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Mercado inmobiliario

Consumo expedienta a una inmobiliaria por imponer cláusulas abusivas a los inquilinos

Las multas, según el Ministerio que dirige Bustinduy, podrían acarrear un importe de unos 4 millones de euros

El ministro de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

El ministro de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. / Europa Press

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Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

Madrid

El Ministerio de Consumo, el órgano dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha vuelto a cargar contra las agencias inmobiliarias que usan malas prácticas contra sus inquilinos. La Dirección General de Consumo ha abierto un expediente contra una de las grandes inmobiliarias del país —responsable por miles de viviendas en España—, aunque no ha dado su nombre ni ha concretado más detalles. El departamento ha abierto el expediente este jueves tras identificar cuatro posibles infracciones en una investigación inicial. Cada una de estas infracciones podría ser considerada como una cláusula abusiva y acarrear multas de hasta un millón de euros por cada una, o entre 6 y 8 veces el beneficio ilícito; es decir, unos 4 millones de euros.

Por un lado, la investigación del Gobierno halló prácticas como la imposición de un seguro de impago al inquilino y la inclusión de una cláusula que da por negociado individualmente un contrato de adhesión. La tercera infracción investigada se refiere a penalizaciones excesivas por retrasos en la entrega de la vivienda. La última conclusión de la investigación de Consumo es que la inmobiliaria abusó de cláusulas que cargan al arrendatario gastos y sanciones injustificadas relacionados con los suministros y el cambio de titularidad de estos servicios.

Sanción firme de 3,6 millones a Alquiler Seguro

En los últimos años, Consumo ha intensificado la batalla contra agencias inmobiliarias que incumplen con la la Ley 2/2023 de Vivienda, normativa que prohíbe repercutir al inquilino los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. Estas prácticas podrían conllevar sanciones de hasta 100.000 euros bajo la Ley de Defensa de los Consumidores.

Este último paso del Ministerio que dirige Pablo Bustinduy se produce un mes después de que la dirección ratificara en abril una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por presuntas prácticas abusivas contra sus inquilinos.

Consumo abrió el expediente investigador contra Alquiler Seguro en octubre de 2024 tras hallar tres supuestas prácticas abusivas contra sus clientes. Entre ellos, obligar al pago de una comisión por la gestión de la transacción; la firma de contratos temporales, y prácticas que van en contra de la normativa española.

Alquiler Seguro promete recurrir la sanción

En paralelo, Alquiler Seguro ya anunció hace unas semanas que recurrirá la sanción impuesta por Consumo, al considerar que las acusaciones son "falsas" y responden a una interpretación "parcial y sesgada" de la normativa. La compañía defendió además que los servicios adicionales cuestionados por el Ministerio, como el seguro de atención al inquilino, son de carácter voluntario y denunció el "daño reputacional" derivado del conflicto abierto con el departamento que dirige Bustinduy.

"Este servicio es completamente voluntario", insistió la empresa en una rueda de prensa posterior a la ratificación. "Como prueba el hecho de que hay más de 250 arrendatarios que no lo han suscrito y que residen en inmuebles gestionados por la empresa".

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