La relación del Gobierno con los grupos energéticos se tensa en plena crisis de precios y crece la desconfianza en torno al cumplimiento de las medidas excepcionales para contener la escalada. El Ejecutivo lleva meses demostrando que no se fía de que las energéticas y ha ido estableciendo controles específicos y exigiendo información adicional para asegurarse de que los grandes grupos no están consiguiendo ingresos extraordinarios por la subida de los precios (los famosos 'beneficios caídos del cielo').

El Gobierno pone bajo sospecha a las compañías y les exige “responsabilidad” y “arrimar el hombro” en un momento de crisis energética agudizada por la invasión militar de Rusia sobre Ucrania. La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, puso este jueves el foco en petroleras y eléctricas, y subrayó que se vigilan sus comportamientos y que ha instado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a hacer seguimiento de las conductas de las compañías en ambos sectores que puedan estar impidiendo bajar los precios.

Calviño amenazó con poner fin al descuento de 20 céntimos por litro de combustible si se constata que algunas petroleras están subiendo los precios del carburante para absorber la rebaja y, en la práctica, anularla. “Tenemos que ver qué medidas son más eficaces y cuáles no están funcionando para ajustarlas”, apunto la vicepresidenta en una entrevista con RNE. “Si vemos que alguna medida hace que se mantengan los precios porque los operadores están absorbiendo la ayuda, no seguiremos con esa ayuda”.

Desde el Gobierno se advierte de que se está haciendo un “seguimiento muy de cerca” del funcionamiento del mercado de carburantes y del mercado eléctrico para evitar que eventuales comportamientos de las compañías estén entorpeciendo la efectividad de las medidas adoptadas para contener la escalada de precios.

Hace apenas una semana, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, mostró su disposición a modificar el descuento de 20 céntimos por litro para todos los conductores, pero para sustituirlo por una bonificación en función del nivel de renta familiar de los ciudadanos para que la rebaja llegara específicamente a quien más lo necesitara. “Si tenemos que mantener el sistema de apoyo a los consumidores de combustible de automoción, lo justo y lo razonable es intentar centrar cuáles son las familias y cuáles los niveles de renta que merecen más apoyo. Hay que buscar que sea un sistema parecido a una tarjeta para concentrar el esfuerzo fiscal para ayudar a esas familias”, sentenció.

"Una eléctrica" no colabora

En paralelo, Calviño también criticó este jueves el retraso en el cambio en cómo se mide el precio de la electricidad en el cálculo de la inflación y que está haciendo que el IPC refleje de manera distorsionada el alza de la luz, y responsabilizó de la tardanza a las eléctricas. El Instituto Nacional de Estadística (INE) prepara un cambio total de cómo mide la evolución de los precios de la luz para calcular la inflación, con el objetivo de ajustar mejor sus datos al consumo real de los hogares españoles.

El INE lleva años midiendo el precio de la luz solo con la evolución de la tarifa regulada, que ahora representa sólo un 40% de los pequeños usuarios y que es la que mayores subidas ha reflejado en los últimos meses por depender de la cotización del mercado mayorista de la electricidad, que ha estado marcando máximos históricos. Y el cambio que se prepara es para incluir también en el cálculo de la inflación también el precio de las tarifas eléctricas del mercado libre.

La intención inicial era tener lista la reforma en la medición de los precios eléctricos el pasado enero, pero el plan quedó aplazado por no conseguir que las eléctricas le enviaran los datos precisos que necesitaba para calcular el índice de precios al consumo (IPC). "Llevamos meses tratando de tener esos datos detallados. Necesitamos esos datos para adaptar el cálculo del IPC y que realmente refleje el precio de la electricidad. Hay una empresa eléctrica que no ha dado los datos aún”, se quejó Calviño, sin desvelar el nombre de la compañía que no ha facilitado la información detallada que requiere el INE.

El instituto estadístico ha mantenido reuniones para ajustar el envío detallado de datos solo con Iberdrola, Endesa y Naturgy, que representan cerca del 80% de los clientes del mercado eléctrico español. "Estamos trabajando estrechamente con el INE para utilizar todos los instrumentos legales a nuestra disposición para dar una respuesta a la situación tan extraordinaria que estamos viviendo", avisó Calviño.