Turismo pesquero, turismo acuícola o pesca-turismo son actividades que están reguladas en las legislaciones española o gallega. “El turismo pesquero o marinero –expone el Real Decreto 239/2019– adquiere un gran potencial y nuevas oportunidades laborales que surgen en relación con el mar [...] y se plantean como interesantes alternativas de diversificación para las zonas litorales dependientes de la pesca”. Supone dar a los buques un uso para el que en ningún caso fueron concebidos, ni por diseño o equipamientos, y una presumible vía de negocio que, de momento, no ha calado entre armadoras gallegas. Pero es el futuro que, a juicio del comisario de Pesca y Asuntos Marítimos, Virginijus Sinkevicius, espera a parte de la flota de Vigo, Burela o Celeiro.
En concreto, a los buques afectados por el veto a la pesca de fondo, decretada por Bruselas el 15 de septiembre y recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). “¿Qué medidas prevé implementar la Comisión para ayudar a las flotas afectadas?”, reza una pregunta por escrito del eurodiputado socialista Nicolás González Casares. Esta es la respuesta del comisario: “Los Estados pueden [...] apoyar a sus flotas con medidas como la diversificación de actividades”, con fondos públicos del programa Fempa (Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura) o ayudas de minimis.
Sinkevicius ha respondido por escrito a tres cuestiones formuladas por Casares a raíz de las informaciones publicadas por FARO DE VIGO, del grupo Prensa Ibérica, sobre el reglamento de ejecución, que entró en vigor el 9 de octubre y que se implantó sin disponer de informes de impacto socioeconómico. En 41 de las 87 áreas afectadas –ocupan más de 16.400 kilómetros cuadrados–, como también desgranó este periódico, las profundidades no alcanzaban los 400 metros establecidos por la propia Comisión. En todo caso, y en lo relativo a medidas que palíen las pérdidas para el sector, Bruselas solo menciona partidas asignables por el propio Gobierno español y de escasa cuantía. Además de esos fondos Fempa para que los barcos “diversifiquen” su actividad más allá de la pesca extractiva –turismo, servicios medioambientales o actividades marítimas culturales–, cita ese denominado reglamento de minimis. “El importe total de las ayudas de minimis concedidas por Estado miembro a una única empresa en el sector de la pesca y de la acuicultura –menciona la normativa– no excederá de 30.000 euros durante un período cualquiera de tres ejercicios fiscales”.
Desde luego, y como ya había zanjado ante representantes del sector, el comisario rechaza dar marcha atrás en una normativa que ya ha reducido a la mitad las descargas de pescado en lonjas gallegas y ha incrementado los precios. Para Sinkevicius, la responsabilidad de que este veto a la pesca de fondo haya entrado en vigor aun sin haber medido su impacto socioeconómico corresponde, también, a España. “Este sistema solo funciona si los datos facilitados por los Estados miembros son precisos. Por ejemplo, el CIEM [por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, ICES por sus siglas en inglés] informó en 2018 de que España tenía dificultades para comunicar los datos del SLB y del cuaderno diario de pesca que son pertinentes para evaluar la intensidad de la pesca”. Se refiere el lituano, en este punto, al sistema de localización de buques. Y continúa: “En los dos últimos años, la Comisión ha pedido a las administraciones nacionales información precisa sobre las posibles repercusiones en segmentos específicos de la flota”.
Sin datos
Aun sin haber tenido esa información “precisa”, de acuerdo a su exposición, aplicó igualmente una norma que ha puesto en jaque a la flota de palangre de Gran Sol. El mismo informe que utilizó la Comisión para cerrar a la pesca de fondo esas 87 áreas admite la carestía de datos. “Es difícil determinar una preferencia, ya que se desconocen los impactos socioeconómicos. Algunas pesquerías van a algunos lugares de forma regular, y pueden ser importantes para ellos, aunque el esfuerzo no es muy alto”, expone textualmente.
Los autores de este análisis plasman sin ambages, asimismo, que no existe ningún estudio que determine qué impacto tienen las artes fijas, como el palangre, en el fondo del mar. “Si bien es posible cuantificar los impactos de los aparejos móviles en su contacto con el fondo [en referencia al arrastre, por ejemplo], aun existen problemas con los barcos que usan artes fijas”. Otro ejemplo: “La huella bentónica [en el fondo del mar] y los impactos de estas artes también se desconocen en gran medida”. El veto a la pesca de fondo, que perjudica principalmente al palangre, se aprobó igualmente. Para Sinkevicius –impulsor de esta medida junto con su número dos, Charlina Vitcheva–, no hay ninguna duda acerca de las consultas al sector, aunque fuentes de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) o de la patronal Cepesca han denunciado que ese diálogo fue una “pantomima”. “La Comisión ha realizado amplias consultas y ha invitado periódicamente a las administraciones nacionales y a todas las partes interesadas a reunirse y evaluar las cuestiones en juego antes de proponer el Reglamento de ejecución”.
