Vuelco comercial por las ayudas del Gobierno: 550.000 clientes se van a la tarifa subvencionada de gas

Las grandes energéticas se están beneficiando de un trasvase masivo de clientes hacia las tarifas reguladas de gas por las ayudas activadas por el Gobierno para bajar la factura. Las principales gasistas, obligadas a ofrecer las diferentes tarifas reguladas (denominadas tarifas de último recurso, TUR), están registrando un auténtico alud de peticiones para saltar al negocio regulado. Un vuelco comercial total frente a la tendencia de los últimos años en que las tarifas reguladas tenían una cartera de clientes menguante mientras engordaba la de las tarifas del mercado libre.

En los últimos meses, al calor de las ayudas del Gobierno, los grandes grupos energéticos han sumado al menos 549.000 nuevos clientes en sus comercializadoras de tarifas reguladas de gas, según los datos internos de las compañías a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

Naturgy, la principal operadora del mercado gasista español, la cartera de clientes de su comercializadora de último recurso en 190.000 clientes en última parte del año. Iberdrola casi ha triplicado su volumen de hogares con tarifa regulada, pasado de los 111.000 clientes al cierre de septiembre hasta un total de 300.000 usuarios al final del año. Endesa ha incrementado sus clientes con tarifas reguladas de gas, con 63.000 nuevas altas ejecutadas en sólo dos meses, en octubre y noviembre, y a la espera de cerrar los datos de diciembre. Totalenergies confirma que ha más que duplicado los clientes de su comercializadora de último recurso tras sumar 107.000 nuevos contratos el año pasado, la inmensa mayoría desde que empezaron las ayudas en octubre.

Al cierre del año, cerca de dos millones de hogares cuentan con tarifas reguladas de gas contratadas, más de un 30% por encima del volumen que había cuando el Ejecutivo activó su plan de ayudas el pasado octubre. No obstante, el número de clientes acogidos a tarifas del mercado libre de gas -cuyo precio fijan las compañías libremente- es muy mayoritario en relación al de clientes del negocio regulado -cuyo precio establece trimestralmente el Gobierno en función de la evolución de los precios internacionales de los hidrocarburos, pero cuyas subidas tienen un tope máximo desde el año pasado-. Las tarifas del mercado libre siguen siendo la opción muy mayoritaria y unos 6 millones de clientes aún se mantienen en ellas.

TARIFAS SUBVENCIONADAS POR 3.000 M

El Gobierno activó el pasado octubre un paquete millonario de medidas para bajar el precio de las tarifas reguladas de gas, que en la práctica supone aplicar una subvención directa a las facturas de estos clientes que acaban cobrando las grandes energéticas. Un escudo anticrisis de 3.000 millones incluido en el Plan Más Seguridad Energética -el plan de contingencia que exige Bruselas a los estados miembros para combatir la crisis energética- y que contempla seguir limitando por ley las subidas que se pueden aplicar a los 1,5 millones de clientes de la tarifa regulada de gas durante todo 2023 y también la creación de un nuevo tipo de tarifa rebajada para los 1,7 millones de hogares que cuentan con calefacción central en la comunidad de vecinos.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ha aprobado un crédito excepcional por 3.000 millones para cubrir el coste de estas medidas, pero se compromete a que “esta partida se ampliará en la cantidad necesaria para cubrir el déficit real causado” desde ahora y hasta final de 2023. Un agujero millonario que las ayudas provocarán en las cuentas del sistema gasista y que puede dispararse por esta fuga masiva de clientes hacia las tarifas reguladas.

INVESTIGACIÓN DE LA CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación a las grandes compañías gasistas para analizar si están entorpeciendo de manera deliberada el trasvase masivo de clientes hacia las tarifas reguladas del gas. El organismo activó un expediente informativo y solicita información periódica y de manera permanente a Naturgy, Endesa, Iberdrola y Totalenergies sobre los medios técnicos y de plantilla empleados para atender el aluvión de solicitudes de cambio de tarifa, tras las quejas de muchos consumidores por los tiempos de espera, por la falta de información y por las dificultades para conseguir concretar la contratación.

En plena avalancha de solicitudes para cambiar de tarifa, Competencia decidió ampliar la investigación para vigilar otros posibles comportamientos fraudulentos vinculados con este trasvase de clientes. Y es que la CNMC ha incluido como parte de ese mismo expediente informativo una vigilancia específica de si las energéticas están incumpliendo la nueva normativa que les obliga a dejar de cobrar servicios añadidos (de mantenimiento, de emergencias, de revisión de equipos…) a sus clientes cuando cambian de compañía.

El Gobierno incluyó en uno de sus últimos ‘macrodecretos’ de medidas energéticas anticrisis una reforma normativa para obligar a las compañías a rescindir los servicios adicionales en el mismo momento en que se den de baja del suministro de gas para irse a otra comercializadora. La CNMC está supervisando si efectivamente todos los grupos están cumpliendo con esa nueva exigencia ante las sospechas de que no sucede.

Desde las grandes energéticas se subraya que se han reforzado los canales de atención al cliente en los últimos meses para atender el incremento de solicitudes de clientes que quieren cambiarse del mercado libre al regulado. Naturgy ha activado un procedimiento para automatizar el cambio de sus clientes a las TUR mediante un formulario en su página web y ahora también ha lanzado una campaña informativa para clientes y exclientes para retenerlos, subrayando que las tarifas reguladas son las más baratas del mercado.

LAS QUEJAS DEL SECTOR

Las compañías del sector del gas han venido alertando de las consecuencias de las medidas adoptadas para bajar sólo un tipo de tarifa. Desde las empresas gasistas se avisa de que el plan de ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica, destinado sólo a las tarifas reguladas, puede romper el mercado y amenazar la estabilidad de las compañías que ofrecen tarifas en el mercado libre, así que meten presión al Gobierno para tomar medidas para bajar la factura de todos los clientes, no sólo de una parte.

La patronal Sedigás -que agrupa a comercializadoras, empresas de redes de transporte y distribución y proveedores del sector- ha solicitado al Gobierno que permita a cualquier comercializadora ofrecer las tarifas reguladas del gas o que aplique subvenciones similares también a las tarifas del mercado libre.

Desde el Gobierno se anticipó que se estudiaban distintas alternativas para agilizar el cambio de clientes, pero de momento no ha adoptado ninguna medida. En paralelo, Sedigás celebra la rebaja del IVA del recibo del gas del 21 al 5% al menos hasta fin de 2023, pero pide recortar otros impuestos de la factura de gas (como el Impuesto Especial de Hidrocarburos) como de los que ya se benefician los consumidores de luz.

La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) exige al Gobierno adoptar medidas que sirvan para proteger de los efectos de la crisis, específicamente a los consumidores vulnerables (como la ayuda contemplada en el bono social térmico), sólo a los usuarios que realmente lo necesitan por sus bajos ingresos. Y reclama que, si el Ejecutivo concede ayudas no sólo a colectivos vulnerables, éstas deben alcanzar a todos los clientes y no sólo a los de la tarifa regulada. Desde la asociación de pequeñas energéticas se propone aplicar rebajas a los costes regulados de la factura del gas, mediante una reducción de los peajes y los cargos incluidos en el recibo.