«No se trata sólo de limitar coches, sino de gobernar el territorio»

El economista Antoni Riera, comisario del Foro Económico y Social del Mediterráneo, presentó en el Club Diario de Mallorca las conclusiones del Consejo de Balears, que se ha reunido en diferentes sesiones de trabajo celebradas en Palma y Ibiza, y defendió que el debate sobre movilidad en las islas ha entrado en una nueva fase:

«Lo que hoy está en juego no es solo una cuestión de tráfico o número de vehículos, sino de cómo preservar la funcionalidad de las islas», afirmó Riera. Sostuvo que este reto obliga a equilibrar simultáneamente cinco grandes objetivos: ordenar los flujos de movilidad, proteger la capacidad funcional del territorio, preservar la calidad de vida de los residentes, mantener la competitividad económica y turística y evitar la pérdida de atractivo que, según señaló, sustenta buena parte de la prosperidad de Balears.

La saturación, explicó, se percibe cada día en las carreteras congestionadas, en los espacios naturales tensionados, en el aumento de los tiempos de desplazamiento y en la competencia entre movilidad residencial, turística y logística. Sin embargo, Riera advirtió de que sería un error reducir el problema únicamente a sus síntomas más visibles. Lo que existe, afirmó, es una «superposición creciente de movilidades» operando simultáneamente sobre unas infraestructuras limitadas. «Estamos ante un fenómeno estructural y, si el problema es estructural, las respuestas también deben serlo», subrayó.

Formentera fue, a su juicio, el primer gran laboratorio normativo con la Ley 7/2019, que introdujo mecanismos pioneros de regulación de acceso durante la temporada alta y dejó una conclusión clara: la movilidad no puede gestionarse únicamente desde la lógica de la demanda porque existen límites físicos, ambientales y funcionales que deben ser gobernados. Ibiza amplió posteriormente ese debate a una escala más compleja y ahora corresponde a Balears, según Riera, extrapolar esas experiencias a una realidad territorial mucho más diversa.

El economista presentó cinco grandes líneas de actuación: reforzar el transporte público mejorando frecuencias e intermodalidad; optimizar las infraestructuras resolviendo cuellos de botella; trabajar con datos precisos, condición que consideró imprescindible para una gestión eficiente; asumir que cada isla requiere herramientas específicas — «no es lo mismo Formentera que Mallorca, ni Palma que Manacor», precisó—; y combinar regulación, incentivos económicos y tecnología de monitorización continua.

De los tres escenarios analizados —sin limitaciones estructurales, con regulación moderada y con regulación más intensa—, Riera apostó de forma clara por el modelo intermedio: una regulación adaptativa que, en su opinión, permite equilibrar sostenibilidad, competitividad económica y equidad territorial. «No se trata de bloquear la movilidad, se trata de gobernarla mejor», resumió antes de fijar las cinco condiciones que considera imprescindibles para que ese modelo funcione: gobernanza basada en datos, coordinación institucional, legitimidad social, implementación gradual y seguridad jurídica, con reglas comprensibles, estables y proporcionales.