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Diario de Mallorca

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Crisis energética

El Gobierno ultima un nuevo mecanismo para gestionar la demanda ante excesos de consumo eléctrico

La fórmula, que será similar a la extinta interrumpibilidad, se incluirá en el Plan de Contingencia que elabora el Gobierno

Teresa Ribera.

El Gobierno acelera los plazos para terminar el diseño de su Plan de Contingencia. Según fuentes del Ejecutivo, este lunes ha tenido lugar una reunión interministerial para acordar la prioridad de las medidas con el objetivo de dar luz verde al borrador con el que España pretende hacer frente a la crisis energética y que se debe enviar a Bruselas la próxima semana. Entre las medidas del plan se incluye un nuevo mecanismo, similar a la extinta interrumpibilidad, para evitar excesos de consumo en determinados momentos, según confirman fuentes del Gobierno.

Hasta el 1 de julio de 2020 en España existía un mecanismo de respaldo al sistema eléctrico en situaciones de necesidad conocido como subastas de interrumpibilidad. El Gobierno comprometía una cantidad de dinero con la industria a cambio de que esta estuviese disponible en momentos de alta demanda. El mecanismo dejó de utilizarse –a excepción de las islas, donde sigue vigente— a petición de Bruselas, que lo consideraba contrario al mercado único y al esquema de ayudas de Estado.

Con la crisis energética, el Gobierno ha decidido retomar esta medida pero con un nuevo diseño, según explican desde el Ejecutivo. A falta de conocer los detalles concretos, el nuevo mecanismo podría extenderse más allá de las grandes empresas de energía, que eran las principales receptoras de la antigua fórmula, al resto de la demanda, como propuso el Gobierno vasco en las ‘alegaciones’ enviadas al Ministerio para la Transición Ecológica para la elaboración del Plan de Contingencia.  

La intención del Ejecutivo es que la medida entre en vigor con rapidez, aunque al tratarse de un cambio regulatorio será objeto de aprobación por parte del Consejo de Ministros. Este mecanismo es, de hecho, una de las principales condiciones que establece el Gobierno para autorizar el cierre de la segunda parte de la central de carbón de As Pontes, junto a la vuelta a producción de las centrales de cogeneración.

Según Red Eléctrica la posibilidad de apagón eléctrico en España es ínfima, explican fuentes del mercado. No obstante, estas mismas fuentes añaden que el operador del sistema eléctrico ha pedido a las empresas propietarias de las plantas de generación (por ejemplo, el caso de los ciclos combinados) que comuniquen las operaciones de mantenimiento de sus centrales y tengan en cuenta la "compleja situación actual" a la hora de programar este mantenimiento.

Ayudas a la industria

El sector industrial de pleno pidió al Ejecutivo retomar un esquema como el de la interrumpibilidad, así como su extensión al gas, para “incentivar” parones en el sector, en vez de cortes obligados de su actividad, según explica Carlos Reinoso, el director general de Aspapel, una de las principales organizaciones de la Alianza por la Competitividad de la Industria Español que agrupa al sector de la automoción, el refino, el sector papelero, la industria química y farmacéutica, alimentación y bebidas, cemento, materias primas minerales y siderurgia.

También los grandes consumidores electrointensivos agrupados en la Asociación de empresas con gran consumo de energía (AEGE), que llevan reclamando este esquema desde su desaparición hace dos años, reconocen que “ahora tiene más sentido que nunca”, según su director general, Fernando Soto. De hecho, Soto recuerda como el pasado 24 de julio de 2021 se produjo un apagón eléctrico en España que duró alrededor de una hora en algunos lugares, a raíz de un fallo en la interconexión de Red Eléctrica (REE) con Francia.

Por otra parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anunció hace unas semanas que el Gobierno trabaja con Bruselas para aumentar el umbral máximo de las ayudas compensatorias por costes de emisiones de CO2 para próximas convocatorias, tras haberlas elevado hasta los 244 millones en mayo de este año. Ese es el nivel máximo autorizado por la Comisión Europea. En 2021 el Gobierno adjudicó 179 millones de euros por este concepto, del que se beneficiaron 170 empresas.

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