El Fondo Monetario Internacional (FMI) discrepa de las recetas aplicada por España para combatir la inflación. Lejos de las medidas generalizadas, reclama que los países con sistemas de protección social fuertes, como el caso de España -a la que no cita de manera individual- deberían centrarse en los colectivos más vulnerables. Eso supone una crítica a la subvención general de 20 céntimos en las gasolinas o el tope al precio del gas para frenar la escalada de la electricidad, así como los recortes en los impuestos que gravan la energía (desde el IVA hasta el tributo que grava la generación).
El organismo financiero internacional ha publicado en su blog unas recomendaciones de política fiscal para hacer frente a los efectos de la inflación en los ciudadanos. Y sus consejos son claros: evitar las bajadas de impuestos y subsidios generalizados y optar por las ayudas concretas a los grupos más vulnerables.
En la comunicación publicada, la institución hace un estudio de las medidas aplicadas por los distintos países para intentar limitar el impacto de la subida de precios en los combustibles y la alimentación. Entre las destacadas están la reducción de impuestos al consumo, como el IVA o los gravámenes especiales como el de la gasolina, la congelación o reducción de precios, como los 20 céntimos aplicados en España, o bajadas de otros impuestos, como el IRPF.
Señales de precios
El Fondo opina que este tipo de medidas no van bien encaminadas, ya que "las señales de precios son cruciales para permitir que la oferta y la demanda se ajusten e inducir una respuesta de la demanda, en la que los precios altos animen a las personas a ser más eficientes energéticamente". Y advierte de que los presupuestos de muchos países, cargados de deuda por las medidas extraordinarias durante la pandemia, no pueden permitirse dar ayudas generalizadas que acabarán, en parte, en manos de familias de ingresos altos que notarán un impacto mucho menor en sus cuentas particulares.
A juicio del Fondo, los apoyos públicos deben centrarse en dar ayudas a las familias más desfavorecidas, ya sea con subsidios puntuales -como aprobó Reino Unido- o ampliando de forma temporal la cuantía de programas sociales ya existentes, como rentas de inserción o ingresos mínimos.
Apoyos injustos
El organismo dirigido por Kristalina Georgieva entiende que las ayudas generalizadas resultan injustas, ya que "los hogares de ingresos más altos tienden a usar más combustible que los hogares de ingresos más bajos", dado que estos últimos usan en mayor medida transporte público, bicicletas o motos y hacen menos viajes de placer, lo que significa que las ayudas indiscriminadas al consumo de gasolina acaban provocando transferencias de los más pobres a los más ricos.
Este punto, de hecho, ha provocado discrepancias en el seno del mismo Gobierno y entre este y la oposición. El lunes, vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, propuso aplicar criterios de renta a la subvención de 20 céntimos a la gasolina y rebajar a 10 euros los bonos de transporte público para que las familias que no tienen un vehículo privado propio también puedan beneficiarse de ayudas.
El FMI destaca que la subida de los carburantes de este año está siendo mucho menor de lo que debería ser porque las cuentas públicas se están haciendo cargo de un tercio de los costes extras. El coste para las arcas públicas es mayor cuanto menos desarrolladas estén las economías en cuestión y más débiles sus estados, y los estados exportadores de petróleo llegan a asumir casi un 85% de los costes extras que deberían pagar sus propios ciudadanos.
Para el Fondo, estas medidas "desplazan gastos más productivos y reducen los incentivos para productores y distribuidores". En su opinión, si hay que dar subsidios a algún producto, es más importante subvencionar los alimentos básicos, para asegurarse de que ninguna familia se quede sin poder acceder a la nutrición necesaria.
