El Gobierno acelera su lucha contra las eléctricas ‘piratas’ y echa a 30 compañías del mercado de la luz en sólo dos meses

El Gobierno intensifica la batalla contra las compañías eléctricas con operaciones irregulares o sin ninguna actividad. El Ministerio para la Transición Ecológica acelera la criba del registro de comercializadoras de luz y ha ordenado en las últimas semanas la inhabilitación de decenas de eléctricas ‘fantasma’ (sin ningún cliente) y de compañías ‘piratas’ (que incumplen las obligaciones de garantías económicas u operativas).

La gran purga ejecutada ha supuesto la expulsión de casi 40 compañías en lo que va de año (prácticamente las mismas que en todo el año pasado), pero con una clara intensificación en las últimas semanas. Solo en los dos últimos meses el Ministerio comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen ha aprobado la inhabilitación de 30 compañías, según los datos oficiales a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La gran mayoría de los expedientes se han resuelto sin tener que traspasar clientes a otras compañías, por la falta de actividad real por parte de la eléctrica expulsada. Pero en una decena de casos la suspensión es porque las compañías incumplían las obligaciones de comprar suficiente energía para garantizar el suministro de sus clientes, por no pagar los gastos del sistema eléctrico que les correspondía o por no disponer de las garantías económicas preceptivas.

Más de 540 comercializadoras

España es, con diferencia, el país europeo con mayor número de comercializadores eléctricos, como consecuencia de que no se exige una licencia administrativa previa y no se establecen barreras de entrada al negocio como sucede en otros mercados de la UE. En el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ahora mismo figuran como dadas de alta 544 compañías. Pero no todas las empresas están realmente operativas. El último informe de la CNMC sobre los mercados energéticos minoristas apuntaba que hace algo más de un año había solo 416 comercializadoras realmente activas. Se consideran compañías activas las que tienen al menos un cliente y que compran energía para cubrir su suministro.

El Gobierno aprovechó el real decreto que actualizaba el reglamento de suministro y comercialización de la electricidad para endurecer algunas normas contra las eléctricas que no cumplen todas las obligaciones o que directamente no tienen actividad alguna. Hasta entonces era motivo de inhabilitación de compañías la inactividad total de las empresas durante el plazo de un año, pero ahora se ha reducido ese plazo a solo seis meses.

Las comercializadoras deben realizar compras de energía en el mercado eléctrico antes de que se cumplan seis meses desde su inscripción en el registro oficial del sector y también están obligadas a ejercer la actividad de comercialización de manera continua sin interrumpir la adquisición de electricidad en el mercado mayorista por un plazo superior a esos seis meses.

Evitar trucos para sortear la expulsión

La normativa vigente desde hace años ya contemplaba la adopción de medidas para evitar que las eléctricas ‘pirata’ traten de perpetuar su actividad después de ser inhabilitadas, normalmente a través de otras compañías con otro nombre pero con los mismos socios. Pero con los últimos cambios normativos, el Gobierno ha impuesto que algunas de esas medidas pasen a activarse ya de manera cautelar también mientras está en estudio el expediente de inhabilitación.

Durante el tiempo en que esté en marcha el procedimiento para estudiar la inhabilitación de una comercializadora el Ministerio podrá adoptar medias provisionales para impedir el traspaso de clientes a cualquier otra empresa del mismo grupo o a empresas vinculadas (ya sea por tener el mismo administrador o las que tengan socios que sean familiares o afinidad de administrador), para evitar que las empresas distribuidoras sigan tramitando nuevas altas de consumidores de la compañía bajo sospecha, y para prohibir que la energética expedientada acceda a la información sobre los puntos de suministro o de cambios de comercializadora de las bases de datos de la CNMC.

Rastreo de la CNMC

El Gobierno también aprovechó ese real decreto sectorial para ordenar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) hacer un rastreo masivo del negocio de la comercialización de luz en busca de incumplimientos por parte de empresas, centrándose especialmente en las compañías de nueva creación.

El organismo está elaborando un ‘macroinforme’ sobre prácticas irregulares en el sector, con un análisis exhaustivo de la existencia y evolución de estas prácticas ilícitas tanto por parte de compañías que en la práctica no tienen actividad o por empresas que incumplen otras obligaciones. Y Competencia también debe hacer propuestas de nuevas reformas legales necesarias para combatir los comportamientos ilícitos que identifique.

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