Los fondos europeos concluyen con más de 25.000 millones de euros pendientes de solicitar

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España llega este lunes, 31 de agosto, al final de su periodo de ejecución, aunque el Gobierno dispondrá hasta el 30 de septiembre para solicitar formalmente los últimos desembolsos europeos.

Hasta ahora, España ha recibido unos 78.000 millones de euros en seis pagos, el 76,5% de los 102.000 millones asignados, tras acreditar el cumplimiento de 338 hitos y objetivos.

Queda pendiente el séptimo y último desembolso de los fondos 'Next Generation EU', que deberá solicitarse antes de que termine septiembre. Estará ligado a la evaluación de 148 hitos y objetivos y permitirá acceder a 21.462 millones en transferencias y 4.400 millones en préstamos.

Con este último pago, España superará los 100.000 millones recibidos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia antes de que acabe 2026. Tres hitos vinculados al sexto desembolso serán reformulados mediante una adenda técnica antes de incorporarse a la última solicitud.

Dos de cada tres euros, para transición verde y digital

Según el Gobierno, dos de cada tres euros del Plan se han destinado a la transición ecológica y digital. El número de beneficiarios alcanza los 1,5 millones, de los que el 68% son pymes y microempresas.

Entre las principales actuaciones, 921.962 pymes y autónomos han recibido ayudas del Kit Digital en el 90% de los municipios españoles; 23.429 se han beneficiado del Kit Consulting y 54.676 de las garantías financieras de CERSA.

El Ejecutivo destaca también la creación de 400.000 nuevas plazas de Formación Profesional, más de una cuarta parte en ámbitos digitales. Además, atribuye a la Ley Crea y Crece un aumento del 50% en el ritmo de creación bruta de empresas, hasta unas 13.000 al mes, y sostiene que la Ley de Startups ha multiplicado por 2,3 el ecosistema innovador.

Una respuesta a la crisis del Covid

El Plan nació como respuesta al fuerte impacto económico de la pandemia. El PIB español cayó más de un 10% en 2020, en parte por el peso de sectores especialmente afectados por las restricciones, como el turismo.

En julio de ese año, el Consejo Europeo acordó la puesta en marcha de 'Next Generation EU', inicialmente dotado con 750.000 millones de euros, para financiar la recuperación y modernización de las economías europeas mediante transferencias y préstamos.

España contó inicialmente con unos 160.000 millones para 2021-2026, repartidos aproximadamente a partes iguales entre transferencias y créditos. Sin embargo, el Gobierno ha reducido los préstamos que prevé utilizar hasta unos 21.500 millones, alrededor del 25% de los disponibles, al poder financiarse en los mercados a costes inferiores.

Las estimaciones iniciales situaban el impacto del Plan por encima del 2% del PIB durante sus años de vigencia y, de cara a 2030, el impulso acumulado podría alcanzar hasta tres puntos de PIB.

Según la plataforma pública 'Elisa', hasta el 30 de junio se habían convocado más de 95.000 millones, asignado cerca de 80.000 millones y resuelto más de 70.000 millones.

Reformas y PERTE

El Plan incorporó también reformas estructurales en transición verde, digitalización, cohesión social y territorial e igualdad. Entre las más controvertidas figuran la reforma laboral y la de pensiones.

A ello se suma el despliegue de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), destinados a impulsar la colaboración público-privada y modernizar sectores estratégicos.

'España Crece' tomará el relevo

Con la finalización de los fondos europeos, el fondo soberano 'España Crece' está llamado a dar continuidad al esfuerzo inversor, con el objetivo de movilizar hasta 120.000 millones de euros en vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructuras, agua, saneamiento y seguridad.

El fondo contará con una base de 10.500 millones procedentes del Plan y será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que coinvertirá con el sector privado mediante préstamos, avales e instrumentos de capital.

El Gobierno calcula que esta dotación permitirá movilizar unos 60.000 millones de forma directa y que, sumando la participación de entidades financieras e inversores privados, el volumen total podría alcanzar los 120.000 millones.

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