Foro Económico y Social del Mediterráneo
Gobernar la movilidad sin romper el sistema en las islas
Administraciones, empresas y expertos coinciden en intervenir sobre la presión, pero divergen en cómo hacerlo sin generar rechazo social ni afectar al modelo económico
Foto de familia de los participantes en la tercera mesa del Foro Mediterráneo / Toni Escobar
La movilidad en las islas ha dejado de ser un problema sectorial para convertirse en el síntoma más visible de un sistema que ha superado sus límites. La tercera mesa del Foro del Mediterráneo, celebrada en Ibiza bajo la moderación del economista Antoni Riera, partía de una premisa compartida: no hacer nada ya no es una opción. Sin embargo, intervenir sin criterio puede generar efectos tan problemáticos como la inacción.
No se trataba de reiterar diagnósticos ni de confrontar soluciones aisladas, sino de identificar combinaciones viables. El problema, recordó Riera, no es coyuntural. Es estructural, con picos de saturación en determinados momentos, pero sostenido en el tiempo por la superposición de movilidades: residentes, trabajadores y turistas operando simultáneamente sobre una red que funciona al límite de su capacidad de carga.
Joana María Petrus, Roberto Algaba, Giuseppe Vulpis, Rafael Cardona, Manuel Sendino, Joan Carles Palerm, Marta Pons y Cati Barceló / .
Desde el ámbito académico, la profesora de Geografía de la UIB Joana María Petrus situó el núcleo del problema al señalar que «la movilidad no puede analizarse únicamente en términos de volumen, sino como un sistema complejo de relaciones». No se trata de cuánta gente hay, sino de qué hace y cómo se mueve. La congestión, en este sentido, no es una anomalía puntual, sino la consecuencia lógica de un modelo económico basado en el desplazamiento constante. «Limitar accesos sin intervenir sobre la movilidad cotidiana de los residentes difícilmente resolverá el problema de fondo», advirtió.
El director insular de Transportes del Consell de Ibiza, Roberto Algaba, defendió la necesidad de una regulación flexible, moderada y dinámica, capaz de adaptarse a la realidad específica de cada territorio. «No tiene sentido —apuntó— aplicar las mismas restricciones a toda la isla sin tener en cuenta las diferencias entre zonas». La clave, subrayó, es «pasar de percepciones a datos: identificar con precisión dónde, cuándo y por qué se producen los desplazamientos para intervenir de forma proporcional».
La experiencia de Formentera introdujo un matiz relevante sobre los límites operativos de la regulación. El director insular de Movilidad y Medio Ambiente del Consell de Formentera, Giuseppe Vulpis, defendió su utilidad, pero advirtió de la falta de coordinación entre territorios. «Sin un sistema común de datos y control, cada isla acaba funcionando de forma autónoma, lo que genera distorsiones y reduce la eficacia de las medidas». En este sentido, planteó la necesidad de «avanzar hacia una normativa compartida, basada en criterios homogéneos y herramientas tecnológicas que permitan una gestión integrada en tiempo real».
Desde el sector empresarial, el delegado en Ibiza de Trasmapi y representante de la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas (APEAM), Rafael Cardona, coincidió en la necesidad de intervenir, pero subrayó la importancia de «hacerlo con cautela». «El modelo turístico ha evolucionado y los datos disponibles no siempre reflejan con precisión la realidad actual. Los sistemas de cupos pueden resultar engañosos si no incorporan variables como los trabajadores temporales o la movilidad residencial», explicó. «Una regulación mal diseñada no solo falla en términos técnicos, sino que puede generar rechazo social y afectar negativamente a la actividad económica», concluyó.
El gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF), Manuel Sendino, defendió la libertad de movimiento como principio de partida y advirtió de que «prohibir es la vía más sencilla, pero no necesariamente la más eficaz». Reconoció que en determinados contextos «puede ser necesario establecer límites», pero insistió en que «mientras no se aborde la movilidad del residente, cualquier medida seguirá siendo parcial e insuficiente».
El presidente del GEN-GOB, Joan Carles Palerm, planteó que «el debate no debe centrarse en limitar vehículos, sino en garantizar el desplazamiento de las personas». Afirmó que «la regulación no puede ser la herramienta principal, sino un instrumento más dentro de una estrategia más amplia que incluya el refuerzo del transporte público, la reorganización de horarios y un replanteamiento del modelo territorial».
En esa misma línea, la gerente del Instituto Balear de la Energía (IBE), Marta Pons, aportó una alternativa basada en incentivos. A partir de su experiencia en el ámbito del vehículo eléctrico, defendió «la utilización de estrategias de precio de carga para redistribuir los flujos de movilidad. No se trata únicamente de prohibir, sino de generar condiciones que favorezcan comportamientos más eficientes». La movilidad, en este sentido, también puede gestionarse desde la lógica del coste y la oportunidad.
Desde el Govern, la directora general de Economía y Estadística, Cati Barceló, reforzó el papel central de la información en cualquier estrategia de intervención. «Sin datos compartidos no se puede gobernar», señaló, subrayando la necesidad de desarrollar sistemas interoperables y metodologías comunes entre administraciones. «La regulación —insistió— debe apoyarse en información fiable y actualizada que permita tomar decisiones proporcionales y defendibles desde el punto de vista técnico y social».
El cierre del debate dejó un escenario definido, aunque no exento de tensiones. La mayoría coincidió en un punto intermedio para abordar el colapso de la movilidad: regulación moderada, gestión de flujos, refuerzo del transporte público y uso intensivo de datos. Sin embargo, las diferencias emergen al concretar las medidas. La cuestión no es tanto si hay que intervenir, sino quién asume los costes, qué límites se establecen y hasta dónde puede llegar la intervención sin comprometer el equilibrio del sistema socioeconómico.
La movilidad ha dejado de ser un problema aislado para convertirse en el reflejo de un modelo territorial sometido a una presión creciente. Intervenir es inevitable. La dificultad no reside en decidir si actuar, sino en hacerlo con la precisión suficiente para corregir los desequilibrios sin generar otros nuevos. Ese es el verdadero desafío que enfrentan las islas.
El Foro abre las conclusiones del proceso
El Foro Económico y Social del Mediterráneo cerrará su edición en Balears con un acto abierto al público el 18 de mayo a las 18 horas en el Club Diario de Mallorca, donde se presentarán las conclusiones del ciclo desarrollado en Ibiza y Palma.
El economista Antoni Riera expondrá el documento de síntesis, que recogerá los consensos alcanzados y las líneas de actuación en torno a la movilidad y la gestión de la presión humana.
El programa incluirá una mesa con los presidentes de los consells insulares y un segundo debate con representantes de la administración, el sector empresarial, el ámbito académico y la sociedad civil.
