Los consumidores acumulan un sobrecoste de 486 millones de euros por el gran apagón

Entre el 28 de abril y el 30 de noviembre los consumidores de electricidad pagaron 486 millones de euros de sobrecoste por el escudo antiapagones que puso en marcha el operador del sistema eléctrico tras el gran apagón, según ha revelado este miércoles la presidenta de Redeia, matriz de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, en un desayuno informativo organizado por Club Diálogos por la Democracia.

Esto supone un gasto de unos 4 céntimos por consumidor en el mes de noviembre, según aclaran fuentes del operador del sistema eléctrico para un usuario con una tarifa regulada y un consumo medio mensual de 300 kilovatios-hora (kWh), lo que supone unos 1,2 euros más en la factura de la luz del mes pasado.

Ese cálculo hace referencia a la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) que tienen alrededor de 8 millones de consumidores en España, entre los que, por cierto, se encuentra la presidenta de la empresa semipública (el Estado controla el 20% de su capital), según ha declarado. El resto, cerca de 20 millones, tienen un acuerdo de precio con su comercializadora de luz, que en la mayoría de los casos utiliza como referencia el precio regulado y le añade una prima.

Desde el cero eléctrico, Red Eléctrica opera el sistema en lo que ha denominado como 'modo de operación reforzado', que implica tener a su disposición más centrales convencionales (ciclos combinados, nucleares o hidráulicas) de las habituales para poder utilizarlas ante cualquier desequilibrio del sistema eléctrico. Esto se traduce en la práctica en una operación diaria con menos renovables y más gas, lo cual supone un incremento de los ingresos para las empresas en detrimento del bolsillo de los consumidores porque la generación con gas es más cara que con renovables.

De esta forma, esos 486 millones de euros hasta noviembre van a engrosar "las cuentas de resultados de las compañías generadoras de electricidad y no del operador del sistema", según ha querido aclarar Corredor. Además, esa cifra no será estática, sino que seguirá engordando durante los próximos meses, pues la presidenta de Redeia ha confirmado que la empresa no cuenta todavía con una fecha para poner fin al modo de 'operación reforzada'.

De hecho, Corredor ha puesto dos condiciones para acabar con ese escudo antiapagones y las dos pasan por las empresas generadoras de electricidad, su principal adversario en el debate sobre lo ocurrido el día 28 de abril. La primera es conocer "cuál fue la causa" del gran apagón. En concreto, se refiere al motivo por el que se produjo la primera oscilación, la oscilación anómala de las 12.03 en una planta fotovoltaica de Extremadura. "Sabemos en qué planta fue pero no sabemos la causa, la tiene que acreditar el titular de esa planta", ha agregado la presidenta del operador del sistema.

Y la segunda condición pasa por garantizar que los generadores cumplen con sus obligaciones de control de tensión, a través de una nueva regulación que está en desarrollo, como es la normativa técnica (procedimiento de operación 7.4) que penalizará a las empresas por no cumplir estas obligaciones y que entrará en vigor el 1 de enero, o las medidas temporales que ha puesto en marcha la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en el último mes y que Red Eléctrica quiere hacer permanentes. "Mientras no estemos seguros de que todo el mundo cumple, el operador del sistema seguirá aplicando la operación reforzada", ha añadido la que fuera ministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Qué es el 'modo reforzado'?

El mercado diario de electricidad –que organiza OMIE-- se rige por la conocida subasta (‘pool’) entre consumidores y generadores, en la que se acuerda un intercambio de ofertas para el día siguiente, en función de las estimaciones de demanda y de generación. Ese pacto es un intercambio económico sobre papel, que hay que ‘ajustar’ a la realidad posteriormente para que la electricidad generada llegue a los consumidores

Esa adaptación se realiza en un segundo mercado, que gestiona Red Eléctrica y que se conoce como servicios de ajuste. Dentro de esos servicios de ajuste se encuentran los servicios de ‘restricciones técnicas’, que buscan evitar que haya problemas de seguridad de suministro y cuyo funcionamiento se basa en que Red Eléctrica pide a las centrales disponibles reducir o aumentar su producción en función de las necesidades del sistema.

Hasta hace dos años, el coste de esos servicios de restricciones técnicas era casi imperceptible para el consumidor, pero en los últimos años se ha incrementado hasta suponer entre el 10% y el 15% del precio total de la energía. La razón es que las renovables no son gestionables y están descentralizadas, de forma que son más impredecibles que las centrales convencionales y, por tanto, Red Eléctrica tiene que hacer más ajustes.

Tras el apagón, lo que ha hecho el operador del sistema es reforzar todavía más esos servicios de restricciones técnicas (lo que ha denominado 'restricciones técnicas reforzadas' o 'modo de operación reforzado'), que supone aumentar su peso en el coste de la electricidad hasta representar casi el 20% del total en noviembre.

Según cálculos realizados a partir del consumo peninsular del 1 de mayo al 30 de noviembre (139 millones de MWh), para el usuario con un consumo doméstico de 300 kwh el coste de la operación reforzada durante estos meses ha sido de alrededor de 7,47 euros, a razón de unos 1,05 euros al mes, pero el coste del conjunto de los servicios de ajuste ascendería a 49,49 euros, a razón de unos 7,07 euros al mes.

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