La factura de la luz incluirá un recargo de 29,6 millones de euros para pagar a las eléctricas por reponer el sistema tras el apagón

Nuevo cargo en la factura de la luz. Los consumidores de electricidad asumirán un 'extra' de 29,6 millones de euros en su recibo anual para pagar a las compañías por reponer el sistema tras el apagón del 28 de abril. Así se desprende de una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que no revela cuándo se comenzará a repercutir el cargo extra, aunque establece como límite el 1 de enero de 2027.

Los días 28 y 29 de abril del año pasado el mercado eléctrico no funcionó debido al cero eléctrico que dejó sin luz durante toda una jornada a la Península Ibérica. Esto significa que no se produjo ningún intercambio de ofertas de compraventa de energía, sino que las empresas de generación se limitaron a seguir las instrucciones de Red Eléctrica para restablecer el sistema cuanto antes. El problema es que al no haber mercado, no había tampoco una referencia de precio para pagar a las compañías por su producción durante esos días críticos.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), en su faceta de organismo regulador, tuvo que diseñar entonces una fórmula para determinar el precio de la luz durante ese periodo. La metodología no incluye "ninguna sobrecarga más allá del precio del gas natural de Mibgas (mercado ibérico de gas) y el coste del CO₂", según explicó en marzo la entonces presidenta, Cani Fernández, en una intervención en el Congreso de los Diputados.

La CNMC calcula un coste de 38,7 millones de euros por los costes totales de volver a encender la luz en España. De esa cantidad, 33,1 millones corresponden al coste directo de la generación que participó de forma activa en la reconstrucción del sistema, que fueron básicamente ciclos combinados de gas y centrales hidráulicas. Los otros 5,6 millones de euros se destinan a financiar los intercambios internacionales de apoyo eléctrico prestados desde la frontera con Francia que no fueron cubiertos.

El pago se distribuirá entre toda la demanda futura, desde las grandes industrias hasta los pequeños consumidores, de forma proporcional a su consumo a lo largo de un periodo de doce meses para "evitar impactos puntuales significativos". El regulador rechazó la posibilidad de cargar el sobrecoste sobre quienes realmente usaron el suministro esos días porque se hubiera penalizado "sin justificación a la demanda que recuperó antes el servicio", según argumenta.

Y aunque el coste total asciende a 38,7 millones de euros totales, a esa cifra hay que descontarle 9,1 millones de euros que fueron liquidados de manera preliminar a las instalaciones generadoras, por lo que el importe neto pendiente de pagar para los usuarios asciende a 29,6 millones de euros. Según estimaciones de la CNMC, cada consumidor pagará en torno a 12 céntimos por megavatio-hora (16 céntimos por megavatio-hora si se calcula sobre el coste total bruto) durante todo el año. En un cálculo grueso, esto supondría entre 36 céntimos y 54 céntimos para un hogar de cuatro miembros con un consumo anual de entre 3.000 a 4.500 kilovatios-hora (kWh).

Todavía no se sabe la fecha en la que comenzará a producirse el recargo, pero Red Eléctrica, en su condición de operador del sistema, deberá publicar el coste mensual de liquidación y el calendario detallado con al menos dos meses de antelación.

¿Por qué no a Presupuestos?

Se trata de un coste extraordinario bajo para cualquier recibo de la luz, pero también supone un cargo más a añadir al cajón de sastre en el que se ha convertido la factura eléctrica desde hace muchos años ya, en la que el precio de la electricidad convive con los impuestos, pero también con otros muchos conceptos como la deuda acumulada por el déficit de tarifa generado hasta 2013, las primas a las renovables, el sobrecoste por el suministro en los territorios extrapeninsulares o las pérdidas de energía en la red.

De hecho, en el trámite de audiencia previa, que contó con alegaciones de hasta 16 entidades, entre las que se incluían patronales eléctricas, asociaciones de consumidores y comercializadoras de luz, la mayoría de empresas solicitó que el sobrecoste derivado de la reposición del suministro fuera asumido con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o a través de los cargos del sistema eléctrico al considerar que el origen de la interrupción fue ajeno a la responsabilidad de los consumidores finales. La CNMC alegó que carece de competencias para ambos, de forma que la financiación planteada era "la única opción viable dentro de su ámbito de actuación".

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