El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha llevado a cabo una nueva reforma con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Las medidas incluidas en esta reforma beneficiarán a más de 2,16 millones de pensiones que perciben la pensión mínima y a los 446.163 beneficiarios de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez.
La reforma, regulada en el Real Decreto-Ley 2/2023, establece medidas para garantizar que las pensiones mínimas contributivas alcancen, al menos, el 60 % de la renta media. Para ello, se tomará como referencia la evolución de la pensión mínima con cónyuge a cargo, que deberá alcanzar ese porcentaje entre 2024 y 2027 de la renta media correspondiente de un hogar que estuviera conformado por dos adultos.
La cuantía mínima de las pensiones deberá incrementarse en un 20 % en 2024, un 30 % en 2025, un 50 % en 2026 y un 60 % en 2027. En cuanto a las pensiones no contributivas por jubilación e invalidez, se prevé que crezcan por encima de la revalorización media de las pensiones, hasta converger en 2027 con el 75 % del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.
Las pensiones de viudedad con cargas familiares, jubilados con cónyuge a cargo menores de 65 años y los beneficiarios de una incapacidad permanente absoluta con cónyuge a cargo y entre 60 y 64 años serán las más beneficiadas por estas mejoras en las cuantías mínimas. Con la reforma de Escrivá, los pensionistas que perciban alguna de estas pensiones pasarán de cobrar 12.683 euros en 2023 a los 16.511 euros anuales en 2027, lo que supone una mejora de casi 4.000 euros (un 30 %).
