Crisis energética

Bruselas rechaza ampliar más allá de este año la excepción ibérica y el Gobierno ya se conforma

La Comisión Europea transmite que no permitirá llevar hasta 2025 como pretendían España y Portugal si no se prorroga el marco de ayudas por la guerra que expira el 31 de diciembre

Un hombre enciende una cocina de gas.

Un hombre enciende una cocina de gas. / EP

David Page

La Comisión Europea no descarta ampliar la vigencia de la excepción ibérica -el límite al precio de gas que se utiliza para producir electricidad que se aplica en España y Portugal-, pero por mucho menos tiempo que el que aspiraban los gobiernos ibéricos. La pretensión española y lusa era prolongar el tope al gas al menos hasta final de 2024 para blindarse frente a grandes subidas del precio de la luz mientras dure la crisis energética, pero Bruselas de momento sólo se plantea prorrogarlo hasta final de este año.

La Comisión Europea ya ha trasladado a España y Portugal que la ampliación de la excepción ibérica no puede ir más allá de este 2023, porque es el periodo en que está vigente el marco temporal de ayudas por la guerra de Ucrania. Si la Unión Europea no prolonga este marco especial de medidas de apoyo, tampoco podrá hacerlo el tope al gas ibérico más allá de fin de año.

Así se lo transmitió el pasado miércoles la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y su homólogo portugués, José Duarte Cordeiro, en la reunión que mantuvieron el pasado miércoles, según confirman fuentes oficiales del Gobierno español. La ampliación de la excepción ibérica sigue siendo estudiada por los técnicos de la Comisión y aún no han adoptado una decisión.

“Perfectamente razonable”

La vigencia de la denominada excepción ibérica, que ha servido para contener el precio de la electricidad en el mercado español frente a las subidas persistentes de otros países de la UE, expira el próximo 31 de mayo. El Ejecutivo español desveló su pretensión extenderla al menos hasta final de 2024 o hasta que la Unión Europea pacte una reforma integral de las normas de funcionamiento de los mercados de la electricidad.

Tras la reunión con la comisaria Vestager, el Gobierno español “asume como un escenario perfectamente razonable” la ampliación del mecanismo sólo siete meses, hasta fin de año, según confirman fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. En cualquier caso, el Ejecutivo ve posible que la UE amplíe el marco temporal de ayudas por la guerra, lo que permitiría también una eventual extensión de la solución ibérica más allá de 2023, o también que se llegue a un acuerdo este año en el seno de la Unión para reformar los mercados eléctricos.

El Gobierno asegura ver como una “opción perfectamente factible” que durante la Presidencia Española del Consejo Europeo, en el segundo semestre de este año, se pudiera lograr un acuerdo para la reforma estructural del mercado de la electricidad en la UE, lo que “constituye el problema real y la estrategia central para España”, apuntan fuentes ministeriales.

Reformar el mercado

El Gobierno español ha propuesto a Bruselas cambiar las reglas actuales de funcionamiento de los mercados eléctricos europeos, que fijan los precios mediante un sistema marginalista (que hace que la última y más cara tecnología necesaria para cubrir la demanda marque el precio de todas las demás) y que ha hecho que los precios disparados del gas natural haya contaminado el precio de la electricidad durante la crisis energética.

España ha propuesto, en la práctica, mantener en el actual mercado diario e intradiario la electricidad producida por las centrales de gas y de carbón, que cobrarían una compensación (pagos por capacidad) por estar disponibles en picos de demanda. Las renovables, las nucleares y la hidráulica pasarían a tener un precio fijo durante años mediante contratos con el sistema eléctrico. El precio que cobrarían las renovables se situaría por un sistema similar a las actuales subastas del Gobierno, mientras que el de nucleares e hidroeléctrico sería un precio fijado por el regulador.

4.500 millones de ahorro

Los mercados mayoristas eléctricos en Europa funcionan con sistemas marginalistas, que hacen que la última oferta de producción en casar con la demanda es la que fija el precio para todas las demás. La última oferta es en muchos casos la que realizan las centrales de gas, que durante la crisis energética han soportando los precios internacionales disparados, y que empujan al alza el precio de toda la electricidad, también la de las renovables o las nucleares que no soportan esos costes extra por la subida del gas.

España y Portugal aplican un precio máximo sólo a las ofertas que pueden presentar en el mercado eléctrico las centrales de ciclo combinado (las que queman gas para producir electricidad). Con ello, el conjunto del mercado eléctrico contiene su precio al conseguir desacoplarse del precio del gas. Según los cálculos del Gobierno, los consumidores españoles se han beneficiado de un ahorro neto de más de 4.500 millones de euros gracias al menor precio marcado por el mercado gracias al tope al gas.