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CC apremia a que se resuelva la adquisición de Armas por Baleària

Valido alerta en el Congreso de que la situación del transporte por mar en las Islas es «crítica» y cuestiona la demora de la CNMC para autorizar la operación

La diputada de CC, Cristina Valido, en su intervención en el Congreso.

La diputada de CC, Cristina Valido, en su intervención en el Congreso. / LP / DLP

Irene Mederos

Irene Mederos

Las Palmas de Gran Canaria

Los barcos y fast-ferries en Canarias son lo que las autopistas en la Península. El peso de este servicio –indispensable para la cohesión territorial, el progreso económico y el bienestar de los ciudadanos– explica la preocupación que existe ante la falta de culminación del proceso por el que Armas Trasmediterránea pasará a manos de Baleària. La última palabra la tiene la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que desde que se notificó la absorción, hace ya seis meses, no ha emitido una resolución definitiva. Este último paso permitiría restablecer la normalidad en los servicios y la libre competencia del sector. Ante esta demora la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, ha tachado la situación de «crítica» en su intervención en el Congreso.

La idea de una integración fue recibida con buenos ojos por el empresariado canario, que la considera como una solución para sacar a flote una compañía en deterioro. Armas Transmediterránea entró en una grave crisis financiera a raíz de la pandemia en 2020, que prácticamente paralizó la movilidad entre las Islas.

Esto provocó el abandono de líneas, la venta de buques –y su consecuente reducción de flota de 27 a solo 11 unidades–, así como averías recurrentes. Es por ello que Valido afirmó: «No estamos ante una autorización administrativa rutinaria, sino ante un problema grave de una infraestructura esencial a la que no se puede aplicar la lentitud propia de la burocracia que justifica su lentitud en pretextos de transparencia».

La diputada recalcó que la incertidumbre afecta a 1.500 empleados y al transporte de seis millones de ciudadanos al año

La propuesta supone, según la naviera, sumar «la gestión de quince ferris» e incorporar «al grupo 1.500 empleados», es decir, casi la totalidad de la plantilla que hoy conforma Armas Trasmediterránea. En este contexto, la diputada recalcó que la incertidumbre afecta y preocupa a 1.500 empleados y sus representantes sindicales, a las asociaciones empresariales a las instituciones públicas (Gobierno y Cabildos) y, sobre todo, a «los millones de ciudadanos que viven y visitan Canarias o que utilizan a diario este transporte marítimo».

En total se ve afectado el tráfico de casi seis millones de pasajeros al año, además del suministros de mercancías a todas las Islas y de las exportaciones de plátano y productos hortofrutícolas a la Península. Valido insistió en que el retraso pone en peligro el rescate de un «servicio esencial del que depende la supervivencia económica de las Islas y que puede producir daños irreparables».

El primer análisis del acuerdo lo tacha de "monopolio" y que podría derivar en subida de precios y pérdida de calidad

Por su parte, la CNMC emitió en enero de este año un análisis inicial en el que detectó riesgos para la competencia. La elevada concentración resultante dejaría a Baleària como única naviera en varias de las rutas, lo que supondría, en la práctica, «una situación de monopolio», según describe la Comisión. Los riesgos identificados se concretan en posibles incrementos de precios, pérdida de calidad y una eventual reducción de frecuencias en las conexiones entre Canarias y la Península. Además, también se aprecian riesgos en las licitaciones públicas, al pasar de dos a una las navieras que han concurrido a concursos en los últimos años. Pues, en la puja participó el grupo canario, liderado por Boluda y al que se sumaban grandes empresarios del Archipiélago (Rodolfo Núñez, Satocan y Astican), sin embargo puso sobre la mesa una cantidad inferior –en más de 50 millones de euros– a los 210 millones comprometidos por Baleària.

Tras este primer informe, el proceso de absorción permanece paralizado por el inicio de una segunda fase de análisis. El naviero, al igual que la diputada de Coalición Canaria, reconoció su «preocupación» por la decisión del organismo presidido por Cani Fernández de examinar con mayor profundidad la operación, lo que ha retrasado los plazos previstos, que situaban en diciembre el cierre de la absorción.

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