APAGÓN NUCLEAR

Las nucleares avisan a Feijóo de que funcionar más tiempo exige garantizar su rentabilidad

Populares, Vox y Cs defienden revisar el calendario de cierre de las centrales, el sector confirma que técnicamente es posible pero pide activar mecanismos que aseguren sus ingresos y una rebaja de impuestos.

Una imagen de la central nuclear de Cofrentes.

Una imagen de la central nuclear de Cofrentes. / EP

David Page

Las grandes eléctricas pactaron en 2019 con Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los residuos radiactivos, un calendario de cierre progresivo de todas las centrales nucleares que conducirá al apagón atómico total en el país. El acuerdo con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP contempla una clausura escalonada de las plantas que arrancaría en 2027 y culminaría con el último el cierre en 2035.

Ésa es la hoja de ruta a la que el Gobierno de Pedro Sánchez defiende sin fisuras y respalda mantener sin cambios las fechas de clausura acordadas. El Ministerio para la Transición Ecológica ya ha anticipado que en la próxima revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta que establece con qué tecnologías se producirá la electricidad hasta 2030, no hay posibilidad alguna de que incluya un cambio en el calendario de cierres hacia el apagón nuclear.

Dado que los cierres arrancan en 2027, será al siguiente Gobierno que salga de las próximas elecciones generales previstas para diciembre al que le tocará decidir sobre un aplazamiento de las primeras clausuras. La posibilidad de un cambio político a fin de año que acabe con el PP de Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa hace que se abra la posibilidad de un giro en la política oficial sobre el futuro de las nucleares.

Y es que en los últimos meses PP, Vox y Ciudadanos han estado metiendo presión al Ejecutivo reclamando revisar el calendario de cierre para alargar los plazos en plena crisis energética, incluyéndolo en sus propuestas económicas y con proposiciones debatidas en el Congreso. Las propias nucleares confirman que alargar la vida de los reactores mucho más de lo previsto es técnicamente posible y viable desde el punto de vista de seguridad, pero ponen como condición para seguir funcionando que se les garantice una rentabilidad razonable de su actividad.

“Tenemos un marco que contempla que las centrales vayan saliendo del sistema entre 2027 y 2035, y con ese marco trabajamos. Los reactores españoles están perfectos, técnicamente pueden funcionar muchos años más”, explica Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, la patronal que agrupa a las eléctricas propietarias de las centrales y las empresas industriales del sector. En varios países se han activado ya procedimientos para que sus centrales operen a muy largo plazo, entre 70 y 80 años, y en España sólo Almaraz ha cumplido los 40 y el resto están en su década de los 30.

"No perdiendo dinero"

“Podemos funcionar más si alguien así lo decide, pero antes nos tenemos que sentar a hablar (…) Si el sistema eléctrico nos va a necesitar, no puede ser perdiendo dinero”, apunta Araluce. “La política energética depende del Gobierno. Si nos piden seguir funcionando tiene que ser con una rentabilidad razonable como tienen otras tecnologías” de producción eléctrica, en referencia singularmente a parte de las renovables o a la cogeneración, que participan de un mecanismo que asegura una retribución que cubre sus costes y una rentabilidad mínima prefijada.

Foro Nuclear no se moja de momento y no hace pública una propuesta concreta sobre qué fórmula utilizar para garantizar esa rentabilidad razonable. “Se puede buscar de muchas formas”, dice el presidente de la patronal, que sí menciona como opciones factibles la aplicación de contratos a largo plazo con el propio sistema eléctrico que marquen precios estables (que hace que el sistema compense a las eléctricas si el precio del mercado es menor al pactado y que las nucleares devuelvan el excedente si la cotización está por encima) o mediante un mecanismo de pagos por capacidad, que implicaría que se compensa a las centrales con una retribución específica por estar siempre disponibles y dar estabilidad a la producción eléctrica.

En paralelo, el sector nuclear mantiene una de sus reclamaciones tradicionales para asegurar la sostenibilidad de su negocio: una rebaja de los impuestos y las tasas que se aplican a la actividad de las centrales. “Tenemos un marco regulador lesivo”, sentencia Araluce. “Los impuestos y la tasa de Enresa [que se paga para financiar el desmantelamiento y gestión de los residuos radiactivos] son el mayor gasto que soportan las centrales. Ni el combustible, ni los costes laborales de la plantilla, ni las subcontratas y proveedores… son los impuestos y las tasas”. El sector cifra en 25 euros por megavatio hora (MWh) de electricidad producida el coste de las cargas fiscales de las nucleares.

Primera decisión, en 2024

Desde el sector nuclear también se advierte de que los plazos para decidir si se revisa el calendario de cierres de las centrales, en cualquier caso, no son ilimitados y si se quiere retrasar las primeras clausuras la decisión no puede demorarse. Y es que para posponer los primeras clausuras, singularmente la de Almaraz I en 2027, hay que tomar una decisión este año o el próximo como muy tarde.

El proceso previo de planificación de inversiones y recursos necesarios y el procedimiento de estudio y de preparación para la prolongación del permiso de explotación de cada central nuclear requiere un plazo de unos tres años. Así que evitar el primer cierre de un reactor previsto para 2027 exige adoptar una decisión el próximo año a más tardar.

El cierre gradual y escalonado de los siete reactores españoles acordado en 2019 con las grandes eléctricas contempla que Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo también en 2035.