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Xunta

Galicia echa un pulso al Gobierno y prepara su propia ley para asumir la gestión del litoral

El Ejecutivo autonómico apuesta por esta vía para sortear la negativa de Moncloa a ceder las competencias a la comunidad sin modificar previamente el Estatuto | El sector mar-industria avala la “justa” iniciativa gallega

Alfonso Rueda. XUNTA DE GALICIA

La Xunta ha decidido pasar a la ofensiva en la pugna que mantiene con el Gobierno central por las competencias del litoral. Moncloa se niega a traspasarlas a la comunidad autónoma por entender que, como paso previo, primero es necesario reformar el Estatuto de Autonomía para darle amparo legal. Pero el Ejecutivo autonómico sostiene que no hace falta tal modificación del marco estatutario. Y ante la ausencia de respuesta por parte de Madrid a las reiteradas reivindicaciones gallegas, el Consello de la Xunta dio este jueves el primer paso para hacerse con la gestión del litoral al autorizar la elaboración de una ley específica para conseguir tal objetivo. El acuerdo es todo un desafío al Gobierno central, aunque el presidente gallego, Alfonso Rueda, indicó que no pretende abrir un litigio judicial con Moncloa y, en cambio, sí espera diálogo para llegar a acuerdos.

La asunción de la gestión del litoral es de capital importancia, pues, en caso de que prospere la anunciada ley, la Xunta tendría competencias, ahora en manos del Gobierno central, para intervenir en las autorizaciones, prórrogas y concesiones de las actividades e instalaciones asentadas en la costa, así como en el planeamiento. Como trasfondo de esta norma, Galicia quiere esquivar la interpretación “cada vez más restrictiva” que el Gobierno hace de la Ley de Costas y del recién reformado reglamento general, que supone, entre otras consecuencias, que en la práctica se elimine la posibilidad de prórrogas extraordinarias para las industrias del mar o que quede vetado el cambio de usos en las construcciones abandonadas en el litoral, lo que dificulta su recuperación y rehabilitación.

Las mejores perspectivas que esta anunciada ley autonómica para asumir la ordenación y gestión del litoral son tales que el sector mar-industria celebra la iniciativa de la Xunta, a la que califica como “justa”, por tratar de frenar los efectos “perjudiciales” de la Ley de Costas. En estas consecuencias perniciosas para la actividad del mar en Galicia también coinciden BNG y PSdeG.

Dictamen del Consultivo

¿En qué se ampara el Ejecutivo gallego para lanzar este desafío y pretender asumir las competencias de ordenación del litoral mediante una ley propia? Rueda indicó que tanto la Asesoría Xurídica de la Xunta como el Consello Consultivo –en un dictamen ad hoc– ratifican que el Estatuto de Autonomía tal como está redactado ya otorga esta capacidad de gestión sin necesidad alguna de reformar el marco estatutario, como pide Moncloa. Y ese dictamen obra en poder del Gobierno central, ya que fue entregado por Rueda a Pedro Sánchez en la reunión de julio, pero como desde entonces no se ha recibido respuesta a la demanda del traspaso de las competencias, ahora se explora otra vía, la de una ley, como “reacción” a ese silencio, dijo Rueda.

Se abrirá un periodo de un mes para consulta pública, como es preceptivo, en el cual todos los ciudadanos pueden aportar sugerencias. Posteriormente, se elaborará un primer borrador escuchando a los sectores afectados que se someterá a la aprobación del Consello y finalmente llegará al Parlamento. Solo cuando se ratifique en la Cámara podrá ser recurrido ante el Constitucional, si bien la Xunta tiende la mano al Gobierno para llegar a un acuerdo y evitar la pugna judicial.

La ley que propone Galicia pretende dar solución a “proyectos estratégicos” con inseguridad jurídica, tendrá una perspectiva “económica, ambiental y social” y servirá para “concretar la franja costera” sobre la que Galicia “tiene competencia”, “establecer usos que puede albergar, identificar actividades estratégicas y ordenar el desarrollo”, junto con “establecer criterios para nuevas concesiones en el litoral” y “simplificar trámites administrativos” para permisos de actividad en el litoral.

“Nadie conoce mejor Galicia”

La normativa, indicó Rueda, se promueve con el fin de otorgar seguridad jurídica a los titulares de instalaciones ya existentes en el dominio público marítimo-terrestre o que quieran implantarse en ella, y definir para tal fin qué actividades y usos puede albergar cada zona de la costa a través de una planificación por tramos según las características de cada una.

“No es admisible que se nos diga que no tenemos ningún derecho a tener ninguna opinión para mejorar el litoral. Nadie conoce la costa gallega mejor que los propios gallegos”, sostuvo Rueda al terminar el Consello, quien advirtió, en contraposición, que el Gobierno sí ha aprobado el traspaso para otras comunidades autónomas.

Casi 35 millones para crear las 3.400 plazas en guarderías municipales

Si el miércoles en el Parlamento, el presidente avanzaba que la Xunta subvencionaría la creación de 3.400 plazas en guarderías municipales, este jueves el Consello aprobó la orden por la que se regulan estas ayudas, que serán por importe de 34,8 millones de euros, procedentes de la UE, a distribuir hasta el 15 de septiembre de 2024, pero también tendrán carácter retroactivo para las creadas desde enero del pasado año. Las actuaciones que se financien con fondos autonómicos podrán ser tanto centros de nueva construcción como rehabilitaciones de edificios ya existentes.

Por cada plaza que se creara el pasado año y durante el actual, las subvenciones serán de 9.200 euros, mientras que las de 2023 ascenderán a 10.000 euros y las de 2024, bajarán a 6.100, según indicó Rueda.

El Consello también aprobó otra medida anunciada el miércoles en sede parlamentaria, la convocatoria de la segunda edición del Bono Activa Comercio, un programa de ayudas con una inversión de 5 millones de euros (y la previsión de movilizar más de 17 millones de euros).

Por otra parte, Rueda advirtió de que “debilitaría mucho” a Galicia no presentar una candidatura única para que en alguno de los municipios gallegos se instale la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, por lo que llamó a candidatura de consenso.


El sector mar-industria de Galicia, inmerso precisamente estos días en una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para tratar de frenar los efectos “perjudiciales” de la Ley de Costas, ve “justa” la norma con la que la Xunta busca sortear esta situación.

Así lo destacó el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, al término de una reunión con el grupo parlamentario popular, y en representación del complejo mar-industria, desde cocederos hasta cofradías, pasando por las conserveras. El sector recibió el apoyo del PP, como también se lo brindaron antes el BNG y del PSOE.

Completada la aprobación de los currículos educativos

Ya con el curso escolar empezado, el Gobierno gallego completó este jueves la aprobación de los currículos que quedaban pendientes, Primaria, Secundaria y Bachillerato, que refuerzan algunas materias y ratifican las notas numéricas pese a la eliminación hecha a nivel estatal.

El Ejecutivo gallego atribuye la tardanza a la aprobación total de los currículos al Gobierno central y a la aplicación de la nueva ley educativa, la Lomloe, sobre la que Rueda se reafirmó en que se aplicará de la forma más “laxa” posible en las cuestiones en las que discrepan.

Los currículos aprobados ayer –de igual contenido que los borradores dados a conocer en abril– refuerzan matemáticas, tecnología y digitalización en la enseñanza obligatoria y en Bachillerato se incorporan más competencias en geografía, arte, historia y patrimonio de Galicia.

Preguntado por el apartado sobre los conciertos con escuelas que segregan por sexo y sobre la aplicación de las notas numéricas y la promoción de curso con suspensos, Rueda sostuvo que se “verá su aplicación” y que, en todo caso, se cumplirá con la normativa siempre de la forma “más laxa” posible. Según dijo, la normativa da lugar a algunas “interpretaciones” y, por lo tanto, se hará una aplicación con el fin de “amortiguar” la normativa en las cuestiones en las que el Gobierno gallego “no está de acuerdo”.


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