Cambio legal
Economía quiere que los fondos de pensiones tomen medidas ante una eventual "retirada masiva" de ahorros a partir del 1 de enero
Entra en vigor una medida aprobada por el Gobierno del PP para que los partícipes en planes de pensiones puedan retirar a partir de 2025 las aportaciones con más de 10 años de antigüedad

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Los ahorradores con aportaciones a planes de pensiones con más de 10 años de antigüedad podrán retirar a partir del 1 de enero de 2025 las aportaciones que hubieran realizado antes de diciembre de 2015 y su correspondiente revalorización. Las inversiones hechas a partir de 2016 deberán esperar hasta el 2026 y así sucesivamente.
Muchos ahorradores se habían olvidado de que en 2014, siendo ministro de Economía Luis de Guindos, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una disposición que iba a permitir rescatar anticipadamente el importe del ahorro consolidado en los planes de pensiones individuales con más de 10 años de antigüedad a partir de enero de 2025. En diciembre de 2015 existía un patrimonio acumulado en los fondos de pensiones de 68.000 millones de euros.
El objetivo de aquella reforma era dotar de mayor atractivo entre los ahorradores jóvenes a los productos de previsión social complementaria de cara a la jubilación. También se bajaron las comisiones máximas de gestión de los fondos de pensiones.
Ya han pasado diez años de aquel cambio legal y ahora el Gobierno, ante la eventualidad de posibles "retiradas masivas de derechos consolidados" en los planes individuales y del "riesgo sistémico" que ello pudiera llegar a suponer para el sector financiero, quiere exigir a las gestoras que "refuercen el el nivel de liquidez de los fondos de pensiones gestionados" e imponer "periodos de preaviso" previos a una retirada de fondos. Estos objetivos del Gobierno han quedado plasmados, en estos términos, en una de las enmiendas del grupo socialista al proyecto de ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
El argumento fiscal desaconseja una retirada masiva
En el sector señalan que es difícil precisar cuál es la cuantía exacta del patrimonio de los fondos de pensiones que queda expuesto a esta nueva ventana de liquidez que se abre a partir del próximo 1 de enero, pero, a modo de referencia, se alude a una cuantía aproximada de unos 68.000 o 70.000 millones de euros. Se trata de una cantidad muy elevada, si se pone en relación con el patrimonio total de los planes individuales de pensiones, en el entorno de los 90.000 millones de euros.
Ciertamente, si todos los ahorradores, de forma inusitada, quisieran disponer de su patrimonio más antiguo en fondos de pensiones, se podría producir un 'crash' del sistema. Sin embargo esta es una circunstancia que la patronal del sector, Inverco, ve casi imposible.
"No creemos que se vaya a disponer de una cantidad muy alta", anticipan fuentes de Inverco. Y basan sus pronósticos en, al menos, cuatro argumentos. Sostiene la patronal que el ahorrador que ha elegido planes de pensiones lo es a largo plazo, con un fin concreto: el de la jubilación. Añaden, en segundo lugar, que entre los partícipes existe una concienciación mayor sobre la necesidad de ahorrar de cara a la jubilación ante las dudas sobre la suficiencia del sistema público. La rentabilidad financiera es un tercer argumento a favor de mantener el ahorro en los planes de pensiones (ha sido de una media anual del 3% en la última década).
Pero, sobre todo, Inverco pone el acento en el cuarto argumento: el fiscal. El patrimonio que se retira de los planes de pensiones tributa en el impuesto sobre la renta (IRPF). En general, cabe pensar que una persona en activo en la actualidad tributa a un tipo marginal en el IRPF superior al que le corresponderá en el momento de la jubilación (cuando, en principio, la renta ingresada será menor) y este es uno de los argumentos que desaconseja una retirada anticipada del ahorro, explican en la patronal Inverco. Estas mismas fuentes recuerdan que en una experiencia similar en Reino Unido, solo se produjeron retiradas de fondos vinculadas a una motivación inmobiliaria (para comprar o reformar una vivienda).
Supuestos de liquidez
Recientemente la organización de países desarrollados OCDE ha recomendado “eliminar la posibilidad de una retirada anticipada en los fondos de pensiones (salvo en el caso de las aportaciones realizadas cuando esta opción esté prevista por Ley) para asegurar que dichos fondos puedan invertir a largo plazo”, según figura en un reciente informe para la revitalización del mercado de capitales en España, realizado a petición de la CNMV y del Gobierno español, y que fue publicado la semana pasada.
La patronal Inverco recuerda que a diciembre de 2015 existía en los fondos de pensiones individuales un patrimonio en el entorno de los 68.000 millones de euros. Desde entonces se ha producido una revalorización media del 3% anual en cada uno de los diez ejercicios transcurridos (con una revalorización acumulada en el entorno del 34%). Pero, al mismo tiempo, se han producido salidas de ahorro por parte de los partícipes que se han ido jubilando o que han incurrido en los supuestos de liquidez previstos en la regulación (desempleo, enfermedad, fallecimiento, incapacidad o dependencia). Tomando en cuenta todas estas circunstancias, a modo de aproximación, se puede considerar que la cantidad expuesta al nuevo supuesto de liquidez podría rondar los 68.000 ó los 70.000 millones de euros, admiten en el sector.
La nueva ventana de liquidez no solo se abre para los planes individuales; también se ofrece a los planes de empleo, pero solo para aquellos en los que de forma expresa, se hubiera incluido una disposición de liquidez para las aportaciones de más de 10 años de antigüedad. Sin embargo, según fuentes del sector, este es un supuesto muy poco frecuente en la actualidad.
Nueva regulación
A pesar de la relativa calma que se transmite desde el sector financiero, en el Ministerio de Economía existe preocupación sobre los efectos de esta nueva ventana de liquidez y por ello impulsa un cambio legal en la ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprovechando la tramitación en el Congreso de los Diputados del proyecto de ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero.
En la enmienda socialista se establece que "la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con el objeto de garantizar un tratamiento equitativo de los partícipes y beneficiarios o por razones de estabilidad e integridad del sistema financiero, podrá, de manera temporal y justificando la necesidad y proporcionalidad de la medida", adoptar determinadas decisiones.
En primer lugar, podrá exigir a las entidades gestoras de fondos de pensiones "que refuercen el nivel de liquidez de los fondos de pensiones gestionadas y, en particular, que incrementen el porcentaje de inversión en activos especialmente líquidos, tal y como los defina la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones".
En segundo lugar, se podrá autorizar a las gestoras de fondos de pensiones "el establecimiento de periodos de preaviso para hacer efectivos los derechos consolidados o económicos de los partícipes o beneficiarios". También podrá ser el propio Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones quien establezca los citados periodos de preaviso.
Como una medida prudencial añadida, la enmienda socialista fija que "la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá fijar límites de exposición a determinados sectores o categorías de activos cuando la exposición agregada de los fondos de pensiones, o de una parte de ellos, a un determinado sector de la actividad económica o categoría de activo alcance niveles que puedan suponer un elemento de riesgo sistémico".
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