencia de que será imposible sacar adelante estas reformas estructurales, incluso aquellas sensatas que se han venido acumulando en los cajones de los distintos ministerios desde hace veinte años, sin amplios acuerdos políticos entorno a un Plan de Recuperación de país, negociado con la oposición. Esta sería la única garantía de que procesos de reforma que pueden llevar más de una legislatura, se puedan implementar, si son buenos para el país. Nada de esto se ha hecho. Ni siquiera se ha intentado.

Con la mitad de reuniones parlamentarias de las que el Gobierno reconoce que ha tenido con la Comisión, hubiera sido suficiente para conocer las posturas de todos los partidos. Si añadimos a ese cóctel el cambio que representará el 4M y la incertidumbre sobre la duración y los apoyos de esta legislatura, el panorama está cargado de incertidumbres. Salvo, esperemos, en el proceso de vacunación.

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