Son muchas las ciudades europeas que han pedido en los últimos meses a la Comisión Europea que legisle para regular los pisos turísticos y alquileres de corta duración de plataformas en línea como Airbnb o Booking. Es el caso de Amsterdam, Berlín, París o Barcelona. Este lunes la Comisión Europea ha decidido dar un pequeño paso en esa dirección y ha propuesto un reglamento que impondrá nuevas obligaciones y requisitos en materia de transparencia y acceso a información para plataformas de alquiler, propietarios y autoridades públicas. Bruselas quiere que los propietarios detallen quienes son, cuántas viviendas tienen y en qué lugar y las plataformas tendrán que informar a las autoridades sobre el número de noches alquiladas y de huéspedes, una vez al mes, de forma automatizada.
La iniciativa forma parte de la agenda europea por un turismo más sostenible en un sector que “no es siempre todo lo transparente que debería ser”, según admiten fuentes comunitarias. La importancia de los alquileres de corta duración ha ido creciendo de la mano de las plataformas digitales y representan ya el 25 % de todos los alojamientos turísticos en la UE. Se trata de un segmento muy apreciado por los turistas pero que genera al mismo tiempo muchos quebraderos de cabeza y preocupaciones, particularmente a las autoridades públicas, por el impacto del sobreturismo tiene en el acceso a viviendas a precios asequibles.
"Las autoridades públicas de toda Europa están interviniendo y lo primero que quieren es tener datos. Quieren saber qué pasa, quién alquila y durante cuánto tiempo. Qué tipo de propiedades se están poniendo en el mercado y para eso necesitas datos”, explican fuentes del Ejecutivo comunitario. Actualmente, 22 Estados miembros cuentan con algún tipo de registro en el que los propietarios están obligados a registrarse (aunque no siempre lo hacen) aunque el sistema está fragmentado y las autoridades no siempre obtienen la información que requieren por problemas técnicos hasta la protección de datos. “La cuestión es que los datos no están ahí y es lo que necesitamos abordar, con obligaciones claras para las plataformas pero también para las autoridades públicas”, explican las mismas fuentes consultadas.
Registro on line
La propuesta de Bruselas, que ahora deberá ser negociada entre Consejo y Parlamento Europeo, obligará a las autoridades a mantener un registro -nacional, regional o local- de propietarios y propiedades de alquiler a corto plazo. Todos ellos tendrán que especificar, en un registro on line, quienes son, qué alquilan y dónde y obtener un número de identificación único. Las plataformas digitales que ofrecen alquiler vacacional tendrán que comprobar los números de registro y facilitar que los anfitriones muestren los números de registro en sus plataformas. También tendrán que comprobar aleatoriamente si los anfitriones se registran y muestran los números correctos mientras que las autoridades públicas podrán suspender los números de registro y pedir a las plataformas que retiren de la lista a los anfitriones que no cumplan las normas.
La nueva normativa también obligará a las plataformas a remitir a las autoridades públicas, una vez al mes y de forma automatizada, los datos sobre el número de noches alquiladas y de huéspedes de forma automatizada. Las plataformas más pequeñas, con unos 2.500 propietarios mensuales de media, podrán beneficiarse de un régimen más ligero con obligación de notificar información una vez por trimestre y vía manual. Los responsables de velar por la aplicación del reglamento serán los Estados miembros, que deberán establecer sanciones adecuadas en caso de violaciones, y junto con Bruselas evaluará la situación cada dos años.
"El sector del alquiler de alojamientos de corta duración se ha visto impulsado por la economía de plataformas, pero no se ha desarrollado con suficiente transparencia. Con esta propuesta, estamos facilitando que los anfitriones y las plataformas, grandes o pequeños, contribuyan a una mayor transparencia en el sector", explica la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, “La propuesta garantizará que las autoridades locales dispongan de los datos necesarios para apoyar un sector de alquileres a corto plazo sostenible, luchar contra los anuncios ilegales y contribuir a un ecosistema turístico equilibrado”, añade el comisario de mercado interior, Thierry Breton, sobre una normativa que complementará la ley de servicios digitales.
