Trabajo activará la via penal contra Uber a partir de enero si no deja de repartir con autónomos

El Ministerio de Trabajo activará la vía penal contra Uber si sigue repartiendo con mensajeros autónomos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, emula así el guion que siguió con Glovo y reclamará a Fiscalía que investigue si la multinacional está incurriendo en un delito penal, al imponer condiciones ilegales a sus 'riders'. Uber, a preguntas de El Periódico, ha declinado realizar declaraciones al respecto.

La Inspección de Trabajo tiene en marcha un proceso por la vía laboral para determinar si la multinacional está cometiendo un fraude a la Seguridad Social al emplear a sus repartidores como falsos autónomos. Y es que al tener a los mensajeros como autónomos, son estos los que se pagan las cotizaciones a la Seguridad Social y el material (bicicleta, móvil, mochila...), lo que implica un ahorro de costes para la empresa y unos menores ingresos para el erario público.

Por el momento, los tribunales ya han ido fallando en ese sentido, si bien no consideran que hasta ahora Uber haya cometido conscientemente una ilegalidad por falta de una doctrina clara sobre su modelo.

El Ministerio asume que la actuación de Inspección estará resuelta a principios de año, "a partir del mes de enero", según explican fuentes del mismo. Una vez tengan la resolución, que también asumen que implicará una sanción millonaria para la multinacional, exigirán a Uber que la acate y cambie inmediatamente de modelo o se exponga a las consecuencias de una investigación penal.

Uber es la segunda compañía más importante del sector del 'delivery' en España. Glovo es la primera, con una cuota del mercado español del 53,8%, frente al 14,5% de Just Eat y un 28,5% de Uber Eats, según la información aportada en un reciente juicio entre las dos primeras compañías.

Proceso lento

Desde Trabajo se apoyan en la reforma del código penal que impulsaron a finales de 2022 para cercar a las plataformas digitales, como Glovo o Uber, ante su abierto desafío a la 'ley Rider' (que entró en vigor en agosto de 2021). Y es que dicha norma se redactó específicamente para que estas aplicaciones de comida a domicilio tuvieran como asalariados a sus mensajeros y estas lo rechazaron y siguieron operando con autónomos.

Para ello, se reformó el artículo 311 del código penal y se especificó que se impondrán penas de hasta seis años de cárcel al ejecutivo que "imponga condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantenga en contra de requerimiento o sanción administrativa".

Hasta ahora sobre la única empresa que se ha activado esta vía es Glovo y el proceso se está dilatando. Yolanda Díaz anunció por primera vez en público que activaría la vía penal contra Glovo en septiembre de 2022. No fue hasta septiembre de 2024, dos años después, hasta que un magistrado de Barcelona inició la investigación para determinar si existen o no indicios de delito. Investigación que a día de hoy continúa abierta y a la espera de si hay pruebas suficientes o no para abrir formalmente el juicio.

Uber está preparado

Tras aprobarse la 'ley Rider', Uber decidió acatarla y se pasó a un modelo de flotas subcontratadas. Operó con ellas durante unos meses, si bien dicho modelo es más rígido para las compañías, ya que en horas punta no pueden tener a tantos mensajeros conectados para entregar rápido los pedidos. Problema que ahora está sufriendo Glovo, que ya tiene contratados a sus 'riders', así como sus clientes, ya que los pedidos tardan más en llegar.

Tras meses bajo ese modelo, Uber decidió dar marcha atrás y volver a operar con 'riders' autónomos y así poder competirle a Glovo. Ahora la multinacional es la única que opera con mensajeros por cuenta propia, si bien hace meses que se preparan ante posibles sanciones por parte de la Inspección de Trabajo para volver a dar el salto y operar solo con flotas de asalariados.

23,2 millones en actas

Según datos recopilados por El Periódico en base a las actas de Inspección recurridas por Uber en los tribunales, la corporación ha sido sancionada hasta el mes de octubre de este año con al menos 23,2 millones de euros, entre cuotas impagadas a la Seguridad Social e infracciones.

No obstante, el criterio que hasta la fecha se ha impuesto en la Audiencia Nacional, hasta donde han llegado una parte importante de esas actas impugnadas por Uber, es que la compañía sí emplea a falsos autónomos, al menos hasta antes de la entrada en vigor de la 'ley Rider', pero que no debe ser multada por ello.

Un criterio que rebaja sustancialmente la factura a la multinacional, ya que de esos al menos 23,2 millones de euros mencionados en distintas actas recogidas en decenas de sentencias examinadas por este medio, 19,75 millones son fruto de sanciones y el resto en cotizaciones a deber.

Es decir, de los 23,2 millones de euros impuestos en actas levantadas en Valencia, Sevilla, Albacete, Tenerife o Sevilla, entre otros, de momento Uber solo tendrá que abonar 3,46 millones. "La infracción apreciada por falta de cotización toma como punto de partida una cuestión jurídicamente controvertida en aquel momento", argumentan los magistrados de la Audiencia Nacional.

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