El Gobierno rechaza transferir a Galicia la gestión del dominio público marítimo terrestre en la costa. Alega que sin una reforma estatutaria previa la comunidad autónoma no puede asumir nuevas funciones en materia de ordenación del litoral, como sí lo hicieron Andalucía, Canarias, Cataluña y Baleares. De esta forma echa un jarro de agua fría sobre la demanda de la Xunta que quería tener potestad sobre los más de 2.000 kilómetros de perímetro costero incluyendo la capacidad para otorgar autorizaciones y concesiones.
De hecho, son varios los conflictos abiertos entre Xunta y Gobierno por la gestión del litoral como la caducidad de las concesiones en un plazo máximo de 75 años, que amenaza con el derribo a miles de casas y empresas en la costa, o el bloqueo que impone el reglamento general de costas a los cambios de uso de los inmuebles situados en zona de servidumbre de protección –una franja de cien metros de ancho en el rural a partir de la línea de playa y de 20 metros en suelo urbano–.
De ahí la importancia que tiene para Galicia tener competencias plenas sobre el litoral gallego. La demanda fue planteada a principios del pasado año y cuenta incluso con el visto bueno de los tres grupos con representación parlamentaria (PP, BNG y PSOE) que sellaron un pacto en la Cámara gallega en marzo de 2021 para recibir esta transferencia.
Aunque en una primera reunión con representantes del ministerio, la Xunta percibió “buena disposición”, en una respuesta por escrito en el Congreso al diputado de Unidas Podemos Antón Gómez-Reino el Gobierno es tajante: “La Comunidad de Galicia no puede asumir nuevas funciones en materia de ordenación del litoral sin una previa reforma estatutaria que le atribuya nuevas funciones específicas no contempladas en la versión inicial de su Estatuto de Autonomía, como ya efectuaron las comunidades de Andalucía, Canarias, Cataluña y Baleares”.
Sin traspasos nuevos
Así, explica que Galicia ya tiene atribuidas algunas competencias relativas al litoral como, por ejemplo, el control de los vertidos, pero añade que ampliar esas transferencias, tal y como pide la Xunta, no es posible con el actual Estatuto de Autonomía. La comunidad lleva trece años sin ningún traspaso nuevo.
La intención del Gobierno gallego era tener competencias plenas sobre el dominio público marítimo terrestre, donde se sitúan 5.000 edificaciones, entre las que hay colegios, estaciones depuradoras de aguas residuales, centros de salud, además de otros inmuebles vinculados al marisqueo, a la pesca o a los puertos. Según había esgrimido la Xunta, el traspaso a Galicia de la gestión de esta franja costera beneficiaría al conjunto de empresas del complejo mar-industria ya que al tener potestad sobre las concesiones se les daría una mayor seguridad jurídica.
La cesión a Galicia de las competencias en materia de costas pondría fin a un largo historial de conflictos con el Gobierno. Entre los últimos está la Ley de Cambio Climático, aprobada el pasado año, y que fija un máximo de 75 años para la permanencia de un edificio o una factoría en la zona de dominio público marítimo terrestre. Los dueños de estos inmuebles viven o trabajan en terrenos que no son de su propiedad sino que se trata de concesiones temporales. Con la nueva norma, si una empresa dispone de 50 años de concesión podrá solicitar otros 25, pero solo se le concederá la prórroga “de ser posible”. Y los que ya cuentan con un permiso por 75 años tendrán que abandonar la primera línea de playa cuando venza el plazo. El Ejecutivo gallego calcula que afectará a 3.800 edificios de la comunidad y 232 empresas, como conserveras, depuradoras y similares. De hecho, la aprobación de la ley ya generó una espantada de compañías situadas en dominio público. La Xunta llevó el conflicto al Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso.
La otra norma en conflicto es el reglamento general de costas, que veta el cambio de usos en las construcciones que se encuentran en la zona de servidumbre de protección. Esta prohibición choca con los planes de la Xunta que pretendía dar una segunda vida a 361 inmuebles de valor histórico, cultural o etnográfico reconvirtiéndolos en edificios para uso turístico.
