Tan lejana se vislumbra la posibilidad de que los peajes regresen a las carreteras españolas tal como los conocemos, como definida está la fórmula alternativa. Porque exactamente un año después de que cuatro icónicas autopistas catalanas quedaran libres de peajes, todavía no hay plan sobre la mesa. Lo único que está claro es que el Gobierno tiene que haber dado con un sistema de pago por uso de cara a 2024, uno de los compromisos que adquirió con Bruselas para recibir su parte de los fondos europeos ‘Next Generation’. La cuestión es que difícilmente cumplirá plazos: a año y medio de esta fecha límite, todavía no hay ninguna opción sobre la mesa y la única postura oficial del departamento responsable es “no hacerlo a corto plazo”. El plan es actuar una vez superadas las elecciones del año que viene.

“Con la situación macroeconómica global y con la lucha contra la inflación, no es oportuno abordar el tema, pero sí que hay compromiso de estudiar alternativas de una forma técnica y rigurosa que puedan ser compartidas”, ha sintetizado este miércoles fuentes del ministerio. “No es para esta legislatura, pero sí que queremos tenerlo estudiado”, añaden.

Es decir que el plan del Gobierno, que de hecho ha encargado ya a la consultora pública Ineco empezar con el estudio que les planteará todas las posibilidades y un calendario para desplegarlas, es llegar a las elecciones de finales de 2023 con algo más de claridad en el asunto. Por ahora, trabajan con la idea de que la responsable de estos informes los tenga efectivamente listos el año que viene.

Las opciones no son nuevas: puede ser una viñeta (una especie de tarifa plana) o un sistema de pago en función de los kilómetros que se recorran. “Casi todos los países que han acabado implantando el pago por uso han pasado antes por una viñeta”, recuerdan estas mismas fuentes, que no descartan, tampoco este escenario. En cualquier caso, más allá del modelo, también se tiene que decidir qué vías entrarían en el plan de pago o como entrará en todo esto la red autonómica. “También hay una decisión política en torno a cuál es el modelo de financiación al que aspiramos”, completan.

Balance positivo

Lo que tienen claro desde el ministerio es que el balance del primer año de la AP-7 y la AP-2 sin peajes es positivo. “Se ha producido un cambio de hábitos en la movilidad, porque la gente lo que hace es lo que les es más favorable: si pueden hacer más distancia, más cómodos y seguros, cogerán la autopista”, señalan estas fuentes, que atribuyen el incremento del tráfico (de más del doble en el caso de la AP-2, por ejemplo) a esta situación.

En este sentido, y también en relación a los accidentes, el Gobierno planea invertir 1.050 millones de euros en actuaciones para mejorar enlaces, funcionalidad y circulación en general. También se han mostrado abiertos a valorar cualquier opción que le planteen otros agentes implicados en el sector como el Servei Català de Trànsit, que ha propuesto reducir la velocidad máxima en determinados tramos de la AP-7.

“Como titulares de la vía estamos trabajando desde que cayó el peaje para que la AP-7 y la Ap-2 puedan ser más resilientes ante un accidente, mejoren su funcionalidad y sean más seguras y accesibles”, concretan fuentes del ministerio, que también han invertido hasta la fecha 60 millones de euros en mantener la vía y que calculan que los conductores se han ahorrado en total desde el 31 de agosto del año pasado, 600 millones de euros al utilizaras gratis.