Las adjudicaciones de las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante: el escándalo que no cesa

El pasado 29 de enero INFORMACIÓN desvelaba que la entonces concejala de Urbanismo, los dos hijos y un sobrino de una directora general del Ayuntamiento de Alicante y un arquitecto municipal habían sido agraciados con pisos en la primera promoción pública que se ha ejecutado en la ciudad en las dos últimas décadas. Una urbanización de Vivienda Pública Protegida (VPP) construida en una zona privilegiada sobre una parcela de suelo municipal que el Ayuntamiento vendió por la mitad de su precio de mercado con el objetivo último (el primero era obtener liquidez) de facilitar casas a precio tasado para necesitados de un primera residencia.

El escándalo provocó un terremoto cuya onda expansiva se sigue dejando sentir en todo el país un mes y medio después de que se hiciera público. Cuando esto ocurrió, en menos de 24 horas dimitió como directora general la alta funcionaria, aunque sigue al frente del servicio de Contratación, y a continuación lo hizo la edil, cuyo suegro y la expareja de su hermano también tienen pisos en Les Naus. Apenas unos días después les siguió el que era jefe de gabinete de la consellera de Industria, Marian Cano, tras destaparse que la madre de sus hijas, de la que llegó a decir que no la conocía, también era adjudicataria de una vivienda.

Vía denuncias, la Justicia no ha tardado en abrir una investigación sobre unos hechos que, en el terreno político, han complicado el futuro del alcalde de la ciudad, Luis Barcala, al que las polémicas adjudicaciones le han dejado al arbitrio de Vox. Algo menos perversos , pero no mucho, son los efectos que las polémicas adjudicaciones han tenido en el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que ha a cuenta de Les Naus ha tenido que enfrentarse a su primera crisis tras la caída de Mazón.

Barcala, que no tardó en arremeter contra el responsable la gestora de la cooperativa, también ha tenido críticas para la Conselleria de Vivienda, del PP como él. El departamento que dirige Susana Camarero, además de suspender al funcionario que validaba visados con datos no veraces, entre ellos el de su pareja, arquitecta municipal, acaba de enviar al juzgado nueve expedientes de presuntas irreguaridades.

Entre tanto, y mientras el escándalo sigue vivo, al menos cinco de los 140 adjudicatarios ya han manifestado su intención de renunciar a sus viviendas. Como si eso fuera tan fácil.

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