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Empresas

Cañete: "Con la crisis, ya hay empresas que dicen que te van a pagar a 180 días"

La gran asignatura pendiente sigue siendo un régimen sancionador contra los morosos

Antoni Cañete en la sede de Pimec.

Antoni Cañete es el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), una organización que representa a más de un millón de empresas y autónomos de todos los ámbitos territoriales y sectoriales del país. Lleva más de una década predicando contra las prácticas de la administración pública y de las grandes empresas que alargan los plazos de pago a sus proveedores estrangulando la liquidez de las pymes. Su concienzudo trabajo de ‘lobby’ ante el Gobierno y los grupos parlamentarios para sacar adelante mejoras legislativas contra la morosidad mereció una mención y un aplauso unánime en el pleno del Congreso de los Diputados el día que se aprobó el proyecto de ley conocido como ‘crea y crece’ cuya votación fue seguida por Cañete desde la tribuna de invitados. Desde 2010 la ley reconoce a la PMcM como interlocutor social válido en cuestiones de pymes y morosidad.

¿En el actual clima de desaceleración económica y crisis energética, existen indicios de un empeoramiento de los plazos de pago?

Estamos empezando a ver que algunas empresas están comenzando a abusar de sus posiciones de dominio. Empresas que te dicen, ‘te voy a pagar 120, a 160, a 180 días’, por encima del plazo legal de 60 días, a pesar de que en este país está prohibido pactar plazos de pago desde julio de 2010. ¿Por qué? En el actual contexto de inflación y subida de los tipos de interés retrasar el plazo de pago te permite financiación más barata. Esto, de momento, se está dado en situaciones puntuales, pero en el medio plazo puede provocar la rotura de la cadena de pagos, con las consecuencias que ello tiene sobre la economía y eso nos inquieta.

La reciente aprobación de la conocida como ‘ley crea y crece’ supone un paso importante en la lucha contra la morosidad… 

Sí, no hemos sido capaces aún de explicar la trascendencia que tiene...

Una de las medidas más relevantes es la que obliga a las empresas que contraten con el sector público a estar al corriente de pago con sus subcontratistas antes de cobrar las certificaciones de obra.

Esta ley ataca directamente el concepto de que nadie puede tener acceso a dinero público si no está cumpliendo con los plazos de pago. No puede ser que haya 82.000 millones de euros de las empresas cotizadas que estén por encima del plazo legal de pago de 60 días que rige en España y que exige Europa. ¿Qué es lo que incorpora la nueva ley? Que el contratista principal pague al subcontratista. La administración pública se encarga de pagar a un contratista principal y lo que pasa después con el subcontratista no lo sabe nadie. Cobra cuando le da la gana al contratista principal. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Que cuando el contratista principal tenga una obra de más de 5 millones y presente la certificación de fin de obra, no cobre si no certifica también que ha pagado al subcontratista. Es un gran hito.

La ‘ley crea y crece’ ya ha sido publicada en el BOE, pero ¿cuándo será efectiva esta medida?

El desarrollo de la ley necesita un reglamento. Nos han dicho en la Secretaría de Estado de Economía que este reglamento debería estar aprobado en un plazo de dos o tres meses. 

¿Aunque aún no es efectiva esta medida, han notado ya mejor predisposición de las grandes empresas respecto de sus subcontratas?

No, no, todo lo contrario. Sigue habiendo mucha resistencia. En el Senado se pretendió incorporar una enmienda para desactivarla. Y es que resulta que la organización que está en el diálogo social, representando a las pymes, dice que no es el momento de exigir a las empresas que demuestren que han pagado a los otros.

¿Se refiere a Cepyme?

Sí.

¿Qué es lo que interpreta que está diciendo exactamente Cepyme sobre este nuevo precepto?

Que no es el momento de introducir burocracia para que se pague a las pymes. Y que ahora conviene dejar que las cosas sigan igual. Es como si te dicen ‘oye, como estamos en crisis no pasa nada si no te pago a final de mes, porque no es momento para exigir’.

¿Qué grupo parlamentario adoptó esta iniciativa en el Senado?

A través del grupo popular se presentó una enmienda para que el plazo máximo legal de pago de 60 días empezara a contar, no desde la entrega del producto o del servicio, sino desde la fecha de la factura. Si esta enmienda hubiera salido adelante se hubieran ido por tierra todos los avances logrados en la tramitación del proyecto de ley en el Congreso. Era la enmienda 44 y su contenido era tan fuerte que cuando explicamos a todos los grupos lo que estaba sucediendo, el PP la retiró unas horas antes de su votación. Esta es la labor que está haciendo la Plataforma, la de un perro pastor que vigila que las ovejas estén bien.

Además, las grandes empresas de más de 250 trabajadores que opten a una subvención superior a 30.000 euros deberán acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago con sus proveedores mediante certificación emitida por un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. ¿Será eficaz esta medida?

Lo que dice la ley es: ‘Tú tienes que pagar bien, si no, no vas a tener dinero público, no vas a tener subvenciones’. Y no sirve una declaración responsable para garantizar que pagas bien. Eso es una tomadura de pelo y así se lo dijimos a la vicepresidenta Calviño. Las pymes y las microempresas pagan bien, porque no pueden no pagar bien. Carecen de posición de dominio. Hemos conseguido que las empresas más grandes, para acceder a una subvención, además de justificar que están al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social, presenten un documento ‘ad hoc’ firmado por un censor jurado que justifique que cumple los plazos de pago con sus proveedores. Esto es necesario porque las auditorías que hacen la empresas nos engañan.

¿Cuándo se va a hacer efectiva esta obligación?

Es algo que también deberá detallar el nuevo reglamento. El 1 de enero deberíamos de empezar el año con unas nuevas reglas absolutamente claras y concisas contra la morosidad.

Otra medida novedosa es la publicación anual de la lista de empresas morosas, con deudas a proveedores de más de 600.000 euros. ¿Cuándo veremos la primera?

Espero que la administración apruebe la instrucción que permita publicar esta lista cuanto antes. Las empresas cotizadas van a tener la obligación de poner en su página web su periodo medio de pago y el volumen de sus facturas fuera del periodo obligatorio. Esta obligación y la lista de morosos avanzan en una transparencia que concede prestigio.

¿Por qué ha sido imposible aprobar un régimen sancionador contra quienes incumplen los plazos de pago si todos los grupos parlamentarios han votado a favor de hacerlo? 

Respondería a esta cuestión con otra pregunta: ¿Qué intereses habrá detrás para que en este país llevemos doce años sin haber logrado aprobar un régimen sancionador? En octubre pasado se presentó una proposición de ley para adoptarlo, se votó por unanimidad, pero llevamos más de 60 prórrogas del plazo de enmiendas en el Congreso que están demorando una y otra vez su tramitación. Pero mire, con nuestro trabajo hemos conseguido ya cosas importantes y hemos logrado que la presidenta de la Comisión Europea, la señora Von der Leyen, haya incluido en su discurso anual el tema de la morosidad y las pymes. Reivindicamos un régimen sancionador más que nunca y sentimos que hemos encontrado un espaldarazo en la Unión Europea.

Hay otro agujero: se mantiene el artículo de la ley de comercio minorista que permite pactar plazos de pago superiores a 90 días para productos que no sean frescos o perecederos ni de alimentación y gran consumo.

No se cambia porque las grandes superficies viven de alguna forma de pagar tarde a las pymes, debilitando a estas y haciéndolas cerrar en muchos casos. Es una vergüenza que en el comercio minorista se pueda pagar cuando dé la gana.

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