Día de cumbres de alto nivel entre el Gobierno y los grandes grupos energéticos para atajar la crisis de precios. El presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, reunieron en Moncloa este martes primero, por la mañana, a la plana mayor de las grandes eléctricas. Por la tarde la propia Ribera y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convocaron a los máximos ejecutivos de las grandes petroleras y de las asociaciones del sector de los combustibles.
Con los combustibles marcando máximos históricos y en mitad de los paros sector del transporte de mercancías, la vicepresidenta Ribera y la ministra María Jesús Montero convocaron al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz -que hacía doblete tras el encuentro en Moncloa con el presidente Sánchez de la mañana-; el consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar; el presidente de BP España, Andrés Guevara; el presidente de la patronal de las petroleras AOP, Juan Antonio Carrillo de Albornoz; y el presidente de la asociación de operadores independientes UPI, José María Gordo.
El Gobierno informó de manera genérica a los directivos de la evolución de las negociaciones que se mantienen en el plano europeo y transmitió su preocupación por la evolución del precio los productos petrolíferos y su impacto sobre los consumidores, en particular sobre el sector del transporte profesional.
Pero el Ejecutivo no concretó las medidas que prepara para contener el precio de los combustibles y, en todo caso, pidió a las compañías propuestas para conseguirlo. La sensación que dejó el encuentro a las petroleras es que fue sólo una toma de contacto que sirvió apenas para que el Gobierno les pidiera arrimar el hombro de manera poco concreta.
El pasado lunes, Gobierno prometió al sector del transporte un plan de bonificaciones por cerca de 500 millones de euros para mitigar el impacto del alza del precio del combustible -en máximo históricos desde hace varios meses- en un intento de momento infructuoso de calmar los ánimos y frenar los paros patronales ante la amenaza de problemas de desabastecimiento.
El objetivo del Gobierno -que no concretó a las petroleras cómo ejecutar el plan en la reunión- es una rebaja efectiva del precio que pagan los transportistas por el gasóleo profesional, que se financiaría con aportaciones tanto de los presupuestos generales del estado como de las petroleras, tanto las que están en el negocio de la distribución del carburante como las comercializadoras de combustibles (esto es, las gasolineras).
Sorpresa de las petroleras
El anuncio pilló sorpresa a las petroleras, generando un malestar cierto en el sector por no conocer de antemano que el Gobierno preparaba unas bonificaciones que les supondrían un golpe en sus cuentas y de las que se enteraron por la prensa. “No sabíamos nada de este plan. Nada de nada”, se quejaban fuentes del sector de las petroleras antes del encuentro. Y después de la reunión, fuentes de las compañías insisten en que siguen sin saber cómo se ejecutará.
Desde varias de las mayores compañías de la distribución de combustibles subrayan que no cuentan con ninguna propuesta oficial por parte del Gobierno y que toda la información de que disponen es la que se ha hecho pública, sin detalles ni concreciones de cómo se repartiría el coste de esos 500 millones de bonificaciones entre el erario público y las propios grupos.
"Si el Gobierno quiere intervenir los precios del gasóleo lo tendrá que decir claramente", avisan desde una de las grandes petroleras con presencia en el país. Los grupos energéticos advierten de que intentar ajustar más los márgenes de las gasolineras en las ventas a los profesionales del transporte es misión casi imposible, ya que todas las compañías negocian grandes descuentos con los transportistas para fidelizarlos. "El margen de la venta de diésel a los transportistas es muy bajo, intentar reducirlo aún más es muy complicado".
El Gobierno, en principio, no pretende concretar su plan para paliar los estragos de la subida del diésel en los transportistas hasta el próximo viernes, cuando se reunirá de nuevo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC). “La cuantía específica de la bonificación únicamente podrá concretarse tras la reunión del Consejo Europeo de los próximos 24 y 25 de marzo, para asegurar que el conjunto de medidas del Plan [del Gobierno por la crisis energética] responda de manera coherente a los objetivos planteados”, apuntó el Ministerio de Transportes.
El Gobierno ha descartado aplicar rebajas fiscales a los combustibles para bajar el precio, alegando que el transporte profesional cuenta con la fiscalidad mínima que permite la normativa europea y que los transportistas ya se pueden deducir el importe del IVA del carburante. El Gobierno se ha comprometido también a adelantar la aprobación de otra reclamación histórica del sector, como es la devolución mensual del combustible profesional, en lugar de trimestral como se produce actualmente.
