El Gobierno activa el proceso para lanzar el nuevo impuesto para grandes energéticos y grandes bancos. PSOE y Unidas Podemos presentarán este jueves en el Congreso la proposición de ley que servirá para arrancar la tramitación para poner en marcha el nuevo impuesto temporal a los beneficios extraordinarios de los gigantes de ambos sectores con el objetivo de recaudar 7.000 millones de euros en dos años, con los que financiar las medidas adoptadas por el Ejecutivo para paliar el impacto de la espiral inflacionista sobre hogares y empresas.
El Ministerio de Hacienda, el departamento encargado de desarrollar el diseño técnico del nuevo impuesto durante las últimas semanas, no ha desvelado hasta ahora las condiciones del nuevo gravamen, ni el tipo impositivo que se aplicará, ni la base imponible concreta que se utilizará para calcular esos beneficios extra ni tampoco cuánto acabará afectando a cada compañía. A pesar de todas esas incógnitas, las grandes eléctricas niegan tener los beneficios extraordinarios que el Ejecutivo pretende recortar.
Iberdrola y Endesa, las dos mayores eléctricas del país, aprovecharon este miércoles la presentación de sus resultados semestrales para avisar al Gobierno de que no encontrará los beneficios extra que asegura querer gravar para evitar que las grandes compañías se aprovechen de la crisis energética y de la espiral de subidas de precios. De hecho, ambas compañías esgrimen directamente la caída de beneficios que están registrando en el mercado español en lo que va de año.
Iberdrola registró el mejor semestre de su historia, con un beneficio neto de 2.075 millones de euros hasta junio, con un fuerte incremento del 36%. Pero el grupo asegura que el fortísimo crecimiento de las ganancias se debe al tirón del negocio internacional en Estados Unidos, Brasil y Reino Unido, y alerta del frenazo de su actividad en España. La eléctrica destaca que el beneficio neto en España ha caído un 26% entre enero y junio debido a “los altos precios de la energía que no se han traspasado a los clientes con contratos a precio fijo acordados previamente”.
Endesa, por su parte, obtuvo hasta junio un beneficio neto de 916 millones, un 10,1% más debido al impacto extraordinario de la venta parcial de su negocio de movilidad eléctrica a su matriz Enel. Sin contabilizar esa operación, subraya la eléctrica, el beneficio neto ordinario cayó un 11,8% a junio respecto al año anterior, hasta los 734 millones, reflejándose la mala evolución del negocio en España. Endesa destaca que vende más energía de la que produce y por ello necesita comprar energía en el mercado, así que se ve golpeada si la electricidad está cara.
Señalar a los rivales
"Las compañías que están aumentando sus beneficios en Europa son las gasistas y las petroleras, no las eléctricas integradas", sentenció el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en una conferencia con analistas señalando de manera implícita a rivales como Naturgy o Repsol como ganadores de la crisis. "Nosotros no tenemos beneficios extraordinarios. El de gasistas y petroleras no es el mismo caso", apuntó.
Las eléctricas han venido insistiendo durante los últimos meses en negar la existencia de los beneficios millonarios que el Gobierno dice querer recortar, ya que tienen vendida toda su producción de electricidad con mucha antelación y a precios muy inferiores a los que marca el mercado eléctrico y, por ello, no se están beneficiando de las subidas. Iberdrola asegura que pare este año ya tiene vendido el 100% de producción, mientras que para 2023 ha alcanzado el 80%, el 60% para 2024 y el 40% para 2025.
“Estamos pendientes de conocer los detalles del mismo para evaluarlo, pero quiero reiterar que no obtenemos beneficios extraordinarios en esta coyuntura, cumpliendo con la legislación aprobada en los últimos meses”, subrayó José Bogas, consejero delegado de Endesa, en un encuentro con analistas para presentar las cuentas semestrales. Y es que el Gobierno ya ha venido aplicando una batería de medidas durante el último año para contener la subida de precios eléctricos, incluido un control de los precios fijados en los contratos firmados por las compañías para evitar precisamente esos beneficios extra aprovechando la subida de precios.
El control del Gobierno
El Gobierno exige a las eléctricas demostrar de manera fehaciente que no están aprovechándose de los precios altos del mercado para vender la electricidad producida con nuclear, hidráulica y renovables incluyendo el encarecimiento del gas natural, cuando no soportan ese coste. Desde hace meses el Ejecutivo les obliga a desvelar datos de miles de contratos sobre los precios a los que venden su producción, y si están suscritos por encima de un precio máximo fijado (de 67 euros por megavatio hora, MWh) tienen que devolver la diferencia.
Un control que es más exhaustivo en el caso de las grandes eléctricas, vigilando los contratos entre filiales de la misma corporación y estudiando el precio que cobran al cliente final por si ocultan esos beneficios extraordinarios en el último eslabón de la cadena de valor. Este tipo de medidas de momento no se han venido aplicando a gasistas y petroleras.
Las grandes eléctricas como Iberdrola o Endesa cuentan con planes estratégicos para los próximos años que anticipan mejoras de beneficios cada año, que las eléctricas achacan al esfuerzo de inversiones milmillonarias que realizarán para acelerar el despliegue de renovables y la mejora de sus redes, y a pesar del deterioro de su actividad de comercialización de luz en el mercado español. Iberdrola ha confirmado su objetivo de alcanzar un beneficio récord de entre 4.000 y 4.200 millones al cierre del año, y Endesa mantiene su previsión de obtener un beneficio neto ordinario de 1.800 millones.
Recaudar 7.000 millones
Según confirmó el presidente Pedro Sánchez en el Debate sobre el Estado de la Nación, el plan del pasa por crear un nuevo tributo para gravar los beneficios extraordinarios, que según subraya el Ejecutivo, están obteniendo por eléctricas, gasistas y petroleras con las subidas de precios en plena crisis energética y las entidades financieras anticipando la subida de tipos de interés que prepara el Banco Central Europeo (BCE).
Las previsiones del Gobierno contemplan que con el nuevo impuesto, que se pretende activar en 2023, se podrá recaudar en dos años en torno a 4.000 millones de euros en el caso de las grandes energéticas (las que facturan más de 1.000 millones anuales) y otros 3.000 millones de las entidades financieras. Las voces críticas con los nuevos tributos del Ejecutivo, de la oposición política al ámbito empresarial, advierten de que la imposición de esta subida fiscal acabarán pagándola los clientes porque las empresas y los bancos se lo repercutirán en el precio que les cobran o las comisiones que les aplican.
El Gobierno dice querer evitarlo. Hacienda ha anticipado en las últimas semanas que el texto de la futura ley incluirá la prohibición expresa de que las empresas y bancos que paguen el nuevo impuesto trasladen ese impacto al consumidor final. La futura normativa servirá también para encomendar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) la vigilancia del comportamiento de las grandes energéticas -eléctricas, petroleras y gasistas- y de los grandes bancos y también para dar poderes al organismo para aplicar sanciones a las firmas que incumplan la ley y repercutan al cliente el coste del impuesto.
