Semana laboral de cuatro días: luces y sombras de la próxima revolución empresarial

Trabajadores más felices, con mejor salud mental, menor ratio de absentismo y que pueden pasar más tiempo con su familia o dedicarlo a sus aficiones. Esa es la 'cara A' de la semana laboral de 4 días, un modelo de reducción de jornada que está asomando la cabeza por las economías occidentales y que los gobiernos están subvencionado vía programas pilotos para testear su escalabilidad. 

No obstante, tras esas bondades también se esconde una 'cara B' y una batería de riesgos que amenazan con empañar la por muchos soñada utopía de trabajar menos para disfrutar de más tiempo libre. Mayor estrés, una mayor carga en las mujeres de las tareas de cuidados y el temor a que suponga un lastre para la competitividad de las empresas son las amenazas que los expertos consultados por El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, señalan para este particular DAFO.  

Un siglo después de que los obreros de la Canadenca conquistarán la semana laboral de 40 horas, en España el Gobierno tiene en marcha ya -vía Ministerio de Industria- su primer programa piloto para que unas 60 pymes del sector industrial prueben si es viable o no pagar lo mismo y que sus empleados trabajen 32 horas. 

Los primeros estudios internacionales de experimentos de este tipo en el sector privado y/o público loan las bondades para los trabajadores del modelo, así como también beneficios para las empresas que lo aplican. Según un análisis sobre 33 empresas de seis países distintos que recortaron un día su semana laboral y mantuvieron sueldos, el absentismo laboral cayó un 30%, los empleados redujeron una hora a la semana sus desplazamientos en coche y el volumen de empleados que decían sufrir ‘burnout’ descendió un 67%; entre otros. 

Pese a que esos beneficios no van aparejados, según el estudio, con perjuicios sobre la actividad empresarial, en Catalunya no sobran las compañías que ardan en deseos de lanzarse a esa piscina. Fuentes consultadas de las patronales y sindicatos más representativos afirman no tener constancia de ninguna empresa que haya manifestado su intención de presentarse candidata a participar del piloto gubernamental.  

Cataluña, pionera (en parte)

En España, Catalunya fue pionera -parcialmente- en cuanto a la aplicación de la semana laboral de 4 días. La firma Industries Tapla redujo en 2018 la semana laboral de una división de su plantilla de lunes a jueves. No obstante, y tras dos años de estudio, la dirección vio viable contraer los tiempos de trabajo, pero no reducirlos. Es decir, trabajan un día menos, pero cada día trabajan más. A cambio, a los empleados les queda un fin de semana de tres días. Cumplen la mitad de la ecuación.

La responsable de planificación estratégica, Montse Ramon, afirma en conversación con El Periódico de Catalunya que cinco años después mantienen el mismo modelo. “Tanto empresa como trabajadores estamos muy satisfechos”, sostiene. La apuesta de Industries Tapla por compactar la jornada de sus empleados obedece a una cuestión de reducción de tiempos muertos en la producción y ahorro de costes, especialmente energéticos. Lo cual, en un contexto en el que el gas se les ha llegado a disparar un 700% y la electricidad más de un 350%, les supone un beneficio especialmente sustantivo. La productividad, por su parte, ha aumentado un 18% y los empleados disfrutan de un fin de semana de tres días.

Buenos resultados tras cinco años de aplicación, si bien esta pyme industrial, que cumpliría todos los requisitos para participar del piloto del Ministerio, declina meterse en el mismo. “Cuando hicimos el cambio lo estudiamos muy bien y ahora mismo no nos dan los números”, afirma. Es decir, pagar menos por las mismas horas, cuando ya han tenido que repercutir parte de la alza de precios a sus clientes, no les sale a cuenta.

Difícil marcha atrás

Una de los temores que más inquieta a las empresas es el 'y si sale mal'. Y es que el piloto gubernamental implica reducir la jornada, no reducir sueldo, recibir un pago de hasta 150.000 euros en compensación, pero mantener la misma jornada y el mismo sueldo una vez se retire la ayuda. "La no reversibilidad es un freno para que más empresas se apunten a probarlo. Las herramientas legales para volver a la situación previa son muy costosas tanto para la empresa como para los trabajadores. Estaría bien que los futuros pilotos incluyeran una lista de eventuales causas que permitieran dar marcha atrás, siempre justificando su concurrencia", apunta el iuslaboralista y profesor de la UPF Eusebi Colàs-Neila.

La consultora informática Zataca, de Alicante, fue otra de las firmas pioneras en España en implementar la semana laboral de 4 días (aunque no de 32 horas). Esta firma de hoy 45 empleados empezó a ofrecer a su plantilla compactar la jornada de lunes a jueves desde enero del 2020, tres meses antes de estallar la pandemia. Entonces se apuntaron la mitad de la plantilla, mientras que la otra mitad continuó operando hasta el viernes (echando menos horas cada día, un total de 37,5). Hoy, tres años después, 'solo' el 20% de la plantilla trabaja cuatro días. 

"Trabajar de lunes a jueves implica echar unas nueve horas al día. Hay muchos padres a los que les es imposible por un tema de conciliación. Otros programadores no quieren echar tantas horas de seguido -con sus descansos-. Por eso para nosotros era tan importante que cada empleado eligiera y pudiera echarse atrás en cualquier momento", explica el consejero delegado de Zataca, Pedro Sánchez.

El modelo de 32 horas que plantea el piloto gubernamental elimina, parcialmente, los efectos adversos de esa prolongación de la jornada diaria, si bien el hecho de tener que asumir una carga de trabajo similar en menos tiempo no está exento de riesgos -como un mayor estrés o sensación estar sobrepasado- para la plantilla. 

"Desde una perspectiva de género hay que preguntarse si la reducción de jornada semanal produce una mejora cuando en el hogar hay niños y personas dependientes que hay que atender. Puede ocurrir que, dada la práctica extendida de distribución del trabajo por género, las mujeres terminen trabajando más en casa y al final la carga global de trabajo sea mayor para ellas, aunque su jornada laboral sea menor", alerta la profesora honoraria de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Cristina García Sainz.

Complejidad burocrática

El próximo 13 de mayo vence el plazo para que aquellas pymes interesadas en participar del piloto gubernamental se presenten. En la patronal Pimec han habilitado un servicio específico para asesorar a las compañías interesadas. "Hemos recibido consultas, pero muy pocas y de momento ninguno de nuestros asociados piensa en presentarse", afirma la directora del área de trabajo de Pimec, Sílvia Miró. 

Fuentes consultadas de los sindicatos más representativos tampoco tienen constancia de interesados y uno de los requisitos para presentarse es tener el aval de la representación legal de los trabajadores. A preguntas de por qué Catalunya, con un nutrido tejido de pymes industriales, no desborda candidatos, en Pimec arguyen a dos motivos. 

Por un lado, las empresas deben hacer una inversión previa para presentarse, como pagar a una consultora para que les haga un estudio de productividad, sin tener la garantía que serán seleccionadas. Y, por el otro, el actual contexto de alta incertidumbre no ayuda a que las corporaciones asuman un cambio radical -y con difícil marcha atrás- en su modelo organizativo. En tres semanas se cierra el plazo para que las pymes presenten sus candidaturas.

"Es una medida que nos sitúa ante un reto social, puesto que para que funcione bien debe haber un compromiso, no sólo de las empresas (y sus trabajadores) sino también de las Administraciones públicas, para asegurar que el proceso sea igualitario dentro y fuera de la empresa", afirma García Sainz.

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