LA RESACA DEL GRAN APAGÓN
Red Eléctrica defiende mantener la ‘operación reforzada’ un año después del apagón pese a su coste: “Estamos pagando por tener seguridad absoluta”
Corredor no pone fecha para levantar el escudo especial de protección porque no se fía de que el resto de energéticas cumplan sus obligaciones para dar estabilidad a la red y esperará a la aplicación de todas las reformas legales

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor. / efe

Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico, puso en marcha justo después del gran apagón mecanismos especiales para evitar el riesgo de que se repitiera. Unas medidas que se siguen aplicando más de un año después del histórico ‘cero eléctrico’ y para las que no hay fecha concreta para dejar utilizarlas. Beatriz Corredor, presidenta de Redeia (la matriz de REE), defiende mantener ese modo de ‘operación reforzada’ del sistema porque no se fía de que todas las plantas eléctricas cumplen sus obligaciones para dar seguridad y hasta que las reformas legales aprobadas para dar más estabilidad no estén plenamente implementadas.
“Que todos los operadores cumplen sus obligaciones ya no es uno de los parámetros de operación del sistema eléctrico”, ha sentenciado Corredor en un encuentro informativo en el Ateneo de Madrid, en el que ha vuelto ha señalar estos incumplimientos por parte de las eléctricas como causa del apagón (por una oscilación desatada en una gran planta fotovoltaica, porque las centrales convencionales de gas, nucleares e hidroeléctricas no actuaron para controlar la tensión ese día, y porque varias plantas solares se desconectaron antes de alcanzar el máximo de tensión permitido). “Si todos hubieran cumplido, no habría sucedido el apagón. Si todos los implicados cumplen sus obligaciones, el sistema estará protegido”, ha apuntado.
Las medidas especiales para evitar otro apagón tienen un sobrecoste que pagan todos los consumidores en la factura eléctrica. El escudo para dar más estabilidad al funcionamiento del sistema implica frenar un poco el uso de las energías renovables y hacer mayor utilización de las centrales de gas. El uso intensivo del gas, que se hace recurriendo de manera recurrente a los servicios complementarios de ajuste del sistema, conlleva un coste extra en el precio final de la electricidad y a la postre también en el recibo de luz de millones de hogares. “Estamos pagando por tener seguridad absoluta del suministro”, ha zanjado la presidenta de Red Eléctrica.
El coste que está teniendo esta suerte de escudo ‘antiapagón’ también ha sido motivo de choque entre el gestor del sistema y las grandes eléctricas. Mientras que REE cifra el sobrecoste en 666 millones en el tiempo transcurrido entre el apagón y finales del pasado marzo, un informe encargado por las eléctricas lo elevaban hasta los 1.100 millones. Corredor ha criticado la contabilización hecha desde las energéticas, y ha enarbolado el respaldo al cálculo de REE que hizo la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en el Congreso de los Diputados. Esos 666 millones de euros representan un 2,12% de todos los costes del sistema eléctrico y, según subraya REE, supone un coste de 4 céntimos al día para un consumidor medio con una tarifa de luz regulada (PVPC).
Sin provisiones pese al expediente "muy grave"
Red Eléctrica se ha mantenido firme durante todo este año en su estrategia de defensa en torno al gran apagón e insiste en negar ninguna responsabilidad en el origen del colapso de hace un año porque siempre cumplió la normativa. Y el grupo mantiene sin cambios su decisión de no hacer provisiones en sus cuentas para atender eventuales sanciones o indemnizaciones por reclamaciones, a pesar de que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) le ha abierto a la compañía un expediente sancionador por una presunta infracción muy grave en el marco de las investigaciones tras el apagón.
El supervisor ha detectado indicios suficientes de incumplimientos de las obligaciones de REE como operador del sistema el día del apagón y ha decidido abrir una investigación exhaustiva para determinarlo. En el caso de las infracciones muy graves la sanción dineraria puede situarse entre los 6 y los 60 millones de euros. Corredor ha defendido que los auditores de Redeia han dado aval a la decisión de no hacer provisiones para cubrir posibles sanciones o indemnizaciones a los afectados por el apagón (sobre las que ha rechazado detallar cuántas reclamaciones le ha llegado al grupo por vía judicial y por qué importes).
En paralelo, Corredor ha subrayado que "llama la atención" que la CNMC diera la orden de instruir el expediente sancionador contra Red Eléctrica justo una semana antes de que se conociera el informe sobre el apagón de los expertos europeos (el pasado 20 de marzo) que, según la presidenta del gestor eléctrico, exonera por completo a la compañía como responsable del apagón al no detectarse ningún incumplimiento de la normativa por su parte.
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