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Alegaciones

El Gobierno amplía el alcance y competencias de su Defensor del Cliente Financiero

El cumplimiento de los códigos de buenas prácticas, como el hipotecario, será exigible para las entidades que los suscriban | Economía desoye las peticiones de las patronales bancarias para que suavizase el proyecto de creación del nuevo organismo

Nadia Calviño. David Castro

Tras recibir más de un centenar de alegaciones a su anteproyecto de ley del pasado abril, el Gobierno ha introducido modificaciones en su plan para crear la largamente esperada Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, con la que aspira a revolucionar el esquema español de resolución de reclamaciones de consumidores ante bancos, firmas de inversión y aseguradoras, entre otras entidades. Pero lejos de suavizar la iniciativa en la línea reclamada por las entidades afectadas, el Ejecutivo ha optado por ampliar el alcance y las competencias del nuevo organismo, según ha podido saber El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, .

La nueva autoridad va a resolver las reclamaciones que hasta ahora se presentan ante el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. El Ministerio de Economía ha fijado que sus decisiones sean vinculantes para las entidades (no para los clientes) cuando la cantidad reclamada no supere los 20.000 euros. Supone un cambio de calado, ya que los dictámenes de los tres supervisores sectoriales no son de obligado cumplimiento, lo que hace que sean ignorados por las entidades en porcentajes elevados. Economía también ha determinado que el sector financie el organismo con una tasa 250 euros por reclamación, mientras que para los clientes sea gratuito.

El departamento dirigido por Nadia Calviño ha decidido dejar estos tres elementos centrales de su plan sin cambios respecto a lo previsto en el anteproyecto de abril tras recibir las alegaciones de asociaciones empresariales, organizaciones de consumidores y oenegés, entre otros interesados. Precisamente, las patronales AEB (bancos tradicionales) y CECA (antiguas cajas de ahorro) le habían comunicado que consideraban "inconstitucional" el proyecto y le habían reclamado que, de mantenerlo, bajara el umbral que hace vinculante los dictámenes a 5.000 euros. También le habían instado a fijar una tasa más baja y a que la pagasen tanto las entidades como los clientes reclamantes.

Ayuda a los hipotecados

Economía ha hecho oídos sordos. Muy por el contrario, ha endurecido su proyecto en favor de los clientes. Una de las novedades más relevantes es que se ha reforzado el papel de los códigos de buenas prácticas de autorregulación del sector financiero, que se van a asimilar a las normas de conducta. Ello implica que a las entidades que se hayan adscrito voluntariamente a los mismos se les podrá exigir el cumplimiento de los compromisos que hayan adquirido y que los clientes podrán reclamarlo.

El código más importante es el hipotecario, suscrito por 87 entidades de crédito. El documento incluye compromisos para ayudar a clientes que tengan problemas para pagar la hipoteca, con medidas como la reestructuración de la deuda, quitas y daciones en pago. Precisamente, la vicepresidenta Calviño se ha referido varias veces al mismo en las últimas semanas cuando ha sido cuestionada por los problemas que van a sufrir muchas familias para pagar las cuotas por la vertiginosa alza del euribor. Economía y la banca, de hecho, estudian si es necesario tomar medidas adicionales.

Más entidades y asuntos

El Gobierno ha decidido, además, ampliar el espectro de entidades que podrán ser objeto de reclamaciones por parte de los clientes. Así, también estarán incluidos los prestamistas de créditos al consumo, con independencia de si los supervisa el Banco de España o las autoridades autonómicas de consumo. Asimismo, va a extender el tipo de reclamaciones que se pueden presentar para cubrir quejas por, por ejemplo, falta de información o rechazo de la apertura de una cuenta de pago básica (cuya concesión es obligatoria para las entidades salvo casos muy tasados), así como los citados incumplimientos de los códigos de buenas prácticas.

Con el fin de favorecer la rápida solución de los conflictos, se ha recogido también la posibilidad de que las partes se sometan a un mecanismo de conciliación, aun cuando el cliente ya haya presentado la reclamación ante la autoridad. Además, Economía ha decidido descartar un formulario obligatorio para presentar las reclamaciones, con el objetivo de favorecer el acceso a la nueva autoridad de personas mayores, con discapacidad y otros colectivos vulnerables.

Se permitirán, por tanto, distintos formatos que resulten universalmente accesibles, con canales presenciales, telefónicos o telemáticos para el servicio de asistencia en la interposición de las reclamaciones. Además, ha rebajado de 1.000 a 500 euros la multa máxima que podrán soportar los clientes que presenten reiteradamente durante seis meses reclamaciones manifiestamente infundadas e inadmitidas.

El Gobierno ha solicitado ya los informes preceptivos al Consejo Económico y Social y el Consejo General del Poder Judicial, así como el dictamen del Consejo de Estado. Su objetivo es que el Consejo de Ministros apruebe esta norma que considera prioritaria este otoño para enviarla así al Parlamento y que este le dé luz verde antes de que acabe la legislatura. El Ejecutivo confía en que el organismo eche a andar en 2023.

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