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España vaciada

La banca plantea poner cajeros en municipios de más de 500 habitantes

Las patronales proponen al Gobierno instalar estos dispositivos si no existe otra vía de acceso al efectivo y compartir el coste

La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño; el presidente de la CECA, Isidre Fainé; y la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán. EPC

Novedades en la negociación entre el Gobierno y la banca para elaborar un plan de medidas que mejore el acceso a los servicios financieros básicos, particularmente al efectivo, en la España rural. Las entidades financieras han propuesto al Ministerio de Economía instalar cajeros automáticos en los municipios de más de 500 habitantes que carezcan de otra vía de acceso a los servicios financieros (como las oficinas móviles o 'ofibuses'), según ha podido saber EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, medio del grupo Prensa Ibérica al que también pertenece este diario. Eso sí, han reclamado compartir el coste con el sector público y han condicionado la iniciativa a que haya espacios físicos adecuados, acceso a internet y se cumplan los requisitos de seguridad necesarios, para lo que también han pedido la contribución de las administraciones.

El planteamiento inicial de las patronales AEB (bancos), CECA (antiguas cajas de ahorro) y UNACC (cooperativas de crédito) era instalar cajeros en todos los municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes que no contaran con uno y en algunos municipios de más de 700 vecinos. Economía, sin embargo, les reclamó bajar el umbral a todos los municipios de más de 500 habitantes, así como utilizar en los de menos de 500 la red de carteros rurales para prestar servicios financieros, según apuntan diversas fuentes al tanto de las negociaciones. El ministerio, añaden, les trasladó también que quería que el sector asumiera el coste de desplegar las medidas.

Las conversaciones venían avanzando desde hace semanas y la idea era presentar el plan antes de las vacaciones, como reconoció hace unas semanas la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, y ratificó este jueves la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. El inesperado anuncio este martes por parte de Pedro Sánchez de un impuesto específico al sector, sin embargo, ha frenado los trabajos y enturbiado el ambiente. Tal es el enojo en la banca que hay voces que abogan por romper las negociaciones, pero la idea que prevalece es que habrá que seguir adelante ya que las entidades no se pueden permitir tener al Ejecutivo en contra.

665.000 afectados

La base del plan es un informe que las patronales encargaron a Joaquín Maudos (catedrático de análisis económico de la Universitat de València y director adjunto de investigación del Ivie), presentado el pasado martes. Como adelantó este diario, sus principales conclusiones son que en torno a un 3,3% de la población (1,56 millones de personas, con datos del cierre de 2021) reside en poblaciones sin sucursal bancaria, aunque sí con alguna otra vía de acceso físico a los servicios financieros básicos. En cambio, el 1,4% de la población (cerca de 665.000 españoles) no tiene acceso al efectivo en su municipio. 

Sobre este último colectivo de poblaciones se planea desplegar los mayores esfuerzos, ya que además de estar más desatendidas, presentan en muchos casos una edad media de los habitantes entre siete y ocho años superior al conjunto del país, así como un nivel de renta algo más bajo. Los bancos han planteado al Gobierno segmentar dichos municipios según sus habitantes y proponen un menú de medidas distintas en función del tamaño de la población. 

De 18 a 36 meses

Así, su propuesta inicial era instalar en un plazo de 18 meses cajeros en todos los municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes que no contaran con uno. Para los de entre 500 y 1.000 habitantes, planteaban desplegar en 24 meses cajeros automáticos (para algunos municipios de más de 700 vecinos), la red de agentes financieros (profesionales que actúan en nombre y representación de una entidad de crédito sin pertenecer a la misma), las oficinas móviles (los llamados 'ofibuses') y los carteros rurales.

Respecto a esto último, las patronales están negociando con Correos extender la utilización de su red de 6.000 carteros rurales para asegurar el acceso a servicios bancarios básicos en todos los municipios desatendidos mediante el servicio 'Correos cash'. Dicha red, además, permite la retirada de efectivo sin necesidad de usar la aplicación o 'app' móvil del banco, sino mediante un dispositivo que lleva el empleado postal, lo que favorece a los clientes bancarios que no están habituados a operar por medios digitales. 

Retirada en tienda

El Gobierno quiere que esta sea la opción preferente en los municipios de menos de 500 habitantes. La banca la contemplaba, pero junto a otras opciones como las oficinas móviles (que adaptarían sus rutas actuales para cubrir municipios por los que ahora no pasan), así como los servicios de 'cashback' y 'cash-in-shop' (retirada o depósito de efectivo en ayuntamientos rurales o establecimientos comerciales, como gasolineras, farmacias o tiendas). En este caso, el plazo sería de 36 meses

Como sucedió en el plan para los mayores del pasado febrero, las patronales plantean que cada entidad adopte las medidas que considere apropiadas. Asimismo, recuerdan que la exclusión financiera es solo una variante más de la ausencia de servicios esenciales que ha incidido en la despoblación de zonas rurales, por lo que piden colaboración público-privada y reparto de costes.

También han trasladado al Gobierno su compromiso de hacer un seguimiento continuado del cumplimiento del plan y elaborar un estudio anual, realizar una revisión integral del mismo a los cinco años, lanzar proyectos pilotos para evaluar la eficacia de las medidas, y continuar formando a sus clientes en habilidades digitales.

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