El número de horas extras trabajadas y no pagadas en España sigue subiendo y en el segundo trimestre se situó a niveles del confinamiento de 2020, cuando gran parte de la población pasó a trabajar desde sus casas y la frontera entre la oficina y la vida privada quedó difuminada. Así lo constatan los últimos datos de la encuesta de población activa (EPA), que muestran que el 49% de las horas extra no se pagan en España. Es el nivel más alto desde el segundo trimestre del 2020 y, obviando el periodo covid, el mayor porcentaje de los últimos cinco años, según los registros del INE. Dicho fraude laboral afecta a medio millón de empleados en todo el país, perjudica en mayor medida a las mujeres que a los hombres y, para atajarlo, el que el Ministerio de Trabajo está desplegando un algoritmo específicamente diseñado del que los inspectores consultados todavía no tienen conocimiento.
13 millones de horas se trabajan mensualmente en España y las empresas no las pagan. Es la mayor cifra desde el segundo trimestre del 2020, cuando el primer estado de alarma multiplicó los alargamientos de jornada no pactados ante las dificultades para conciliar la vida profesional y la familiar de muchos trabajadores, que convirtieron a prisa y corriendo la mesa del comedor en el escritorio del trabajo.
Según una encuesta elaborada por la consultora Hays, el 61% de los empleados que teletrabajaban entonces hacían horas extra de manera recurrente y ni las cobraron, ni las compensaron con festivos. Ahora, con un porcentaje menor de trabajo a distancia, las horas extras y las no remuneradas repuntan con fuerza. Alargamientos de jornada y de récord de empleos vacantes, por un lado, mientras España, con 2,8 millones de parados, sigue ostentando la tasa más alta de la Unión Europea.
El fraude de los alargamientos de jornada no remunerados es una constante en el mercado laboral que se rige por el principio del acordeón. Se contrae durante las épocas de menor actividad económica y repunta cuando el PIB va al alza. No en balde los trimestres con mayor número de horas extra se concentran en los compases previos al estallido de la doble burbuja inmobiliaria y financiera o en el inicio de la recuperación tras la Gran Recesión. El récord de horas extraordinarias no pagadas está registrado en el segundo trimestre del 2008, cuando se alcanzaron los 15,7 millones de horas al mes.
"Ese repunte de las horas extras y de las horas extras no pagadas lo que muestra es que está aumentando la informalidad. Hay empresarios que, ante la incertidumbre de qué pasará en los próximos meses, prefieren obligar a sus trabajadores a alargar la jornada que contratar de nuevos. En el segundo semestre, cuando está previsto que baje la actividad, volverán a bajar las horas extras", afirma el secretario de trabajo de CCOO de Catalunya, Ricard Bellera. "Evidencia la incapacidad de muchos empresarios de entender que otros modelos laborales son posibles y tiran de la oportunidad", añade.
El registro de jornada no da la hora
Y pese a que los recientes gobiernos han intentado poner coto a esta mala práctica empresarial -que ahorra sueldos a las direcciones y agudiza las brechas entre hombres y mujeres-, de momento no han conseguido residualizarla. En 2019 el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez, con Magdalena Valerio al frente del Ministerio de Trabajo, aprobó la obligatoriedad del registro de jornada. Desde entonces las empresas deben legalmente llevar un control de las horas que realizan sus empleados y evitar así las horas extras no remuneradas.
Tres años después de entrar en vigor la norma, la mitad de las empresas no pasan una inspección y la proporción de jornadas no pagadas sigue ligada a los ciclos económicos. Y, según el estudio elaborado por la empresa de recursos humanos Kenjo, tres de cada 10 empresas en España carece de registro horario pese a ser obligatorio.
"El registro de jornada es una herramienta útil, nos ayuda a los inspectores a perseguir el fraude en horas extras", afirma la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo (SITSS), Ana Ercoreca. Esa regulación, sumada a la cada vez mayor dependencia tecnológica de muchos trabajos, son nuevas herramientas a favor de los inspectores. "Si una persona trabaja utilizando un ordenador podemos comprobar si está operativa en horas fuera de su jornada a través de la conexión VPN", explica Ercoreca.
No obstante, reconoce que no es suficiente para evitar que la mitad de las horas extraordinarias no se paguen, pues si bien ahora cuando hay una inspección es más fácil detectar el fraude, el problema es la falta de manos para hacer esas inspecciones. Según la memoria del cuerpo del 2020, en España hay 2.005 efectivos, entre inspectores y subinspectores, para vigilar las condiciones de más de 20 millones de trabajadores, es decir, 1 inspector por cada 10.000 trabajadores.
Brecha de género
El nuevo intento del actual Gobierno y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es reforzar la Inspección de Trabajo para controlarlo. La herramienta elegida consiste en un algoritmo específicamente creado para ayudar a los inspectores en el rastreo y detectar antes de personarse en el centro de trabajo si hay indicios de que allí se trabajan horas y no se pagan.
Dicho algoritmo -bautizado como MAX (Más algoritmos para menos horas extras)- fue anunciado a principios de junio y los últimos datos de la EPA no permiten medir si está o no funcionando. Para ello habrá que esperar a la EPA del tercer trimestre, que medirá los tres primeros meses en vigor del algoritmo. De momento, desde el SITSS dicen no haber recibido hasta la fecha instrucción alguna sobre cómo funciona MAX.
La proporción de horas extra trabajadas pero no cobradas no tiene igual incidencia entre hombres y mujeres. Un total de 880.500 empleados en toda España realiza de manera recurrente horas extra. Entre estos, unos 453.000 las trabajan pero no las cobran y ello es más frecuente entre las trabajadoras. Si entre ellos el total de horas extras no pagadas representa el 45,1% de las horas extras trabajadas, entre ellas dicho porcentaje se eleva 10 puntos, hasta el 55,7%. Ello se explica, en parte, por la frecuencia de esta práctica entre determinadas profesiones, como, por ejemplo, las actividades científicas o la educación, donde más del 70% de las horas extras no se pagan y entre los dos gremios suman casi un tercio del total de jornadas extraordinarias no remuneradas.
