El Gobierno veta la venta de Talgo al consorcio húngaro Magyar Vagon

Dicho y hecho. El Gobierno ha decidido rechazar la oferta pública de adquisición (opa) formulada por el consorcio húngaro Magyar Vagon sobre Talgo. Finalmente, ha sido la Junta de Inversiones Exteriores, un organismo dependiente del Ministerio de Economía, la que ha vetado la operación por motivos de "seguridad nacional".

Magyar Vagon confirmó en febrero su intención de lanzar una opa por Talgo, la cual fue registrada en marzo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El consorcio húngaro ofreció cinco euros por acción, valorando al fabricante español de trenes en 619 millones de euros. El Consejo de Administración de Talgo, liderado por el fondo británico Trilantic, calificó la oferta como "amistosa" y "positiva" para la compañía.

Sin embargo, esta opa nunca gustó en el seno del Ejecutivo. Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, encendió las sospechas de alguna injerencia rusa en la operación, motivo por el cual estaban decididos a frenar la operación. "Haremos todo lo posible", aseguró Puente en declaraciones a ACTIVOS, el vertical económico de Prensa Ibérica. Por el momento, ningún ministro se ha pronunciado sobre el tema. Tampoco lo ha hecho de forma oficial Magyar Vagon, ni el principal accionista de Talgo, Trilantic.

De manera preventiva, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió suspender la cotización de las acciones del fabricante cuando acumulaba una caída del 1%. Una vez levantada la suspensión, los títulos caen en el día entre un 8% y un 10%, quedándose por debajo de los cuatro euros, un 20% del precio ofrecido por el inversor húngaro.

"Protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional"

En una nota y tal y como adelantó El Correo, el Ministerio de Economía explica que los motivos de vetar esta inversión es la "protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional de España". Según el análisis llevado a cabo por la Junta de Inversiones Extranjeras, aceptar la opa podría suponer riesgos, además, "el orden público". Sin embargo, el Gobierno se niega a hacer públicos los motivos detrás de esta información, ya que ha declarado la información del expediente como "clasificada".

Según la cartera liderada por Carlos Cuerpo, la no autorización de la operación "se produce en aplicación de la normativa vigente en nuestro país en materia de control de inversiones exteriores y con pleno respeto al Derecho comunitario y las competencias de la Unión Europea sobre inversiones extranjeras directas, protección del mercado interior y la libre circulación de capitales". A lo que se refiere el Ejecutivo con la normativa vigente es el popularmente conocido como 'escudo antiopas', aprobado en 2020, que obliga a que sea el Consejo de Ministros el que acepte o deniegue una inversión superior al 10% en una empresa considerada estratégica.