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Diario de Mallorca

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Medio ambiente

El recorte del Tajo-Segura elevará en 20 millones de euros al año el coste del agua para uso urbano e industrial

La Confederación del Segura pide al Gobierno que no aumente el caudal ecológico del río para no bloquear el futuro socioeconómico de Alicante y Murcia

El recorte del trasvase afecta, además del campo, a todos los sectores productivos de la provincia, como el turismo.

Un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura, aprobado en el consejo general dio validez al proyecto del plan de cuenca 2022-2027, advierte al propio Ministerio para la Transición Ecológica de que el aumento en dos metros cúbicos por segundo del caudal ecológico en el Tajo traerá unas consecuencias desastrosas para el futuro socioeconómico de Alicante y Murcia, ya que los 105 hm³ cúbicos que dejarán de llegar del río por el trasvase no podrán ser sustituidos por agua desalada al no haber suficiente capacidad para producir agua dulce, incluso una vez realizadas las oportunas ampliaciones. El estudio, ya en poder del director general del Agua, Teodoro Estrela, cobra mayor valor al tratarse de un organismo que forma parte del propio Ministerio.

Los técnicos aconsejan que todo siga igual, que no se toque el caudal actual y elevan a 8.000 empleos la pérdida de puestos de trabajo directos, además de alertar de que el recorte no solo afectará al regadío, sino que perjudicará al abastecimiento urbano e industrial, que absorberá todo el agua de las desaladoras pero con un sobrecoste de unos 20 millones de euros al año, que deberá ser asumido por los ciudadanos, un millón de personas en la provincia de Alicante. Este fue el argumento que ha llevado a regantes y Consell a votar a favor del proyecto del plan, ya que consideran que obliga a al Gobierno a mover ficha y reconsiderar su postura antes de aprobar el plan del Tajo. Las desaladoras aseguran el suministro urbano que por ley prima sobre el agrícola pero el coste que se deberá asumir resulta también desorbitado.

La Mancomunidad de Canales del Taibilla compra el agua del trasvase a 0,18 euros el metro cúbico y la desalada está ya a 1,2 euros el metro cúbico, por lo que el desfase es abismal. Treinta y cinco municipios y sus industrias de la provincia, entre ellos Alicante, Elche, Santa Pola y todos de la Vega Baja se verán afectados por el incremento de los precios si deja de llegar agua del Tajo.

A tres semanas de la tractorada a que están llamados 40.000 agricultores de la provincia, las consecuencias que puede tener el recorte del trasvase Tajo-Segura van ya más allá del sector primario. No solo corre peligro el abastecimiento de agua para el campo, sino que el consumo de agua desalada en el el día a día de los hogares y empresas de la provincia disparará los costes en una economía ya golpeada por la crisis energética. Casi tres años después de conocerse oficialmente la intenciones de Gobierno han surgido voces discrepantes en el propio Ministerio para la Transición Ecológica, como lo demuestra el informe de la Confederación del Segura, realizado bajo la supervisión de su presidente Mario Urrea. Documento en el que alerta de la situación y que cuenta con el apoyo de Ximo Puig, jefe del Consell, hasta ahora tibio en sus manifestaciones en defensa del trasvase.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ya venía advirtiendo desde hace meses que el recorte de las aportaciones del trasvase traerá consigo graves consecuencias socioeconómicas y medioambientales Alicante y Murcia. Para los regantes, la merma de caudales tendrá repercusión, no solo para el sector agroalimentario del Levante, sino también "para los ciudadanos", que sufrirán de forma directa algunas de las consecuencias del recorte, debido "al incremento injustificado" de los caudales ecológicos del Alto Tajo, según el Sindicato.

La propuesta ministerial supone, en el escenario menos lesivo, una disminución de 105 hm3 anuales, de los que al abastecimiento corresponden 27 hm3 y 78 hm3 a los riegos del trasvase, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Segura en la pasada reunión del Consejo del Agua. En este sentido, Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central, subraya que "el trasvase no debe tocarse porque no solo afectará al campo, sino por extensión a todos los ciudadanos del Levante".

"Esto dejará las zonas regables, declaradas de interés general del Estado y dimensionadas para recibir 400 hm3 al año, con solo 119 hm3 a final del actual ciclo de planificación", denuncian desde el Scrats. Datos que, según Lucas Jiménez, "se apoya en el Plan Hidrológico del Segura 2022-27", que la semana pasada recibió el informe favorable del Consejo de Agua de la CHS.

Según advierte la CHS, el recorte del trasvase acabará con más de 8.000 empleos directos y miles de empleos indirectos, así como supondrá la destrucción de 12.000 hectáreas de campos de cultivo en Murcia, Alicante y Almería. En resumen, el Plan de Cuenca del Segura elaborado por la CHS estima que la pérdida del valor de producción rondará los 122 millones de euros anuales.

El impacto que sufrirá el regadío tendrá consecuencias directas sobre sectores cuyo trabajo queda estrechamente ligado al sector agrícola (fitosanitarios, logística, packaging, abonos o combustible), con la correspondiente caída del consumo de las familias involucradas en ellos.

De este modo, Jiménez vaticina que "será como la caída de las fichas del dominó y nos podrá pasar a cualquiera de nosotros: a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos", que ha señalado que el plan fija en "8.060 los empleos totales" afectados (directos, indirectos e inducidos).

Los agricultores no son los únicos perjudicados por el recorte del trasvase. TONY SEVILLA

Por otro lado, el incremento del uso del agua desalada propuesto en el Plan de Cuenca implica una subida en el precio de la factura de agua de los hogares de Murcia, Alicante y Almería. En este sentido, el presidente del Scrats señala que "además, el plan de cuenca deja claro que el agua desalada no soluciona nuestro déficit de hídrico debido a sus elevados costes", que ha resaltado que un uso mayor de agua desalada "aumentará aún más el precio que se paga por el agua en los hogares".

Esta situación supondrá asimismo "un gran daño medioambiental", ya que los cultivos del Levante funcionan como los principales sumideros de CO2 del entorno ya que "son una de las herramientas básicas para combatir el cambio climático en la zona", destacan los regantes.

Júcar-Vinalopó

Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha dado el visto bueno a su plan de cuenca que deja nuevas incógnitas para el futuro del trasvase Júcar-Vinalopó al primar el mantenimiento de la Albufera de Valencia al establecer un aporte procedente de la modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar, del sistema Turia y del sistema Júcar. Asimismo, se incluyen diferentes medidas para mejorar la calidad del agua que recibe el lago. Hasta ahora, el ahorro de agua en la modernización de los regadíos valencianos se destinaba al trasvase.

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