España avanza hacia el apagón nuclear y descarta retrasar los cierres de centrales

El Gobierno se mantiene firme en su posición de no alargar más la vida de las centrales nucleares. Las grandes eléctricas pactaron en 2019 con Enresa, la empresa pública encargada de los residuos radiactivos, un calendario para el cierre progresivo de todos los reactores que arrancará en 2027 y culminará en 2035 con el apagón nuclear total. Y ésa es la hoja de ruta a la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende sin fisuras… y sobre la que le tocará decidir en todo caso a un eventual nuevo Gobierno que salga de las elecciones generales de fin de año.

Pese a las presiones de la oposición política y de algunas patronales industriales, el Gobierno actual defiende mantener sin cambios las fechas de clausura acordadas. El Ministerio para la Transición Ecológica ya ha anticipado que en la próxima revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta que establece con qué tecnologías se producirá la electricidad hasta 2030, no hay posibilidad alguna de que incluya un cambio en el calendario de cierres hacia el apagón nuclear.

“El Gobierno no se plantea el cambio del calendario ni un aumento de la vida de las centrales nucleares. El Gobierno seguirá con el acuerdo entre las compañías propietarias y Enresa, y así lo verán en la próxima actualización del PNIEC”, sentenció hace unas semanas la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, en el Congreso de los Diputados. La nueva hoja de ruta a 2030 que prepara el Ejecutivo contemplará objetivos más ambiciosos en renovables, en hidrógeno verde, en biometano, en almacenamiento… pero no en nucleares.

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Sacudirse la presión

Desde el Gobierno se subraya que ninguna compañía ha transmitido formalmente su voluntad de cambiar los plazos de operación de las centrales ni han expresado su interés por aumentar sus inversiones en nucleares, y que retrasar el cierre no es una solución para atender las urgencias provocadas por la crisis energética, dado que el primer cierre no se producirá hasta dentro de cuatro años.

Durante la crisis energética, PP, Vox y Ciudadanos han estado metiendo presión al Ejecutivo reclamándole revisar el calendario de cierre para alargar los plazos. Las compañías eléctricas propietarias de las centrales (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) trabajan de momento con los plazos de cierre fijados como único escenario oficial, pero empiezan a sumarse voces también en el sector energético que al menos se ofrecen a negociar con el Ejecutivo una revisión de las fechas si se considera necesario para alcanzar los objetivos de descarbonización de la economía española.

Desde el sector nuclear se ha venido apuntando que no hay imposibilidades técnicas para que las centrales funcionen más allá de las fechas previstas, pero advirtiendo de que sólo lo harán si se garantiza su viabilidad económica. Esto es, las compañías eléctricas no se oponen a seguir operando sus reactores si se les garantiza la rentabilidad con algún tipo de retribución estable o ingresos fijos por la electricidad producida, y también con menos impuestos que los que asumen actualmente.

Fecha límite para decidir

Las compañías del sector nuclear también advierten de que los plazos para decidir si se revisa el calendario de cierres de las centrales no son ilimitados y que si se quiere retrasar las primeras clausuras la decisión no puede demorarse. Y es que para posponer los primeras clausuras, singularmente la de Almaraz I en 2027, hay que tomar una decisión este año o el próximo como muy tarde. Las nucleares ponen así deberes al próximo Gobierno que salga de las elecciones previstas inicialmente para el próximo diciembre.

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España cuenta con siete reactores activos repartidos en cinco centrales nucleares, que de manera sostenida concentran en torno a un 20% de toda la producción eléctrica del país cada año. Los defensores de la nuclear destacan la fiabilidad que ofrecen las centrales para aportar electricidad sin emisiones de CO2 de manera permanente, frente a la intermitencia de la producción de las renovables.

Las compañías eléctricas, Enresa y el Consejo de Seguridad Nuclear, el regulador que vela por la seguridad de las centrales en el país, trabajan con el calendario de cierre pactado con el Gobierno como la hoja de ruta de plazos de operación y de planificación. El cierre gradual y escalonado de los siete reactores españoles acordado en 2019 con las grandes eléctricas contempla que Almaraz I cerrará en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I en 2030, Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032, Vandellós II en 2035 y Trillo también en 2035.

Desde la patronal Foro Nuclear, desde las propias compañías propietarias de las centrales y también desde el CSN, el regulador que vela por la seguridad de las centrales en el país, se subraya que el proceso previo de planificación de inversiones y recursos necesarios, y el procedimiento de estudio y de preparación para la prolongación del permiso de explotación de cada central nuclear requieren en su conjunto un plazo de unos tres años. Así que evitar el primer cierre de un reactor previsto para 2027 exige adoptar una decisión el próximo año a más tardar.