Primeras vistas públicas

El Supremo revisa los criterios que permitieron fijar indemnizaciones para afectados del cártel de camiones

La Comisión Europea señaló a 15 grandes fabricantes de camiones por pactar un aumento de precios de los vehículos entre 1997 y 2011, y el de España es el primer alto tribunal de un estado de la UE que establecerá doctrina al respecto

Camiones en el paso de una autovía con peaje.

Camiones en el paso de una autovía con peaje. / EP

Cristina Gallardoq

El Tribunal Supremo ha acogido este miércoles un conjunto de vistas de gran trascendencia económica y que hacen que este órgano sea el primer alto tribunal de un estado de la UE que revisa la respuesta de la justicia al cártel de camiones que operó en Europa durante 14 años. Se analizan, concretamente, las primeras sentencias que han otorgado indemnizaciones a los afectados frente al acuerdo alcanzado entre 15 grandes fabricantes de camiones para inflar los precios de venta de los vehículos entre 1997 y 2011.

Se han celebrado tres vistas públicas ante los magistrados de la Sala de lo Civil, que han escuchado los argumentos de los abogados de las compañías AB VOLVO, MAN y DAIMLER frente a la representación letrada de algunas empresas de transporte y camioneros particulares afectados por los sobreprecios, que fueron decenas de miles durante los años de funcionamiento de un cártel cuya existencia fue declarada por la Comisión Europea en 2016. Para mañana jueves están previstas tres vistas más, correspondientes a las condenas impuestas a FIAT/CNH/IVECO y DAF.

Se trata de reclamaciones de daños que exigen al Tribunal Supremo pronunciarse sobre asuntos como el sistema de peritaje que permitió el cálculo para la fijación de las compensaciones económicas a percibir por los afectados, que en muchos casos ha sido del 5 por ciento -el mínimo posible- pero que ha ascendido hasta casi el 20 por ciento en otras sentencias ahora recurridas. 

Fuentes jurídicas señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, la dificultad de que pueda establecerse con qué tanto por ciento debe finalmente indemnizarse, pero la sentencia, de la que están pendientes muchos estados europeos -razón por la que se ha decidido transmitir la vista por streaming- tratará de fijar criterios comunes a aplicar en asuntos como acreditación del daño, estimación judicial, legitimación o prescripción.

Transcendencia de la decisión

Hasta el momento, en España se han sancionado carteles nacionales por vulneración de la competencia en la jurisdicción contencioso-administrativa. El caso de los camiones, sin embargo, el asunto ha correspondido a la Sala Primera del Supremo como consecuencia una directiva europea que reconoció la responsabilidad civil a efectos de reparar el daño causado cuando se ha producido un situación de cártel, por lo que miles de camioneros presentaron reclamaciones en los juzgados de lo Mercantil que son los que ahora han llegado al Supremo. Lo que se decida tendrá gran trascendencia en el futuro a la hora de aplicar la jurisprudencia a otros cárteles en el futuro.

El asunto también supone una especie de David contra Goliat jurídico, ya que en los bancos del salón de Plenos del alto tribunal donde se están celebrando las vistas se sientan, en un lado, los defensores de los fabricantes representados por los despachos más grandes del país, como son Uría Menéndez, Pérez Llorca, Gómez Acebo&Pombo o Cuatrecasas -en cuya representación ha asistido el abogado y también vocal del Consejo General del Poder General José María Macías- frente a los abogados de despachos más pequeños que llevan a varios afectados.

En la vistas celebradas este miércoles los representantes de los fabricantes han coincidido en cuestionar el esfuerzo probatorio exigible a los demandantes que han dado lugar a las sentencias condenatorias por parte de las Audiencias provinciales, por lo que piden al Supremo que las anule. "Se condena sin prueba alguna de existencia del daño", ha manifestado la abogada que representa a Volvo, cuestionando la calidad técnica de las resoluciones de las Audiencias.

Por su parte, los abogados de los reclamantes, como el que representa a la empresa Grúas Jordan, que resultó afectada con la compra de varios vehículos, han calificado a este cártel de ser "el más atroz de la historia del espacio económico europeo", al aplicarse durante varios años para eliminar la competencia de precios en los vehículos.

Con esta consideración coincide Rafael Fuentes de la firma valenciana Varona Legal & Numbers, que defiende el sistema de peritaje utilizado por las diferentes audiencias provinciales que este miércoles se ha cuestionado ante el Tribunal Supremo. El abogado se ha preguntado ante la Sala cuántas empresas de trasporte han desaparecido desde 1997 sin poder ahora reclamar, y ha cuestionado que la mayoría de las Audiencias Provinciales se hayan sentido "cómodas" fijando indemnizaciones mínimas del 5 por ciento.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado hace unos meses que el plazo para reclamar en los casos de infracciones de competencia es de cinco años, por lo que muchos demandantes -se han llegado a presentar en España más de 3.000 reclamaciones sobre este asunto- han tenido más tiempo de presentar sus apelaciones que ahora han llegado al Supremo.