El Banco Central Europeo (BCE) comenzará este jueves a pagar a los bancos por guardarles el dinero por primera vez desde diciembre de 2011. La medida, destinada a drenar liquidez de la economía para combatir la inflación, ha sido largamente anticipada por las entidades financieras, que desde hace meses prevén comenzar a pagar a los clientes por sus depósitos a partir de la vuelta de este verano. El vicepresidente de la autoridad monetaria, Luis de Guindos, ha animado este lunes a dichos clientes a tomar ya la iniciativa: "Si ustedes son ahorradores y tienen una cuenta corriente o un depósito a plazo, yo me iría al banco a pedirle: oiga, actualíceme usted la remuneración". 

Durante su intervención en un acto de 'El Norte de Castilla', el exministro de Economía ha afirmado que la subida de los tipos de los depósitos "llegará relativamente rápido". De confirmarse, se romperá una tendencia prácticamente ininterrumpida a la baja en el interés del pasivo de 14 años, iniciada en octubre de 2008 tras el estallido de la Gran Crisis Financiera. Para reactivar la economía de la zona euro, el BCE comenzó a cobrar a los bancos por guardarles el dinero en junio de 2014, lo que ha provocado que la remuneración media de los nuevos depósitos de las familias está por debajo del 0,1% desde octubre de 2017. Ahora, en cambio, les va a pagar un 0,75%, que será más en los próximos meses a medida que siga subiendo los tipos de interés oficiales, lo que se irá trasladando selectiva y limitadamente a los clientes.

El número dos del BCE también ha valorado que los hogares españoles tengan ya casi un billón de euros depositados en los bancos (997.446 millones al cierre de julio, un 17% más que antes de la pandemia). "Es un buen dato porque va a permitir que el consumo no colapse a pesar de todas las incertidumbres y porque tienes una bolsa de recursos que, en cuanto la situación se vaya normalizando, buscará alternativas que también tendrán un impacto positivo en la actividad", ha sostenido. 

Menos crédito y más caro

Guindos, asimismo, ha sido preguntado sobre el 'impuesto' a los bancos impulsado por el Gobierno y, si bien ha dicho desconocer sus detalles y no querer entrar en cuestiones de política nacional, ha dejado más que entrever el rechazo del BCE. El banco central, ha recordado, se opone a tributos al sector financiero que afecten al coste de financiación de empresas y familias, al crecimiento del crédito y a la solvencia de las entidades. Así lo hizo en 2019 ante un impuesto a la banca en Lituania, ha continuado, y si bien sus valoraciones no son vinculantes para los países, "tienen el valor de ser la opinión del supervisor".

Precisamente, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) -laboratorio de ideas ligado a la CEOE y de cuya junta directiva forman parte la patronal bancaria AEB y la fundación de cajas de ahorro Funcas- ha publicado este lunes un informe en contra del 'impuesto' encargado a siete catedráticos de derecho financiero y tributario (entre ellos el expresidente del Tribunal Constitucional Álvaro Rodríguez Bereijo). "Hay numerosos argumentos que nos permiten concluir que es un impuesto ilegal y difícilmente constitucional", ha resumido Iñigo Fernández de Mesa, presidente del instituto y secretario de Estado en el Ministerio de Economía en época de Guindos. 

El IEE calculó antes de las vacaciones que el gravamen tendrá un coste para la economía de 2.200 millones de euros de PIB y unos 35.000 empleos. La banca, por su parte, estimó la semana pasada que reducirá su capacidad de dar créditos por valor de 50.000 millones de euros, lo que hará que la economía deje de crecer en unos 3.900 millones de euros en los dos próximos años (en torno al 0,32% del PIB con datos de 2021) y que se dejen de crear entre 25.000 y 35.000 puestos de trabajo (con lo que el número de ocupados perderá un crecimiento de entre el 0,12% y el 0,17%, con datos de la EPA del cierre de junio).

Ofensiva contra el impuesto

El sector ha elevado su ofensiva contra el 'impuesto' ahora que va a comenzar su tramitación parlamentaria. El pleno del Congreso tiene previsto debatir su toma en consideración este martes y el Gobierno confía en verlo aprobado antes de que acabe el año gracias al apoyo de la mayoría de izquierdas en el Parlamento. Fuentes financieras apuntan que en el sector está en debate si aportar o no enmiendas a los grupos parlamentarios para tratar de mejorar el texto que finalmente sea aprobado. 

Los que rechazan hacerlo argumentan que el texto sin mejoras sería más fácil de tumbar en los tribunales. Será, en cualquier caso, un proceso largo, de hasta ocho años. Al tratarse de una proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos, los únicos que podrían llevar la norma al Tribunal Constitucional, una vez aprobada, serían los grupos parlamentarios o un colectivo de al menos 50 diputados o 50 senadores. El sector considera muy poco probable que PP o Vox asuman el desgaste electoral de hacerlo. 

Lo que parece más probable es que los bancos tengan que esperar a que Hacienda les pase la primera liquidación adelantada del 'impuesto' en febrero del año que viene para llevar el asunto a los tribunales. Entonces las entidades podrán recurrirlo, alegar que va en contra de la carta magna y pedir a los jueces que lo eleven al Constitucional. De aceptarlo el juez y admitirlo a trámite el Constitucional, dicho tribunal "tardaría entre seis y ocho años en resolver", apuntan fuentes financieras.