Turismo y alquiler

Los hoteleros piden proteger más a los dueños en la ley de vivienda por miedo a un boom de pisos turísticos

La patronal Cehat teme que los topes a la subida de los alquileres de la futura norma hagan que muchas viviendas pasen del negocio residencial al vacacional en las zonas tensionadas.

Los hoteleros piden proteger más a los dueños en la ley de vivienda por miedo a un boom de pisos turísticos.

Los hoteleros piden proteger más a los dueños en la ley de vivienda por miedo a un boom de pisos turísticos.

David Page

El Gobierno prepara una nueva Ley de Vivienda que busca, entre otros aspectos, facilitar el acceso de los ciudadanos poniendo límites a las subidas de los precios de los alquileres, especialmente en las zonas en que el mercado residencial está tensionado. La propuesta de la nueva norma pactada por los partidos del Ejecutivo de coalición con ERC y EH-Bildu desató rápidamente las críticas del sector inmobiliario y de los fondos de inversión volcados en el negocio de la vivienda. Pero ahora es el sector turístico tradicional el que se ha lanzado a reprobar algunos aspectos de la futura ley.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha entrado en el debate sobre la Ley de Vivienda reclamando mayor protección para los propietarios de casas para evitar que haya un trasvase masivo de viviendas ahora dedicadas al alquiler residencial que den el salgo al negocio del alquiler turístico. Los hoteleros sostienen que es necesario “dotar de mayor seguridad jurídica” a los dueños de viviendas para que las alquilen “con garantía”, y alerta de los “efectos colaterales” que puede tener la nueva normativa ahora en tramitación en la oferta de inmuebles.

Y es que la patronal de los hoteles sostiene que la futura ley, que da mayor protección a los inquilinos y establece límites a las subidas de los alquileres, “dará lugar a que muchos propietarios de domicilios en zonas tensionadas decidan abandonar el alquiler residencial y pasarse al formato vacacional o temporal de corta estancia”. La asociación hotelera se suma así a las advertencias sobre los efectos indeseados de la nueva ley lanzadas por Exceltur, el lobby que agrupa a una treintena de las mayores empresas turísticas españolas, entre ellas, grandes hoteleras.

Asimetría y competencia desleal

Por lo general, las zonas residenciales más tensionadas (la futura ley establece los criterios para ser consideradas como tal, en función de las subidas de precios en los últimos años y la proporción de la renta media que deben dedicar los vecinos a pagar el alquiler o la hipoteca ) son las más demandadas por los turistas tanto en las ciudades como en destinos más turísticos. Y en los últimos años ya se ha detectado un trasvase notable de oferta de vivienda de alquiler hacia el negocio de los pisos turísticos.

“Factores como las condiciones actuales de protección del inquilino, la casi imposibilidad del desahucio o la limitación de rentas han disminuido ya en torno a un 12% de media en un año la oferta de alquiler tradicional en grandes ciudades y destinos y mucho más en ciudades tensionadas”, indica la patronal hotelera en un comunicado, que alerta que la situación puede agravarse con la futura ley.

“Esta situación no se va a arreglar hasta que los propietarios no tengan una total seguridad jurídica a la hora de alquilar sus viviendas. El derecho a la vivienda no debe descansar solamente sobre los propietarios”, apunta Jorge Marichal, el presidente de la patronal de los hoteleros, que incluso llega a apuntar que “el impago de los inquilinos podría solucionarse con los afianzamientos del Gobierno y la mayor celeridad en el funcionamiento de la justicia ordinaria” para ejecutar desahucios.

Cehat reclama al Gobierno que aproveche la nueva ley para establecer unas reglas a nivel nacional que aseguren una buena convivencia entre los residentes y los turistas de viviendas vacacionales y alojamientos provisionales. “Es necesario fijar una serie de reglas para evitar la mezcla entre los usos de los edificios, que haya entradas separadas, que en los edificios residenciales se fomente la convivencia prohibiendo el uso de viviendas ocasionales y que se destinen para este tipo de alojamientos únicamente edificios completos”, apunta el presidente de la patronal.

Los hoteleros reclaman que la Ley de Vivienda incluya “criterios para facilitar el cumplimiento y la ordenación de la normativa autonómica y local de las VUT [viviendas de uso turístico], sujetas a una plena libertad de precios”, alertando de que la futura norma puede agravar la “asimetría normativa” entre los alojamientos reglados y los pisos turísticos, por la ausencia de regulación del alquiler turístico o su incumplimiento en muchas zonas de manera generalizada.

La queja de los gigantes del turismo

Exceltur, un lobby que agrupa a una treintena de las mayores compañías del sector turístico (entre ellas, grandes hoteleras como Meliá, NH, Riu, Iberostar o Palladium), lleva meses metiendo presión al Gobierno para activar una regulación real contra la proliferación de la oferta de pisos turísticos ilegales. En sucesivos contactos con el Ejecutivo han venido reclamando que aprovechara la Ley de Vivienda como nuevo armazón legal para hacer cumplir las normativas de comunidades autónomas y ayuntamientos que de facto no se cumplen y con ello poner coto al nuevo boom de viviendas de uso turístico y evitar la proliferación de oferta ilegal.

Esta semana Exceltur ya advirtió de que el texto de la futura ley pactado por el Gobierno con sus socios parlamentarios puede suponer una conversión masiva de pisos ahora en alquiler hacia el negocio turístico por el tope a las subidas de precios del alquiler tradicional que pretende establecer la normativa para viviendas en zonas que consideren tensionadas, como son los centros de las ciudades, que son donde se ubican una buena parte de los pisos turísticos que se ofertan en plataformas online como Airbnb, Vrbo o Booking.com.

Exceltur venía pidiendo al Ejecutivo utilizar la Ley de Vivienda (o aprobar uno o varios decretos ad hoc) para establecer un régimen jurídico específico de las viviendas de uso turístico y de sus contratos, establecer obligaciones a las plataformas online para evitar que puedan comercializar alojamientos ilegales y dar más poder a las comunidades de propietarios para poner coto al fenómeno. Un nuevo armazón legal estatal para dar cobertura competencial y que permitiera cumplir de manera efectiva las normativas municipales y autonómicas que ya buscan poner coto a la expansión de los pisos turísticos no reglados, y que en la práctica no se están cumpliendo.