La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé que la economía española caerá en recesión técnica (dos trimestres consecutivos con caída del PIB) en el cuarto trimestre de 2022 y primero de 2023, antes de recuperar un crecimiento que, según sus estimaciones, se saldará con un avance del producto interior bruto del 1,5% en el conjunto del año próximo. Así lo ha explicado la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, durante la rueda de prensa de presentación del informe del organismo sobre las "Líneas fundamentales de los Presupuestos de las Administraciones Públicas" para 2023.

"Eso no significa que la economía española esté en recesión", ha explicado la directora de Análisis Económico, Esther Gordo. El crecimiento del empleo es muy intenso y el avance medio del PIB se situará en el 4,4% este año y el 1,5% el próximo, según la Airef (4,4% y 2,1%, según el Gobierno). Nada que ver, por ejemplo, con Alemania para cuya economía el Gobierno germano prevé una caída anual del 0,4% en 2023. "Lo que pasa es que con las dificultades de nuestro entorno internacional es muy difícil que España escape a una caída del PIB uno o dos trimestres", ha precisado Gordo. Así, el escenario central de predicciones de la Airef incluye un estancamiento o ligero crecimiento de uno o dos décimas en el tercer trimestre de 2022, antes de perder dos o tres décimas en el cuarto trimestre y otro tanto en el primero de 2023 para después retomar la senda positiva. Un perfil trimestral similar es el que también ha proyectado la Fundación de las Cajas de Ahorro en sus previsiones, si bien, Funcas es más pesimista para el conjunto del 2023 pues anticipa un crecimiento medio en el entorno del 0,7% (la mitad del 1,5% que prevé Airef).

Las previsiones macroeconómicas de la Airef, diferentes de las del Gobierno, no han impedido, sin embargo que la Autoridad Fiscal haya prestado su aval al cuadro macroeconómico sobre el que el Ejecutivo ha construído sus estimaciones de ingresos y gastos para los Presupuestos del Estado de 2023. Según Herrero, ello es así porque, de cara a evaluar si son creíbles las proyecciones de ingresos y gastos respecto del cuadro macroeconómico, lo importante no es tomar como referencia el crecimiento real previsto en 2023 (el 1,5%, según la Airef; el 2,1%, según el Gobierno), sino el crecimiento nominal, que añade la inflación, y que en ambos casos este es muy similar: el 5,9%, según la Airef; el 6%, según el Gobierno. "La diferencia es que nosotros prevemos menos crecimiento y más inflación que el Gobierno, que estima un mayor avance del PIB y una menor subida de precios que nosotros", ha explicado Herrero. Pero la suma es similar y por eso -ha explicado la presidenta- la Airef prestó su aval al cuadro macroeconómico del Gobierno.

Falta de realismo

Durante la presentación de su informe sobre las "Lineas Fudamentales de los Presupuestos de las Administraciones Públicas", la presidenta de la Airef ha vuelto a insistir sobre la "falta de realismo" tanto de los ingresos, como de los gastos y de la estimación de déficit contenida en el Plan Presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas. En línea con lo que adelantó Herrero durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Herrero ha explicado que, según las estimaciones de la Airef, los ingresos están "infrapresupuestados" en el proyecto de ley del Gobierno para el año próximo y la razón fundamental es que parte de un cierre presupuestario de 2022 que el propio Gobierno ha reconocido ya que se queda corto en algo más de 10.000 millones de euros. También detecta la Airef una "infrapresupuestación" de los gastos, en la medida en que el proyecto de ley no recoge la prórroga de medidas anticrisis que sí ha reconocido el Gobierno ante Bruselas que está dispuesto a abordar el año próximo.

En relación al déficit público, Airef estima que este año se situará en el entorno del 4,6% del PIB (por debajo de la estimacion oficial del 5%) y que el año próximo, si no se prorroga ninguna de las medidas anticrisis, bajará al 3,3% (frente al 3,9% estimado por el Gobierno). Sin embargo la Autoridad Fiscal prevé que si se prorrogan las medidas anticrisis, el déficit podría escalar al entorno del 4,6% y se incumpliría la restricción de crecimiento del gasto que la Comisión Europea ha impuesto a España (que los gastos corrientes primarios no crezcan por encima del crecimiento potencial de la economía española en términos nominales).

En ausencia de nuevas medidas y una vez retiradas las adoptadas de forma extraordinarias contra la crisis energética, el déficit público se quedaría enquistado en el 3,3% del PIB hasta 2026 (periodo del horizonte a corto plazo de estimaciones de la Airef) y la deuda pública, se situaría de forma estable por encima del 100% del PIB, rozando el 110%, "lo cual, en un contexto de subida de tipos de interés, coloca a las finanzas españolas en una situación vulnerable", valoró Herrero.

A la hora de determinar si los Presupuestos de 2023 cumplen con la regla impuesta, la Comisión Europea podrá dejar de tener en cuenta las medidas anticrisis que demuestren un carácter "focalizado y temporal". En su informe presupuestario, la Airef ha incorporado un análisis sobre las diferentes medidas en el que llega a la conclusión de que si bien las medidas sobre la electricidad se reparten de forma homogénea por nivel de renta, "las que actúan sobre el gas, el combustible o el transporte público recaen en hogares con mayor renta" (aquí se incluye, por ejemplo, la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante).

Según este estudio, el 10% de la población con menor nivel de renta (primera decila) absorbe el 10,3% del coste de las medidas adoptadas por Gobierno. Por su parte, el 10% con mayor renta absorbe un importe similar, ligeramente superior (10,6%). Desde este punto de vista se podría llegar a la conclusión de que las medias están escasamente focalizadas a favor de las rentas más bajas. Sin embargo la Airef también ha analizado el impacto de las medidas desde otro punto de vista y llega a la conclusión de que su aplicación supone un 17% de la renta bruta para los hogares más desfavorecidos, mientras que apenas añade el 0,9% de renta bruta a los de mayor poder adquisitivo.